“Yo he trabajado desde hace diez años defendiendo nuestro país, el más pequeño de América Latina, contra la minería metálica”, dice VD, una de las mujeres campesinas que, con su activismo, logró que el gobierno de El Salvador decidiera prohibir la minería a tajo abierto, en defensa del derecho al agua y que valió la demanda de la minera canadiense Pacific Rim en contra del país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el órgano de resolución de disputas y arbitraje del Banco Mundial. “Ahora tenemos que seguir con la lucha, porque Pacific Rim le vendió a OceanaGold y esa empresa piensa continuar con la demanda contra nuestro país”, precisa VD.

Por su parte, una indígena maya, E recuerda que la oposición a los megaproyectos en sus territorios ancestrales en Guatemala, les ha valido represión y muerte, como lo muestran los recientes hechos de confrontación entre defensores y opositores de la instalación de una planta de Cementos Progreso en San Juan. “Mi hijo fue detenido y tuve que luchar muy duro para lograr que lo liberaran”, narra en su testimonio.

“Nuestra comunidad perdió sus vestimentas tradicionales, pero conserva el idioma propio, el quechua, afirma R, una indígena del altiplano peruano, quien destaca las formas como las mujeres se han organizado al lado de los varones a nivel local para poder responder a los graves problemas de salud derivados de la contaminación ocasionada por las mineras de oro, plata y otros metales. “Pero lo grave es que las empresas vienen a la comunidad y negocian con los hombres, y a nosotras no nos dejan hablar”.

En un segundo seminario apoyado por el Fondo de Acción Urgente para Mujeres en América Latina, FAU, las participantes pudieron desarrollar una reflexión sobre aquellos factores que hacen que los impactos de las empresas se sientan de manera diferencial y desproporcionada en las mujeres, así como las niñas, niños y otras personas de las comunidades. “Es difícil decir que las mujeres son las más afectadas, porque ello no es así”, precisa una indígena mapuche, que habita el territorio ancestral de lo que hoy en día es el sur de Chile y Argentina. “Nosotros pensamos que los efectos son parejos para todos, no veríamos sentido en separar los impactos”, dijo ella.

“Pero lo que pasa es que hay situaciones en las que las mujeres y las niñas sí sufrimos abusos que no se ven como directamente relacionados con las empresas, pero sí lo son”, complementa F, una abogada mexicana que defiende las semillas nativas de maíz. “¡Claro que sí!, apoya I, su compatriota que desde la recuperación de la medicina tradicional zapoteca, lucha al lado de sus comunidades contra las empresas que operan parques eólicos en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. “Con las empresas, llegan los operarios y se aumentan los casos de abuso sexual contra las niñas, el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, y nosotras somos quienes debemos atender esos impactos, que muchos no ven”, afirma.

Las reflexiones apenas comienzan para muchas de ellas, en un diálogo que reúne a mujeres de organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, ambientalistas, como la Clínica Ambiental del Ecuador, feministas, como el propio FAU, y mujeres de base, organizadas en diferentes escenarios de lucha por la defensa del territorio, en donde se reconoce que el cuerpo de las mujeres se ha ido convirtiendo, también, en escenario de abusos por las empresas de diversa índole, mineras, petroleras, de energía, sojeras, etc.

El debate recién comienza y las discusiones permiten reconocer otros esfuerzos en la región, con discusiones centradas en las metodologías para prevenir, mitigar y remediar los impactos desproporcionados de actividades empresariales en las mujeres, y hasta ahora han emergido tres estrategias posibles:

La promoción e implementación de Evaluaciones de Impacto en Derechos Humanos (EIDH), como el realizado en Bolivia, cuando la entonces ONG Centro de Estudios Aplicados en Derechos Humanos (CEADESC), sobre las exploraciones sísmicas por la empresa Total E&P y su impacto en las comunidades guaraníes, desde una perspectiva de género y derechos humanos (el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos invitó a la empresa a responder, y dicha respuesta se publicó también en nuestro sitio web, en inglés).

El uso de los aportes de las teorías feministas sobre la intersección entre género, clase y etnia es válido; pero más aún, poder ampliar esa mirada desde las experiencias –llenas de coraje, dolor y resiliencia- de las mujeres de comunidades locales en América Latina plantearía nuevos caminos a los “feminismos desde el Abya Yala” (Gargallo, 2013), que puedan incluir las luchas de organizaciones de base, de mujeres, ambientalistas y de derechos humanos.

Adicional a ello, los esfuerzos de numerosas organizaciones de derechos humanos de toda América Latina por llevar casos de justicia económica y ambiental ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, referidos a los nexos entre impactos desproporcionados de las operaciones empresariales y los derechos humanos de comunidades locales, en donde se pueda comenzar a introducir las sugerencias que las mujeres.

Alentadas por el FAU, comienzan a hacerse visibles los casos concretos, experiencias exitosas y documentos que dan cuenta del hecho de que analizar las afectaciones a los derechos a la salud, a la vivienda, a la tierra/territorio, a la consulta previa, libre e informada, a disfrutar de un ambiente sano, desde la óptica de las mujeres y las niñas, desde enfoques más integrales, con seguridad contribuirá a prevenir, sancionar y remediar estas nuevas formas de violencia contra la mujer.