Blog: En riesgo, los medios de vida de los pueblos indígenas en la lucha por el litio, el nuevo “oro blanco”

Eniko Horvath y Amanda Romero

Indígenas Kolla, Laguna de Guayatayoc (Argentina)

9 de abril de 2019 Eniko Horvath y Amanda Romero Medina, del Centro de Información sobre empresas y derechos humanos investigan la forma como las comunidades de Chile, Bolivia y Argentina están soportando el peso de la demanda de este metal, ávido de agua, en donde solo uno de los principales productores posee una política de derechos humanos.

Durante los últimos 50 años, Raúl y su familia han trabajado en agricultura en Peine, una pequeña comunidad en medio del desierto de Atacama en Chile. “Yo disfruto la agricultura; esta es mi vida”, dice mientras usa el agua de riego para sus cultivos de un pequeño canal.  Raúl muestra orgulloso los tomates, el maíz tierno y las betarragas o remolachas que cultiva para vender en la tienda del lugar.

Pero en esta árida región, donde el agua escasea, el bienestar de Raúl tiene un inusual competidor por el agua: el litio, un mineral clave para la economía mundial, que amenaza con dejar a las comunidades sin las fuentes del vital líquido que requieren para sobrevivir.

El denominado “triángulo del litio”, un área que abarca Argentina, Bolivia y Chile, contiene cerca del 60 por ciento de las reservas mundiales de litio. La demanda de litio, usado para las baterías de carros eléctricos y para almacenar las energías renovables, se prevé que tendrá un incremento de diez veces en la próxima década, llevando a estos tres países (sin contar a Perú), a duplicarse como los líderes mundiales en este “oro blanco”.

Como el segundo más grande productor mundial de litio en 2018, Chile ya lidera el grupo, después de Australia y el gobierno chileno está dando los pasos para convertirse en el número uno.  Argentina tiene la mayor cantidad de reservas de litio del mundo, con dos minas activas en producción y más de 60 proyectos en desarrollo. Las segundas reservas más grandes se hallan en los salares de Uyuni, en Bolivia, en donde el Presidente Evo Morales espera alcanzar sus ambiciosos planes de extraer litio y producir baterías.

Este “boom” del litio ya tiene impactos en una docena de comunidades principalmente indígenas, como la de Raúl. Al otro lado de la frontera, Martina y Juan, de San José de Miraflores están preocupados por el modo en que la extracción de litio en los salares de Salinas Grandes y laguna de Guayatayoc afectará sus vidas. “Tengo 200 llamas”, dice Juan, “no tantas en comparación con otros, [pero] al vender productos derivados de las llamas conseguimos para vivir”.

Martina dice que las 24 familias de su comunidad venden carne, textiles y artesanías de lana de las llamas, pero teme que la extracción de litio destruya el agua que sus animales necesitan para sobrevivir. “El agua es vida”, dice. En otras comunidades, los pueblos indígenas viven de la extracción artesanal de sal y de producir alimentos tales como alverjas y papas, todos los cuales requieren agua.

“No estamos contra el litio. Sólo queremos que nos escuchen”.

El agua es una parte esencial de la extracción de litio en el triángulo, permitiendo que se alimente a través de un proceso que es mucho más barato que la minería de roca. El litio está contenido en salmueras bajo los salares en los tres países. Esta salmuera se extrae con bombas y se dirige a grandes piscinas, en donde el agua se evapora, dejando una mezcla de litio y otros minerales. Luego, son separados usando un proceso químico y posteriormente es sacado y usado para hacer baterías, entre otros usos.

El impacto ya se siente.  En el desierto de Atacama en Chile, en donde la extracción del litio ha estado presente por más tiempo, las comunidades están sufriendo la falta de agua, lo cual afecta sus vidas cotidianas y su agricultura. Atacama, el desierto más seco del mundo, no ha escapado al impacto del cambio climático. Pero ello se ha empeorado por causa de las actividades de las industrias dependientes del agua de la región, incluyendo la extracción del litio. Las empresas químicas Albemarle y SQM han sido acusadas de extraer más agua salada de la de su cuota legal. El turismo y la minería de cobre (y otros minerales) también ponen más presión sobre el escaso recurso del agua.

