“Fallo de la Corte Suprema de Justicia” – 2 de agosto de 2018

En la década de los años 90, el Fondo Ganadero de Córdoba terminó aliado con el proyecto de expansión paramilitar que lideraron los hermanos Vicente, Fidel y Carlos Castaño Gil en la región de Tulapas, zona del Urabá antioqueño. Aunque los jefes de las autodefensas impulsaron el proyecto desde el argumento de que eran protectores de los campesinos, en la práctica lo que pusieron en marcha fue una estrategia para usurpar tierras en una región de su dominio. Hoy, 23 años después, con la ratificación de la condena a 16 años de prisión para uno de los directivos del aludido fondo, el tema sigue vigente en la justicia colombiana.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reiteró que la adquisición de 105 predios por parte del Fondo Ganadero de Córdoba, en su mayoría negociados entre los años 1998 y 2000, aunque también hay registros de mayo de 2011, se hizo de manera irregular. “Cada vez que el Fondo compró terrenos a sus dueños se configuró el delito de lavado de activos, pues en ese momento no sólo los adquirieron, sino que legalizaron su fraudulento origen”, recalcó la Corte, que se negó a rebajarle la pena a Benito Molina, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos ocurridos y las consecuencias reales de su comportamiento.