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Opinion

2 Dic 2020

Autor(a):
Southern Organisations and Allied Human Rights NGOs

Disposiciones significativas sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas esenciales para cualquier deber empresarial legal de la UE

Photo by Greg Montani/Pixabay

Contribuyeron a esta publicación:

  • Asociación de Abogados para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Nepal (LAURNIP)
  • Movimiento Indígena para el Avance de la Paz y la Transformación de Conflictos (IMPACT), Kenia
  • Proyecto sobre organización, desarrollo, educación e investigación (PODER), México / América Latina
  • Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), Paraguay
  • Palenke Alto Cauca (PAC), Proceso de Comunidades Negras (PCN), Colombia
  • Asociación de Pueblos Indígenas (IPP), Myanmar
  • Promoción de los pueblos indígenas y la naturaleza juntos (POINT), Myanmar
  • Pacto de los pueblos indígenas de Asia (AIPP), Tailandia
  • Centro Internacional de los Pueblos Indígenas para la Investigación en Políticas y Educación (Tebtebba), Filipinas
  • Organizaciones internacionales: Forest Peoples Programme, Países Bajos
  • Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Internacionales (IWGIA), Dinamarca
Las organizaciones piden una inclusión temprana de los titulares de derechos en el proceso legislativo, una ley que garantice el acceso a la justicia y el derecho a un remedio efectivo, así como salvaguardias sólidas para los defensores de los derechos humanos y los denunciantes.

Las prácticas ilegales e insostenibles entre los inversores globales y las empresas, incluidas las empresas europeas, están contribuyendo sin lugar a dudas a abusos de los derechos humanos en los países que producen productos básicos para los mercados y los consumidores internacionales. Cuando las comunidades se manifiestan en contra de las inversiones y las operaciones comerciales dañinas, a menudo son objeto de intimidación y represión. Los pueblos indígenas y las comunidades locales, rurales y afrodescendientes no solo enfrentan graves amenazas a sus territorios, medios de vida, supervivencia cultural y autodeterminación, sino que también son amenazados, deslegitimados, criminalizados y asesinados por proteger sus derechos y defenderlos, sus tierras y el medio ambiente. En muchos casos, las causas subyacentes de la intimidación y la violencia están vinculadas al incumplimiento de las empresas de respetar los derechos a la tierra y los recursos comunitarios, incluido el derecho a una consulta libre, previa e informada, que a su vez conduce a conflictos por la tierra y desalojos forzosos y desplazamiento físico y económico. Las medidas voluntarias adoptadas por las empresas para promover una producción y un suministro responsable y sostenibles, incluida la protección de la tenencia comunal y los derechos sobre los recursos, han fracasado en proteger a los derechos en todo el mundo. Han sido ineficaces en cambiar las empresas, en todos los sectores y de todos los tamaños, hacia el respeto significativo de todos los derechos humanos descritos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Durante décadas, los titulares de derechos y las organizaciones sociales han estado pidiendo a los gobiernos que protejan, respeten y promuevan sus derechos estableciendo regulaciones legales sobre las empresas.

La Iniciativa Tolerancia Cero, una coalición de pueblos indígenas, comunidades y organizaciones rurales y afrodescendientes y sus socios de la sociedad civil, está trabajando en solidaridad para impulsar reformas en el comercio mundial, los negocios y las cadenas de suministro; para eliminar la violencia, los asesinatos y abusos contra defensores de los derechos humanos vinculados a las cadenas de suministro globales. En su Declaración de Ginebra, la Iniciativa Tolerancia Zero pide a los gobiernos que implementen los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que su rendición de cuentas corporativa contemple sustancialmente los derechos humanos, incluidos los derechos a la tierra comunitaria.

Con las disposiciones adecuadas, el deber empresarial a nivel de la Unión Europea de proteger los derechos humanos podría ser clave para promover la reforma de conducta empresarial para ayudar a poner fin a los ataques, la criminalización, la intimidación, las amenazas y los asesinatos contra defensores y comunidades, que en 2020 siguieron aumentando en todo el mundo. Para ello, creemos que la legislación que se adopte debe ser de amplio alcance y ofrecer disposiciones y mecanismos específicos para asegurar la protección de las y los defensores de los derechos humanos, la tierra y el medio ambiente. Sus disposiciones deben regular a las empresas y sus cadenas de suministro y valor dentro y fuera de la UE. Las disposiciones legales también deben aplicarse a los inversores y las instituciones financieras en diferentes productos y sectores. Para impulsar un cambio real de comportamiento empresarial, las medidas legislativas deben incluir sanciones civiles y penales.

