COVID-19: tiempo para que los gobiernos, las marcas y los empleadores protejan la cadena de suministro y a las personas trabajadoras precarias de las dificultades y el contagio

Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional (CSI)/ Phil Bloomer, Director Ejecutivo del Centro de Información sobre Empresas & Derechos Humanos (CIEDH)

Deben darse pasos para proteger a las personas trabajadoras y las empresas, escriben Sharan Burrow y Phil Bloomer.

A medida que se revelan los impactos económicos y de derechos humanos del brote de COVID-19, nuevamente se ve a la cadena de suministro y a las personas trabajadoras de primera línea, junto con aquellos en trabajos precarios e informales, soportar los peores impactos de una crisis. La CSI y el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos están recibiendo informes y preocupaciones sobre despidos masivos sin protección social; poco o ningún subsidio por autoaislamiento; y personas trabajadoras de servicios que no reciben las mismas medidas de protección que los clientes.

Las personas trabajadoras en Asia informan del aumento de los despidos masivos por el cierre de fábricas y la desaceleración, a medida que la epidemia empeora. Hay denuncias de fábricas que utilizan los cierres de COVID-19 para esquivar los conflictos sindicales, así como que las personas trabajadoras de la salud queden vulnerables a la infección por la falta de precaución por parte de sus empleadores.

Las empresas también se enfrentan a una contracción, y la UNCTAD informa que las 5000 principales empresas transnacionales bajan en promedio sus ganancias de 2020 en un nueve por ciento. Las compañías automotrices y las aerolíneas estiman una contracción de más del 40%, y las industrias de energía y materias primas del 13%.

La evidencia inicial apunta a un grupo de compañías líderes que actúan rápidamente para proteger a sus empleadas y empleados al ofrecer opciones de trabajo flexibles, y algunos se comprometen a pagar a las personas trabajadoras por hora y las personas subcontratadas sus salarios regulares a pesar de una demanda menor de servicios. Del mismo modo, los principales gobiernos están adoptando medidas tempranas para mitigar las dificultades que enfrentan las personas trabajadoras enfermas o despedidas y sus familias, medidas que también pueden reducir las tasas de transmisión de enfermedades. Pero todavía no estamos viendo consideraciones similares que se ofrecen en las cadenas de suministro inferiores donde muchos millones de personas trabajadoras, predominantemente mujeres, se ganan la vida y que serán quizás las principales cuidadoras de las y los enfermos en sus familias y comunidades.

Por ejemplo, la Confederación Laboral de Camboya informó la semana pasada que 33 fábricas ya habían detenido temporalmente la producción y suspendieron los contratos de más de 17,000 personas trabajadoras. Si la escasez de materia prima empeora, cientos de fábricas más podrían cerrar a finales de marzo y afectar a miles de personas trabajadoras. Esto se ve exacerbado por la reducción en los pedidos de los compradores, debido a que el virus se ha extendido a los principales mercados de exportación en Europa y Estados Unidos.

En respuesta a los cierres, el Gobierno de Camboya ha anunciado que las fábricas recibirán exenciones fiscales si pueden demostrar que su negocio ha sido afectado por el brote de COVID-19 (o el retiro de la preferencia comercial surgida de la iniciativa EBA de la UE), y que las personas trabajadoras suspendidas recibirán 60% de su salario, con un 20% proveniente del gobierno. Esta es una acción bienvenida. Pero como la mayoría de las personas trabajadoras dependen de las horas extras para acercarse incluso a un salario que les permita sobrevivir, un recorte salarial del 40% empeorará su privación. Peor aún, existe un riesgo considerable de que las fábricas no suspendan la producción, sino que simplemente cierren para evitar cualquier pago de salarios reducidos.

En línea con los gobiernos que extienden el apoyo a las empresas, la CSI pide a los gobiernos e instituciones internacionales que consideren paquetes de estímulo vital que retomen las lecciones de la crisis financiera de 2008/2009 y diseñen ingresos de apoyo que las familias trabajadoras necesitan y que benefician a las empresas, en lugar de limitarse a rescates bancarios y de instituciones financieras. Estos serían movimientos hacia el rediseño de economías más sostenibles y equitativas.

Mientras las marcas más responsables que provienen de países como Camboya pueden estar tomando medidas para proteger a las personas trabajadoras de la cadena de suministro, aunque hasta ahora muy poco se ha dicho públicamente. Para las marcas menos escrupulosas, las cadenas de suministro están diseñadas para garantizar que las empresas puedan reducir y operar, pasando los costos a las personas trabajadores y fabricantes.

Este patrón está atravesando Asia, con denuncias de grandes cantidades de fábricas que amenazan con cerrar en Filipinas, Myanmar (20 en Rangún a partir de la semana pasada), Bangladesh y Sri Lanka (50 fábricas o más amenazadas con cierre temporal a partir de la semana pasada). En estos países, tanto los gobiernos como las marcas se muestran inquietantemente callados sobre las medidas que deben tomarse para proteger a los trabajadores de la epidemia y del recrudecimiento de la pobreza.

Los centros de trabajo están en la primera línea de la batalla contra la propagación del COVID-19. La CSI llama a medidas urgentes para garantizar que las personas trabajadoras que muestren síntomas puedan recibir atención médica gratuita y tomar una licencia por enfermedad sin temor a perder su empleos o ingresos. Del mismo modo, las empresas tendrían que garantizar un deber de cuidado para todos sus trabajadoras y trabajadores, incluidos las personas trabajadoras migrantes. En Vietnam, alrededor de 5.000 personas rabajadoras de una empresa fabricante de animales de peluche organizaron una huelga durante tres días por la preocupación de que varios de sus compañeras y compañeros de trabajo de origen chino no estuvieran en cuarentena a su regreso del Año Nuevo chino. En Nepal, el gobierno emitió un aviso a las personas trabajadoras migrantes para que no viajen en busca de trabajo en Corea del Sur y Oriente Medio. Treinta y ocho personas trabajadoras nepalíes que viajan a Bahrein a través de Dubai han sido deportados alegando que la OMS ha designado a Nepal como un país vulnerable a un brote de enfermedad.

Las personas trabajadoras de la economía digital (gig economy), generalmente clasificadas erróneamente como "autónomas", también se enfrentan a graves consecuencias, una persona trabajadora del Reino Unido resumió: "Si me enfermo, estoy arruinado ... Las personas trabajadoras de la economía digital no pueden permitirse el lujo de estar enfermas. Mi saldo bancario es poco mayor a cuatro libras en este momento". El peligro radica en la posibilidad de que las personas trabajadoras en estas circunstancias se sientan obligadas a trabajar con el virus, poniendo en peligro su propia salud y la salud de aquellas con quienes entran en contacto.

Pero también hay buenas noticias emergentes. Hubei, la provincia en el centro del brote de COVID-19 en China, resumió la producción normal el miércoles 11 de marzo. Esto da esperanza a las personas trabajadoras de todo el mundo de que con las medidas adecuadas tomadas por los gobiernos y con la plena cooperación de las y los empleadores y las marcas para proteger a sus trabajadoras y trabajadores, esta epidemia puede ser superada, y aunque el sufrimiento de las personas trabajadores y sus familias es sustancial e innecesario, podría ser temporal.