Desde el punto de vista de la responsabilidad legal empresarial nos encontramos en un momento de contradicciones. La UE está ultimando un debilitamiento significativo de su Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que incluye la eliminación del régimen armonizado de responsabilidad civil. Sin embargo, a medida que se acerca el final de 2025, en el resto del mundo las tendencias legislativas y judiciales parecen encaminadas a traer avances en 2026.

La diligencia debida obligatoria en derechos humanos y la responsabilidad sobre la cadena de suministro

El impulso en torno a la regulación de la diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos es ya innegable. Varios países, como Brasil, Colombia, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Tailandia y Suiza, están estudiando adoptar normativas o marcos de política sobre diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos. Las negociaciones sobre el tratado vinculante continúan avanzando, la sociedad civil continúa abogando en favor de normas obligatorias y numerosas empresas reconocen que este tipo de normativas puede contribuir al crecimiento sostenible y la competitividad.

Estos movimientos están surgiendo junto con prometedoras tendencias judiciales, tal como reflejan los casos que se han incorporado a la base de datos de perfiles de demandas del Centro de Empresas y Derechos Humanos.

En Francia, en el marco de la pionera Ley sobre el deber de vigilancia, 2025 ha traido la primera condena, en el caso La Poste, una nueva demanda contra Carrefour, así como otros avances importantes como el acuerdo en la demanda contra Danone, la orden de divulgación dictada contra TotalEnergies y la celebración de una audiencia en el marco de la demanda contra el grupo Yves Rocher. Las autoridades belgas han abierto una investigación penal contra Apple por acusaciones de abastecimiento de minerales de zonas de conflicto, en contravención del Reglamento de la UE sobre estos minerales. En los EEUU, las víctimas de trabajo forzoso en las cadenas de suministro están presentando demandas en virtud de la Ley de reautorización de protección a las víctimas de la trata contra empresas como Starbucks y Bumble Bee Foods.

Más allá de regulaciones específicas, continúan produciéndose avances judiciales relativos a la responsabilidad de las empresas matrices en el Reino Unido, con la histórica decisión que declara a BHP responsable del colapso de la presa de Fundão y el avance de los casos contra Shell y Dyson. Los tribunales de los Países Bajos conocieron de la demanda contra Norsk Hydro por la contaminación que habían causado sus filiales en Brasil y, por otra parte, familias camboyanas desplazadas llegaron a un acuerdo en una demanda colectiva contra el gigante azucarero tailandés Mitr Phol. Los recursos presentados por víctimas de Zambia y Tanzania ante los tribunales sudafricanos y canadienses, respectivamente, determinarán si pueden proceder sus demandas contra Anglo American y Barrick Gold.

Estos avances, así como las denuncias y las investigaciones en curso al amparo de la legislación alemana sobre la cadena de suministro y los esfuerzos del Gobierno estadounidense contra el trabajo forzoso, indican una tendencia hacia la responsabilidad judicial y regulatoria en las cadenas de suministro que probablemente continuará en 2026.

La responsabilidad empresarial a través de los litigios climáticos y para una transición justa

Las iniciativas reguladoras en materia climática están recibiendo una importante oposición, incluso en el marco de la COP30. Sin embargo, las recientes opiniones de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana consolidan la lucha contra el cambio climático como una cuestión de derechos humanos y una obligación legal de los Estados. A medida que estos avances se filtren a los sistemas nacionales, los litigios climáticos irán cobrando mayor importancia en la acción climática.

Esto se traduce en la continuación de impugnaciones directas en contra de políticas climáticas de los gobiernos y de proyectos concretos, pero también en acciones legales dirigidas contra las empresas. Se han extendido los litigios basados en el principio de “quien contamina paga”, en los que las víctimas solicitan una indemnización por los daños sufridos relacionados con el clima, que muy probablemente darán lugar a importantes avances a lo largo del próximo año. En el año 2025 se han sentado precedentes importantes y se han producido avances en los casos en curso y nuevas demandas, como la presentada por la familia de una víctima de una ola de calor contra empresas petroleras y la presentada por agricultores de Corea del Sur contra empresas de energía. Agricultores/as pakistaníes damnificados/as por las inundaciones de 2022 han anunciado acciones legales contra RWE y Heidelberg Materials, al igual que las comunidades filipinas afectadas por un tifón, que han anunciado acciones legales contra Shell.

