Bienvenidos(as) a nuestro Boletín trimestral de Responsabilidad Legal Empresarial que destaca un tema específico cada trimestre, así como los principales avances en el tema de responsabilidad legal empresarial. El nodo de  Responsabilidad Legal Empresarial en nuestro sitio web ofrece información objetiva y concisa sobre demandas contra empresas en las que se aleguen abusos de derechos humanos.

Destacado del trimestre: Demandas de empresas buscan silenciar a quienes promueven la rendición de cuentas…Imagine que usted es un(a) abogado(a), que presenta su trabajo…en una universidad, y que poco tiempo después, recibe una notificación informándole que está siendo demandado por difamación. Esto es exactamente lo que le ha pasado al Centro para los Derechos Ambientales (Centre for Environmental Rights, CER), en Sudáfrica. En una presentación en la Universidad de Ciudad del Cabo llevada a cabo en enero de 2017, dos abogados del CER…plantearon que la propuesta de Mineral Sand Resources (MSR)…era “medioambientalmente destructiva”. En mayo, les informaron  que MSR…los demandaba por difamación, junto a una activista de la comunidad local…El CER afirmó que esta demanda era un caso de Litigio Estratégico Contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) – “Este es un mensaje a los empresarios que piensan que pueden utilizar demandas y otras tácticas de intimidación para silenciar las voces de los activistas… Les daremos la pelea, continuaremos investigando irregularidades empresariales, y obtendremos apoyo de nuestros socios – pero, sobre todo, no nos silenciarán”. Los SLAPP son a menudo presentados por las empresas para intimidar y silenciar a aquellas personas que tratan de participar en asuntos de interés público (comunidades locales, sindicalistas, periodistas, ONG, abogados/as, veedores/as), envolviéndolos en procedimientos litigiosos costosos, hasta que abandonen sus críticas u oposición. En la mayoría de casos tienen pocas posibilidades de éxito en base a sus fundamentos jurídicos. Sin embargo, incluso requerir a las víctimas de abusos de derechos humanos, ONG, periodistas y otras personas para que se defiendan de estas demandas, puede poner en peligro el espacio civil e impedir que las víctimas tengan acceso a la justicia...