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27 Apr 2022

Primera Conferencia de las Partes (COP 1) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)

CEPAL

La primera Conferencia de las Partes (COP 1) del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe - Acuerdo de Escazú - tuvo lugar del 20 al 22 de abril.

El evento fue organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, Chile, y buscó definir las reglas, la financiación necesaria para operar y la creación de un comité de apoyo para la implementación del Acuerdo después de un año vigente.

Aunque el tratado haya sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe el 4 de marzo de 2018, solo 12 de los firmantes pudieron ejercer su derecho a voto durante la COP 1, ya que fueron los únicos que lo ratificaron.

Los principales temas tratados durante la reunión fueron:

  • el estado de los avances en la aplicación del Acuerdo;
  • los próximos pasos para su puesta en marcha;
  • reglamento de la COP (incluyendo una participación pública significativa)
  • disposiciones financieras necesarias para el funcionamiento y la aplicación del tratado;
  • normas de composición y funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento;
  • estrategias para la aplicación efectiva del Acuerdo y la continuación de la cooperación en la región.

La Declaración redactada durante la Conferencia de las Partes reafirma la "importancia de la cooperación y el multilateralismo para avanzar y profundizar los esfuerzos como región para lograr el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente". El documento también "insta a todos los países signatarios del Acuerdo de Escazú que aún no lo han ratificado a que lo hagan cuanto antes, y a los que no son ni signatarios ni partes a que se adhieran cuanto antes".

Los participantes también renovaron su compromiso de proteger y defender a las personas defensoras del medio ambiente, reconociendo la importancia de los ambientalistas para el fortalecimiento de la democracia, el derecho de acceso a la información y el desarrollo sostenible.

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