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Historia

Perfil de las demandas judiciales contra la empresa Drummond

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En el 2002, los familiares de tres líderes sindicales asesinados en Colombia, y el sindicato al cual pertenecían, Sintramienergética, presentaron una demanda contra Drummond Company, Inc. y contra su empresa subsidiaria Drummond Ltd. (la cual le pertenece 100%), ante un tribunal federal estadounidense. Los demandantes alegan que Drummond contrató a paramilitares colombianos para asesinar y torturar a los tres líderes sindicales en el 2001. Sintramienergética representa a trabajadores de las operaciones extractivas de carbón de la compañía Drummond en Colombia.

El caso fue presentado bajo los términos de las leyes federales estadounidenses Alien Tort Claims Act (ATCA), ley de protección a víctimas de tortura (US Torture Victim Protection Act), y leyes del Estado de Alabama. La empresa Drummond solicitó la desestimación de la demanda, y el tribunal federal accedió en el 2003 a esta solicitud pero sólo en respecto a las alegaciones bajo la ley estatal y una de las alegaciones bajo el ATCA. El tribunal rechazó desestimar las alegaciones bajo el ATCA por asesinatos extrajudiciales y por negación del derecho de asociación y a la organización laboral. En marzo del 2007 el tribunal decidió que el caso en contra de Drummond Ltd. (la empresa subsidiaria) podía proceder a juicio, pero rechazó el caso en contra de Drummond Company (la empresa matriz). En junio del 2007 el juez de un tribunal de distrito, aunque rechazó los cargos por muerte por negligencia de un tercero, permitió que los cargos de crímenes de guerra bajo el ATCA (por las ejecuciones sumarias) procedieran. El juicio tuvo lugar en julio del 2007. El jurado absolvió a Drummond, decidiendo que la empresa no tuvo responsabilidad en las muertes de los tres líderes sindicales asesinados. El 11 de diciembre del 2007 los demandantes apelaron el veredicto de la corte menor ante el tribunal de apelación del decimoprimer circuito. El 25 de marzo de 2015, el tribunal rechazó la demanda contra Drummond por haberse producido los daños fuera de EEUU.

En marzo del 2009 los hijos de los tres líderes sindicales asesinados presentaron una nueva demanda ante un tribunal federal estadounidense en contra de Drummond, alegando la complicidad de la empresa en los asesinatos. Adicionalmente, otra demanda más fue presentada ante un tribunal federal estadunidense en mayo del 2009 contra Drummond por los presuntos pagos de la empresa al grupo paramilitar AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) con el fin de que mataran a líderes sindicales. La empresa ha negado estas alegaciones. Mientras que una corte de primera instancia desestimó la demanda presentada por los hijos de los líderes sindicales, el 3 de febrero del 2011 el tribunal federal de apelaciones revocó esta decisión y remitió el caso nuevamente a la corte inferior. El tribunal de apelación concluyó que los hijos si tenían locus standi para presentar una demanda contra Drummond y dejo en su lugar las alegaciones de los hijos bajo los términos del ATCA y de la ley de protección a víctimas de tortura para seguir los procedimientos legales en el juicio en la corte de primera instancia. El 25 de Julio de 2013 el tribunal federal de distrito rechazó el caso. El juez citó la decisión de la corte suprema estadounidense en Kiobel vs. Shell argumentando la falta de competencia para examinar el caso de Drummond.

En febrero de 2013 un ex contratista de Drummond fue sentenciado por un tribunal colombiano a 38 años de cárcel por organizar en 2001 el asesinato de dos líderes sindicales. El juez ordenó a los fiscales investigar al presidente de Drummond y a varios ex trabajadores a fin de determinar si habían colaborado en dichas muertes. Consecuentemente, en mayo de 2015, un antiguo directivo fue acusado del asesinato de dos sindicalistas, después de que dos paramilitares reclamasen haber tomado parte en los asesinatos ordenados por la compañía. Este caso se decidirá ahora ante tribunales colombianos.

En octubre de 2018, la Fiscalía General de la Nación de Colombia reabrió la investigación contra ocho antiguos empleados de Drummond por supuestas acusaciones de financiamiento de crímenes de guerra en Colombia, entre 1996 y 2006. La empresa negó haber apoyado a grupos armados ilegales.

- "War crimes lawsuit against Drummond dismissed", Ryan Poe, Birmingham Business Journal, 31 Jul 2013
- "Mining Company Faces Suit Over Union Killings", Kevin Duvall, 4 Feb 2011
- "Suit claims Ala. coal firm funded Colombian terror", Bob Johnson, AP, 28 May 2009
- "Children Sue Ala. Company In Colombian Mine Deaths", Jay Reeves, AP, 20 Mar 2009
- "Alabama Company Is Exonerated in Murders at Colombian Mine", Kyle Whitmore, New York Times, 27 Jul 2007
- “Drummond case shows danger facing Colombian unions”, Hugh Bronstein, Reuters, 16 Nov 2006
- “US firm sued after mine union leaders' deaths”, Andrew Gumbel, Independent [UK], 25 Mar 2002

- Drummond Ltd.: [PDF] Drummond does not negotiate with illegal groups; the Company emphatically rejects all charges against the company and its executives, 21 Mar 2007 [press release]
- Drummond Company: Drummond's Colombian Operations
- International Rights Advocates [plaintiffs’ co-counsel]: Drummond [includes links to certain news items about the case and certain legal documents]

- US District Court for the Northern District of Alabama: [PDF] Balcero Giraldo, et al. v. Drummond Company - Memorandum Opinion Granting Summary Judgment, 25 Jul 2013
- US Court of Appeals for the 11th Circuit: [PDF] Locarno Baloco, et al. v. Drummond Company, Inc., 3 Feb 2011
- [PDF] Romero, et al. v. Drummond, et al. - Appellants' Opening Brief, 11 Dec 2007
- [PDF] Estate of Valmore Lacarno Rodriguez v. Drummond Company - Complaint, 14 Mar 2002
- US Court of Appeals for the 11th Circuit: [PDF] Juan Aquas Romero v. Drummond Company, 14 Mar 2007 [order unsealing certain case documents]
- US District Court for the Northern District of Alabama: [PDF] Estate of Valmore Lacarno Rodriguez v. Drummond Company, 14 Apr 2003 [order dismissing certain claims, declining to dismiss claims for extrajudicial killings and denial of rights to associate & organise]

 

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