Para pasar el trago amargo, las empresas mineras han efectuado acuerdos con las comunidades, incluyendo beneficios económicos, empleos y otras contribuciones, tales como la construcción o reparación de escuelas y la entrega de becas de estudio. Mientras que algunas personas residentes están conformes con estos acuerdos, otras cuestionan qué pasará después del auge, especialmente dado que muchos de estos beneficios reemplazan lo que solían ser servicios del Estado. 

“No estamos contra el litio. Sólo queremos que nos escuchen”, dice uno de los líderes comunitarios en Salinas Grandes, Argentina. “Estamos luchando por la próxima generación”.

Tanto en Chile como en Argentina, hay movimientos sociales fuertes que están desafiando esta tendencia y están abogando por los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a la libre determinación, a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, al acceso al agua y al derecho a la tierra en armonía con sus tradiciones culturales. Por ejemplo, en junio de 2018, el Consejo de Pueblos Atacameños presentó un recurso de protección por la falta de consulta previa, libre e informada en la extensión que el gobierno hizo a los contratos con las empresas de litio. Igualmente, un grupo que aglutina a 33 comunidades de Salinas Grandes ha presentado sus casos ante instancias nacionales e internacionales respecto de la incapacidad del Estado y las empresas de respetar su derecho al consentimiento.

Sin embargo, a pesar de estos casos pendientes, las empresas en Argentina continúan anunciando exploraciones sin consultar a las comunidades locales. En febrero, las comunidades de la cuenca de Salinas Grandes hicieron cortes de ruta para hacerse escuchar al respecto.

De los cinco productores más grandes de litio a nivel mundial, sólo uno tiene una política de derechos humanos vigente

En tanto que el deber sustantivo de proteger estos derechos humanos yace en los gobiernos de estos países, las empresas también tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, de acuerdo con los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos. Empero, de los cinco productores más grandes de litio a nivel mundial, actualmente sólo uno, Livent Corporation, tiene una política de derechos humanos vigente. Todas las cinco empresas tienen denuncias por vulneración de derechos humanos en su contra. Esta tendencia es similar entre las empresas que extraen otros minerales, requeridos por las energías renovables y los vehículos eléctricos. De las 25 principales empresas mineras de cobre, cobalto, níquel, manganeso, zinc y litio, 16 (el 64 por ciento) poseen políticas de derechos humanos publicadas y accesibles.  Dentro de las 25, 22 empresas (88 por ciento) han tenido denuncias en su contra por vulnerar los derechos humanos, incluyendo denuncias de trabajo infantil en la producción de cobalto, en la República Democrática del Congo (según Amnistía Internacional).

Esto indica no únicamente una discrepancia entre la política y las actuaciones empresariales, sino la necesidad de adoptar procesos de diligencia debida en derechos humanos, de acuerdo con los Principios Rectores de la ONU, para asegurar el respeto por los derechos humanos en la transición a una economía baja en carbono. El litio es visto como uno de los pilares de esta transición; pero en su actual forma de producción, arriesga con crear asimetrías y abusos similares a los creados por la industria de combustibles fósiles y la minería industrial.

Una nueva campaña de Amnistía Internacional, lanzada el 21 de marzo, desafía a las empresas de carros para que produzcan la primera “batería ética” en el mundo, en los próximos cinco años y hace un llamado a las empresas para fortalecer sus prácticas de derechos humanos, involucrándose tanto con los proveedores como con los gobiernos de los países productores de litio. Como señaló el Secretario General de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo: “Necesitamos cambiar el rumbo ahora, o aquellos que tienen menos responsabilidad en el cambio climático, las comunidades indígenas y la niñez, pagarán el precio de la transición de los combustibles fósiles”.

