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Artículo

8 Feb 2021

Autor:
Pensamiento y Acción Social y Organizaciones de la Sociedad Civil Colombia

Colombia: Sociedad civil cuestiona que Grupo Prodeco, de Glencore renuncie a sus títulos de minería de carbón sin haber hecho remediación ni transición justa

A.Romero

Comunicado: Prodeco pretende renunciar a títulos mineros en el cesar, incumpliendo acuerdos y afectando derechos y condiciones de vida de comunidades locales y trabajadores” – 8 de febrero de 2021

…Después de casi 30 años de explotar y usufructuar las minas de carbón de Calenturitas y La Jagua y de causar graves afectaciones al territorio, el ambiente y los derechos de las comunidades, la multinacional Glencore, a través de su proyecto Grupo Prodeco en Colombia anuncia la devolución de sus títulos mineros. El país corre el riesgo de que esta empresa se vaya sin haber presentado un plan de cierre de mina, como es obligatorio, y sin resolver las problemáticas sociales y ambientales que generó a lo largo del tiempo, como lo han denunciado las comunidades y organizaciones por años. Además, la empresa pretende afectar los derechos laborales de los trabajadores con su salida, conforme a la petición que ha dirigido al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, vulnera, de manera grave los derechos fundamentales de las comunidades de influencia a la explotación minera, en especial de aquellas que esperaban la realización de un reasentamiento involuntario ordenado por la autoridad ambiental desde 2010…. El grupo empresarial Prodeco, filial de la multinacional suiza Glencore, anunció públicamente el 4 de febrero de 2021 su decisión de solicitar a la Agencia Nacional de Minería (ANM) la devolución de sus títulos mineros a la República de Colombia. Esta determinación empresarial obedece al declive que, en los últimos años, ha tenido el mercado internacional del carbón térmico, especialmente en 2020 con la crisis generada por la pandemia del covid-19; y, de otro lado, responde a las presiones corporativas sobre el Estado colombiano para conseguir decisiones favorables relativas a procesos administrativos y judiciales necesarios para implementar los planes empresariales de desarrollo minero, como, por ejemplo, la ampliación de áreas de desecho de residuos del carbón en el territorio étnico del pueblo Yukpa. Lo anterior, en un contexto de poca o nula legitimidad de la actuación de la empresa y acusaciones de falta de diligencia debida, corrupción, contaminación ambiental, vulneración de derechos humanos y vínculos con el paramilitarismo…

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