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Argentina: Comunidad indígena Caraparí demanda a Refinor y a Conta por supuestas violaciones a su tierra y a sus derechos

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4 October 2006

[DOC] Comunidad indígena en juicio con empresa multinacional [Argentina]

Autor(a): Natalia Castelnuovo, Lic. en Antropología Social

Frente al despiadado avasallamiento de su cultura, el desconocimiento de su identidad y la violación de su territorio por la irrupción de la Refinería del Norte S.A (REFINOR) y Conta S.R.L (subcontratista), en función de las obras de construcción de una nueva traza del gasoducto –la cual atraviesa los territorios pertenecientes a cinco comunidades indígenas...desde septiembre de 2004 la comunidad indígena [guaraní Caraparí] se alza...reclamando justicia y respeto...La comunidad...es poseedora ancestral de sus tierras...la empresa multinacional (REFINOR) decidió...avanzar en la construcción del gasoducto...[primero, sin poseer] autorización para ingresar a la comunidad con sus camiones, máquinas retroexcavadoras y niveladoras [produciendo] desmonte y destrucción de cercos tradicionales destinados a la subsistencia. El segundo aspecto infringido es aquel que se refiere a los estudios de impacto ambiental, social y cultural como también los relativos a la seguridad geodésica tratándose de una obra de tal magnitud. La insistencia en el cumplimiento de dichos estudios fue y continúa siendo central en el reclamo del pueblo guaraní. Tal demanda se relaciona con la posibilidad de conocer...los efectos que puede ocasionar la construcción del gasoducto en un corto, mediano y largo plazo sobre las prácticas y las formas de vida de los pobladores y...las medidas necesarias para prevenirlos y mitigarlos...[L]uego de un proceso de asambleas permanentes y de resistencia, a través de la toma pacífica del lugar...la comunidad...busc[ó] apoyo jurídico para llevar el caso a la justicia...[A]poyados en [las leyes]...las cuales establecen como requisito...para cualquier emprendimiento privado o público que causa impacto ambiental la realización de dichos estudios–, las normativas y leyes internacionales (El Convenio 169 de la OIT y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas), la Constitución Nacional (Art.75, inciso 17), el Código Civil y la Constitución Provincial (Art.15) que amparan a los pueblos indígenas, las comunidades han hecho suya la lucha...llevando el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación...Cacique de la comunidad: Hilario Vera. Abogado de la comunidad Caraparí: Doctor Matías Duarte. Organización de apoyo a las comunidades indígenas: Asociación Regional de Trabajadores en Desarrollo (ARETEDE).

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Autor(a): Natalia Castelnuovo, Social Anthropologist

[Title translation, and following summary of the article's key points, provided by Business & Human Rights Resource Centre]
Since September 2004 the indigenous Guaraní community of Caraparí has been protesting against the extension by Refinería del Norte S.A (Refinor) and Conta S.R.L (subsidiary) of an existing gas pipe. The gas pipe crosses the territories of five indigenous communities. The Guaraní’s protests arose because of the harm done to their culture, the violation of their land rights and the fact the company ignored the fact they had not consented to the project. The Caraparí community has owned the lands since ancestral times, and furthermore they were granted a Franciscan order in 1994 which handed them the titles to their land as a “donation”. The multinational Refinor decided to advance with the construction of the gas pipe: First, without having authorisation to bring their trucks and heavy machinery into the community, destroying fences, landscape and subsistence crops; Second, without carrying out social, environmental and cultural impact assessment studies, including studies relating to the capacity of the land to sustain such a big infrastructure project. The Guaraní people’s appeal for such studies remains a central point in their complaints. They have the right to know the possible impacts that the gas pipe could have in the short, medium and long term over their land and their livelihoods, as well as to know the ways to mitigate those impacts. This is especially true since nearby regions have suffered gas pipe explosions. After a process of resistance and many assemblies, the community searched for legal advice. They have drawn on the support of national and provincial environmental laws requiring impact assessments, as well as international laws protecting indigenous people’s rights, such as ILO Convention no. 169, the draft American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and article 75 of the Constitution. Now the communities have taken the case a step further, bringing it to the Supreme Court of Justice where they are seeking recognition of their right over their land, their autonomy and their freedom.

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