Las empresas solares, de energías eólicas y renovables que requieren el litio para el almacenamiento de la energía así producida, tienen también una oportunidad para enfrentar este desafío, poniendo a los pueblos indígenas y a los trabajadores en el corazón de sus operaciones, de modo que aseguren que la transición a una economía baja en carbono no sólo sea rápida, sino justa.

 

(Los nombres de las personas en este artículo se cambiaron para proteger a los entrevistados)

Durante los últimos 50 años, Raúl y su familia han trabajado en agricultura en Peine, una pequeña comunidad en medio del desierto de Atacama en Chile. “Yo disfruto la agricultura; esta es mi vida”, dice mientras usa el agua de riego para sus cultivos de un pequeño canal.  Raúl muestra orgulloso los tomates, el maíz tierno y las betarragas o remolachas que cultiva para vender en la tienda del lugar.

Pero en esta árida región, donde el agua escasea, el bienestar de Raúl tiene un inusual competidor por el agua: el litio, un mineral clave para la economía mundial, que amenaza con dejar a las comunidades sin las fuentes del vital líquido que requieren para sobrevivir.

El denominado “triángulo del litio”, un área que abarca Argentina, Bolivia y Chile, contiene cerca del 60 por ciento de las reservas mundiales de litio. La demanda de litio, usado para las baterías de carros eléctricos y para almacenar las energías renovables, se prevé que tendrá un incremento de diez veces en la próxima década, llevando a estos tres países (sin contar a Perú), a duplicarse como los líderes mundiales en este “oro blanco”.

Como el segundo más grande productor mundial de litio en 2018, Chile ya lidera el grupo, después de Australia y el gobierno chileno está dando los pasos para convertirse en el número uno.  Argentina tiene la mayor cantidad de reservas de litio del mundo, con dos minas activas en producción y más de 60 proyectos en desarrollo. Las segundas reservas más grandes se hallan en los salares de Uyuni, en Bolivia, en donde el Presidente Evo Morales espera alcanzar sus ambiciosos planes de extraer litio y producir baterías.

Este “boom” del litio ya tiene impactos en una docena de comunidades principalmente indígenas, como la de Raúl. Al otro lado de la frontera, Martina y Juan, de San José de Miraflores están preocupados por el modo en que la extracción de litio en los salares de Salinas Grandes y laguna de Guayatayoc afectará sus vidas. “Tengo 200 llamas”, dice Juan, “no tantas en comparación con otros, [pero] al vender productos derivados de las llamas conseguimos para vivir”.

Martina dice que las 24 familias de su comunidad venden carne, textiles y artesanías de lana de las llamas, pero teme que la extracción de litio destruya el agua que sus animales necesitan para sobrevivir. “El agua es vida”, dice. En otras comunidades, los pueblos indígenas viven de la extracción artesanal de sal y de producir alimentos tales como alverjas y papas, todos los cuales requieren agua.

“No estamos contra el litio. Sólo queremos que nos escuchen”.

El agua es una parte esencial de la extracción de litio en el triángulo, permitiendo que se alimente a través de un proceso que es mucho más barato que la minería de roca. El litio está contenido en salmueras bajo los salares en los tres países. Esta salmuera se extrae con bombas y se dirige a grandes piscinas, en donde el agua se evapora, dejando una mezcla de litio y otros minerales. Luego, son separados usando un proceso químico y posteriormente es sacado y usado para hacer baterías, entre otros usos.

El impacto ya se siente.  En el desierto de Atacama en Chile, en donde la extracción del litio ha estado presente por más tiempo, las comunidades están sufriendo la falta de agua, lo cual afecta sus vidas cotidianas y su agricultura. Atacama, el desierto más seco del mundo, no ha escapado al impacto del cambio climático. Pero ello se ha empeorado por causa de las actividades de las industrias dependientes del agua de la región, incluyendo la extracción del litio. Las empresas químicas Albemarle y SQM han sido acusadas de extraer más agua salada de la de su cuota legal. El turismo y la minería de cobre (y otros minerales) también ponen más presión sobre el escaso recurso del agua.

