Publicado originalmente en The Guardian.

Durante el último año, he estado hablando con abogados y abogadas que trabajan a nivel comunitario en todo el mundo para comprender sus experiencias en la protección de personas vulnerables al abuso de las empresas.

Parte de esta labor ha sido la construcción de un directorio de abogados para el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, cuyo propósito es ayudar a las víctimas de estos abusos en todo el mundo a obtener asistencia legal.

Desde la República Democrática del Congo (RDC), pasando por Brasil, Indonesia y Tailandia hasta llegar a Rusia, hemos escuchado historias desgarradoras de víctimas a las que se les ha negado justicia, ya que hasta sus propios abogados o abogadas se convierten en objeto de abusos. Sin embargo, también hemos conocido historias de incansable determinación y poderosa colaboración de estas personas.

Por lo general, relacionamos la responsabilidad legal empresarial con acuerdos extrajudiciales de alto perfil en tribunales del Reino Unido o de los Estados Unidos, como por ejemplo, el acuerdo por USD$ 83 millones que firmó Shell a principios de este año por su papel en el derrame de petróleo en Nigeria. Sin embargo, existen abogados en terreno dedicados en todo el mundo a ayudar a las personas afectadas a desafiar los abusos de las empresas y así obtener justicia. Su trabajo es crucial, pero a veces no lo suficientemente divulgado.

Estos abogados utilizan las herramientas que tienen a su alcance para hacer que las empresas rindan cuentas por sus abusos a los derechos humanos. Entre estas herramientas se incluye la legislación local – de responsabilidad civil, derecho administrativo y penal- así como convenciones internacionales y regionales. A menudo, estas herramientas legales no se ajustan al propósito buscado, permitiéndoles a las empresas actuar con impunidad. En respuesta a esto, los abogados y abogadas utilizan las leyes existentes de manera ingeniosa y ponen en cuestión así a injustas legislaciones para forjar un camino para conseguir justicia.

Los mecanismos no judiciales brindan algunas oportunidades para entablar demandas en las empresas, pero como dice Emmanuel Umpula Nkumba, director ejecutivo de AfreWatch (República Democrática del Congo), estas vías generan una recomendación “que es bastante débil, en términos de obtener un resultado satisfactorio para las víctimas”.

Los enfoques estratégicos y creativos que estas abogadas y abogados abordan en sus demandas dan cuenta de que, muchas veces, actúan más que como simples abogados – también son personas activistas, defensoras, mediadoras, luchadoras y líderes comunitarias. Pero incluso llegar al punto en el que se le pregunte a un abogado o abogada si toma o no un caso también representa un reto.

Varios abogados hacen énfasis en que la gente por lo general no se da cuenta de los derechos que tiene, de la legislación relevante y de la forma de utilizar dichas herramientas, lo que les impide entablar una demanda en un esfuerzo por hacer valer sus derechos. Incluso, cuando son conscientes de sus derechos, el costo financiero y la duración del proceso de entablar un procedimiento legal desalienta a muchos en su búsqueda de justicia.

En la mayoría de los casos, los demandantes no cuentan con los recursos financieros para pagar un abogado o abogada, y no existe asesoría jurídica en casos de responsabilidad empresarial. Los abogados, por lo tanto, están expuestos a no recibir remuneración alguna por su dura y peligrosa labor. Por lo general, es gracias a la financiación externa que pueden ayudar a los demandados en su búsqueda de justicia contra las empresas, aunque dicho apoyo muy rara vez cubre todas sus necesidades.

 “Sólo contamos con cuatro abogados que trabajan para nosotros y a menudo necesitamos pedirles ayuda a otros, pero no podemos pagarles”, dice Sor Rattanamanee Polkla del Centro de Información Comunitaria, en Tailandia.

Cuando un caso llega a los tribunales, por lo general el proceso se ve entorpecido por sistemas judiciales disfuncionales en los que quienes se desempeñan como jueces no tienen la experiencia suficiente para manejar casos de empresas y derechos humanos. De seguido, a estos problemas simplemente no se les da prioridad entre la plétora de casos que se presentan en los tribunales.

Sin independencia judicial, las víctimas de abuso en que las empresas se ven involucradas no podrán obtener justicia nunca, en especial en proyectos de infraestructura o extractivos en donde las empresas reciben grandes concesiones de parte del gobierno.

“Las autoridades nacionales tienen acciones en las empresas o juegan un papel protector de las mismas, a cambio de los intereses personales que tienen en ellas … Hablando generalmente sobre África, a aquellos que ostentan el poder no les interesa nada que tenga que ver con las personas del común. Los intereses económicos prevalecen sobre cualquier otros” dice Nkumba.

Luego del golpe de Estado del año pasado en Tailandia, Polkla se convirtió en objetivo militar. A sus reuniones comunitarias asistían los militares y le decían que debía obtener permiso oficial para llevarlas a cabo. “Los militares parecían más interesados en proteger los proyectos de desarrollo que a la gente tailandesa misma,” declara.

Así como otros muchos defensores de derechos humanos, estos abogados y abogadas están expuestos a un acoso legal cada vez más creciente, incluyendo demandas por difamación y calumnia entabladas por las empresas. Febi Yonesta, defensor de derechos humanos de LBH Jakarta (Indonesia), las describe como “un arma utilizada por cualquiera que desee silenciarnos”.

Igualmente, los riesgos no solamente llegan a través de vías legales. “No faltan las amenazas– intimidación, ataques a la integridad física, arrestos. Más de una vez me han amenazado”, dice Nkumba.

Entonces ¿qué tipos de cambios piden estas personas? A nivel nacional, se precisan reformas para permitir que se presenten demandas colectivas y que a las ONG se les deje participar en los procesos legales. También argumentan que al crear la responsabilidad penal para las empresas abriría aún más las puertas a la participación, así como nuevas rutas para acceder a la justicia.

La comunidad internacional debe también compartir información sobre los abusos que cometan las empresas a nivel global. Polkla aseguró que los inversores extranjeros pueden ayudar a presionar a las empresas para que dialoguen con los abogados y las comunidades respecto a las acusaciones de abusos. Los bloques regionales como la Unión Africana y la Unión Europea también pueden jugar un papel más activo apoyando y protegiendo a los abogados y abogadas que trabajan en temas de rendición de cuentas por las empresas. Yonesta dice que la comunidad internacional puede colaborarles a los abogados como él, brindándoles apoyo económico para asegurar continuidad en la incidencia y la construcción de capacidades en lo legal.

Estos abogados desean que las empresas comprendan que el lucro no tiene por qué hacerse a expensas de los derechos humanos, un argumento que debería incorporarse transversalmente en sus actividades empresariales. Cuando surgen tensiones con las comunidades o los trabajadores, es vital que las empresas estén abiertas a dialogar con ellos/ellas y sus representantes legales, lo cual puede ayudar a prevenir varias demandas legales.

La colaboración sigue siendo esencial – tanto con las comunidades como con los individuos que representan, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos y los abogados mismos – para presionar por que se asuma la responsabilidad y para que se exploren nuevos caminos hacia la justicia, pero también para protegerse de riesgos mayores a los que se enfrentan cuando asumen este trabajo. La unión hace la fuerza. Y como dice Foromo Frédéric Loua, abogado de derechos humanos en Guinea: “Tengo la esperanza de que otros abogados se unan a mí en lo que yo considero una noble lucha.”