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Artikel

16 Nov 2022

Autor:
Human Rights Watch

Global: ONG señala que las certificaciones y las auditorías sociales no impiden los abusos de derechos humanos en las cadenas de suministro

Las auditorías sociales no resuelven los abusos laborales en las cadenas de suministro minoristas – 15 de noviembre de 2022

… Las auditorias sociales y las certificaciones de proveedores no son suficientes para impedir y remediar abusos de los derechos laborales en las cadenas de suministro globales, señaló Human Rights Watch en un informe que se presentó en el día de hoy… En el informe de 28 páginas, titulado "La obsesión por las herramientas de auditoría, olvidan el objetivo: Por qué las auditorías sociales no pueden solucionar el problema de los abusos de los derechos laborales en las cadenas de suministro globales”, se ponen de relieve los problemas relacionados con las auditorías y certificaciones para proveedores, incluido en el sector de la indumentaria, y se pone el foco en los abusos de derechos laborales. Los responsables de políticas en la Unión Europea y en otros lugares que estén analizando la posibilidad de adoptar leyes que regulen la forma en que las empresas respetan los derechos y los estándares ambientales en sus propias operaciones y en las cadenas de valor globales, no deben considerar que esas auditorías o certificaciones son prueba de cumplimiento… “Los responsables de políticas y las empresas no deben confundir las auditorías sociales y las certificaciones de proveedores con las pruebas que se realizan para procesos de diligencia debida ambientales y de derechos humanos”, explicó Aruna Kashyap, directora asociada de la división de Justicia y Derechos Económicos de Human Rights Watch. “Las empresas deben estar al tanto de los problemas que existen con respecto a las auditorías sociales y las certificaciones, y tomar decisiones inteligentes sobre cómo invertir recursos para un proceso de diligencia debida de derechos humanos”… “Las empresas no deberían utilizar las auditorías sociales y las certificaciones como criterio para demostrar que cumplen con los estándares de derechos humanos en sus propias operaciones o en las cadenas de suministro globales”