Para pasar el trago amargo, las empresas mineras han efectuado acuerdos con las comunidades, incluyendo beneficios económicos, empleos y otras contribuciones, tales como la construcción o reparación de escuelas y la entrega de becas de estudio. Mientras que algunas personas residentes están conformes con estos acuerdos, otras cuestionan qué pasará después del auge, especialmente dado que muchos de estos beneficios reemplazan lo que solían ser servicios del Estado. 

  

“No estamos contra el litio. Sólo queremos que nos escuchen”, dice uno de los líderes comunitarios en Salinas Grandes, Argentina. “Estamos luchando por la próxima generación”.

Tanto en Chile como en Argentina, hay movimientos sociales fuertes que están desafiando esta tendencia y están abogando por los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a la libre determinación, a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, al acceso al agua y al derecho a la tierra en armonía con sus tradiciones culturales. Por ejemplo, en junio de 2018, el Consejo de Pueblos Atacameños presentó un recurso de protección por la falta de consulta previa, libre e informada en la extensión que el gobierno hizo a los contratos con las empresas de litio. Igualmente, un grupo que aglutina a 33 comunidades de Salinas Grandes ha presentado sus casos ante instancias nacionales e internacionales respecto de la incapacidad del Estado y las empresas de respetar su derecho al consentimiento.

Sin embargo, a pesar de estos casos pendientes, las empresas en Argentina continúan anunciando exploraciones sin consultar a las comunidades locales. En febrero, las comunidades de la cuenca de Salinas Grandes hicieron cortes de ruta para hacerse escuchar al respecto.

De los cinco productores más grandes de litio a nivel mundial, sólo uno tiene una política de derechos humanos vigente

En tanto que el deber sustantivo de proteger estos derechos humanos yace en los gobiernos de estos países, las empresas también tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, de acuerdo con los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos. Empero, de los cinco productores más grandes de litio a nivel mundial, actualmente sólo uno, Livent Corporation, tiene una política de derechos humanos vigente. Todas las cinco empresas tienen denuncias por vulneración de derechos humanos en su contra. Esta tendencia es similar entre las empresas que extraen otros minerales, requeridos por las energías renovables y los vehículos eléctricos. De las 25 principales empresas mineras de cobre, cobalto, níquel, manganeso, zinc y litio, 16 (el 64 por ciento) poseen políticas de derechos humanos publicadas y accesibles.  Dentro de las 25, 22 empresas (88 por ciento) han tenido denuncias en su contra por vulnerar los derechos humanos, incluyendo denuncias de trabajo infantil en la producción de cobalto, en la República Democrática del Congo (según Amnistía Internacional).

Esto indica no únicamente una discrepancia entre la política y las actuaciones empresariales, sino la necesidad de adoptar procesos de diligencia debida en derechos humanos, de acuerdo con los Principios Rectores de la ONU, para asegurar el respeto por los derechos humanos en la transición a una economía baja en carbono. El litio es visto como uno de los pilares de esta transición; pero en su actual forma de producción, arriesga con crear asimetrías y abusos similares a los creados por la industria de combustibles fósiles y la minería industrial.

Una nueva campaña de Amnistía Internacional, lanzada el 21 de marzo, desafía a las empresas de carros para que produzcan la primera “batería ética” en el mundo, en los próximos cinco años y hace un llamado a las empresas para fortalecer sus prácticas de derechos humanos, involucrándose tanto con los proveedores como con los gobiernos de los países productores de litio. Como señaló el Secretario General de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo: “Necesitamos cambiar el rumbo ahora, o aquellos que tienen menos responsabilidad en el cambio climático, las comunidades indígenas y la niñez, pagarán el precio de la transición de los combustibles fósiles”.

Las empresas solares, de energías eólicas y renovables que requieren el litio para el almacenamiento de la energía así producida, tienen también una oportunidad para enfrentar este desafío, poniendo a los pueblos indígenas y a los trabajadores en el corazón de sus operaciones, de modo que aseguren que la transición a una economía baja en carbono no sólo sea rápida, sino justa.

(Los nombres de las personas en este artículo se cambiaron para proteger a los entrevistados)