Los casos de greenwashing continúan siendo la forma más habitual de litigio climático contra las empresas. Entre acontecimientos recientes se encuentran las decisiones judiciales contra TotalEnergies, Apple y Lufthansa y Adidas. Un análisis de la herramienta de seguimiento de litigios para una transición justa del BHRC muestra que también están aumentando las demandas contra proyectos de energías renovables y de extracción de minerales para la transición debido a sus impactos en los derechos humanos, lo que provoca retrasos en los proyectos, órdenes de paralización e incrementos de costes. Todo ello supone una clara advertencia para las empresas y los inversores: no adoptar un enfoque centrado en los derechos humanos a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos entraña riesgos reputacionales y financieros significativos.

Estos esfuerzos de rendición de cuentas han convertido a las personas defensoras del clima, la tierra y el medio ambiente en un blanco principal de ataques, también a través de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) interpuestas por las empresas. Un ejemplo destacado es la condena de 345 millones de dólares dictada contra Greenpeace por las protestas contra el oleoducto Dakota Access, que la ONG está impugnando.

Responsabilidad, tecnología y conflicto

A medida que crece el dominio del sector tecnológico, lo hacen también sus repercusiones en los derechos humanos. Están aumentando los llamamientos a la regulación del sector, a pesar de algunas presiones en sentido contrario para que se dé marcha atrás, y esta industria está siendo blanco de creciente atención de jueces y reguladores, tendencias que probablemente continúen en 2026.

Las violaciones de la privacidad son un área que está generando un gran número de litigios. Un tribunal federal de Estados Unidos ha prohibido a NSO Group atacar a las personas usuarias de WhatsApp. Las víctimas de la represión posterior al golpe de Estado de Myanmar van a demandar a la empresa Telenor en Noruega por compartir datos personales con las autoridades militares y un jurado californiano ha determinado que Meta violó la privacidad de las personas usuarias de la aplicación de seguimiento del ciclo menstrual Flo.

Las empresas tecnológicas también se enfrentan a acciones legaldes por la difusión de contenidos nocivos. El Tribunal Superior de Kenya dictaminó que los tribunales del país pueden resolver una demanda presentada contra Meta por su supuesto papel en la difusión de mensajes de odio que avivaron la guerra en Tigray, mientras que el Tribunal Supremo de Brasil ha determinado que las empresas de redes sociales deben responder por los contenidos que publican las cuentas usuarias. Las familias y los gobiernos, entre otros en el Reino Unido, Francia y los EE UU, están cuestionando los efectos de las plataformas sociales como TikTok e Instagram, así como ChatGPT, en el bienestar de niños y niñas.

Varias iniciativas lideradas por la sociedad civil han sometido a empresas tecnológicas y de otros sectores a escrutinio por su presunta complicidad en crímenes internacionales. En una demanda presentada en Francia en 2025 se acusa a Airbnb y Booking.com de complicidad en la ocupación israelí por ofrecer alojamientos en los asentamientos de los territorios palestinos. En EEUU, BNP Paribas ha sido declarada responsable de contribuir a mantener el régimen de Omar al Bashir en Sudán. En Francia, Lafarge y varias personas de su antigua directiva serán sometidas a juicio por supuesta financiación de grupos sirios armados y se ha presentado una denuncia contra TotalEnergies por supuesta complicidad en crímenes de guerra en Mozambique.

El camino hacia la responsabilidad de las empresas por abusos de derechos humanos no es recto y actualmente se está produciendo un retroceso en varios compromisos básicos, liderado por el Gobierno de los EE. UU. y algunas empresas, que se refleja en todo el mundo. Sin embargo, es probable que en 2026 continúen muchas de las tendencias positivas que se derivan de los avances en la protección de los derechos humanos en el contexto empresarial de las últimas dos décadas. Hace tiempo que las razones empresariales de una gestión centrada en los derechos humanos están claras. Las iniciativas regulatorias y judiciales en todo el mundo confirman cada vez más esta realidad.