Una legislación de la UE eficaz debe incluir normas y requisitos plenamente alineados con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, incluyendo aquellos vinculados con derechos consuetudinarios a la tierra y el territorio de los pueblos y comunidades indígenas. Las disposiciones deben exigir el respeto del derecho a la consulta libre, previa e informada de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y los instrumentos de derechos humanos relacionados. También debe contener salvaguardias sólidas y requisitos para acciones corporativas sólidas que mejoren la seguridad y la protección de los defensores de los derechos humanos y los denunciantes que presentan acusaciones contra una empresa o un inversor específico.

La ley debería exigir a las empresas que realicen evaluaciones independientes de impacto ambiental y de derechos humanos. Se deben establecer pautas claras para garantizar que las evaluaciones de impacto ambiental se emprendan de una manera culturalmente apropiada por los titulares de derechos y requieren un análisis de las causas fundamentales de los impactos pasados ​​y presentes y las quejas comunitarias no resueltas.

Los requisitos también deben estipular que los documentos e información relevantes se compartan en idiomas y por medios que sean comprensibles para las comunidades. Las empresas deben estar obligadas a garantizar que cualquier plan o acuerdo realizado en relación con la remediación de los impactos dañinos sobre los derechos humanos y el medio ambiente incluya las prioridades y perspectivas de las y los titulares de derechos afectados y esté sujeto a una consulta libre, previa e informada.

Las organizaciones abajo firmantes enfatizan que además de identificar, mitigar y prevenir riesgos a los derechos humanos, la debida diligencia corporativa efectiva requiere acciones para abordar y remediar los impactos adversos de manera significativa para los titulares de derechos afectados. Cualquier nuevo instrumento legal de la UE que regule la conducta corporativa debe garantizar que se exige a las empresas que aborden los daños pasados ​​y presentes, así como los de sus proveedores, operadores e inversionistas, e incluyan medidas para establecer acciones de remedio. Es de vital importancia que el instrumento esté respaldado por un marco de aplicación específico de la UE para garantizar su cumplimiento. La legislación también debe permitir el acceso a la justicia y el derecho a un remedio efectivo, incluyendo mecanismos de reparación accesibles a las comunidades afectadas y a los titulares de derechos, y prestando la debida atención a los desafíos particulares que surgen al garantizar que las comunidades en áreas remotas no queden atrás.

Las propuestas de la UE llegan en un momento importante de la historia. A pesar de la pandemia de COVID-19 en curso, la expansión de la agroindustria y la industria extractiva y el aumento del acaparamiento de tierras, la represión, la criminalización y la reducción del espacio cívico para los defensores de los derechos humanos, la tierra y el medio ambiente se han intensificado en todo el mundo. Las informaciones sobre muertes, sufrimiento, escasez de alimentos y una creciente inseguridad suponen un llamado de atención para que los responsables políticos y las empresas cumplan con sus obligaciones y actúen para garantizar el cumplimiento del deber empresarial de respetar, proteger y promover los derechos humanos. Junto con las normas legales obligatorias sobre la conducta empresarial, es necesario repensar las políticas públicas sobre el comercio, la producción y el consumo mundiales de productos básicos para permitir una transición hacia economías sostenibles respetuosas con los derechos humanos y el medio ambiente. Volver a la normalidad no es una opción. Para que el marco legal de la UE sobre conducta empresarial y la debida diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente sea eficaz, será fundamental que los legisladores y los responsables de la toma de decisiones a nivel europeo escuchen las voces de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los defensores y las organizaciones de derechos humanos y medioambientales que promueven la justicia empresarial. Recomendamos que la Unión Europea haga todo lo posible para garantizar la inclusión de las voces de los pueblos indígenas y las comunidades locales en el proceso de desarrollo de esta importante legislación. Nuestras organizaciones están dispuestas a participar más en estos debates a medida que la Unión Europea desarrolla sus leyes y políticas sobre conducta empresarial y comercio sostenible.

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