"Quédese en casa" sigue siendo una de las principales recomendaciones de las autoridades sanitarias de todo el mundo para contener la pandemia del Coronavirus. El aislamiento social ha contribuido enormemente a que no haya niveles aún más altos de contagios en América Latina, la región más desigual del planeta.

Sin embargo, en este escenario de calles vacías, una figura no ha desaparecido: la de los trabajadores en motocicletas y bicicletas con enormes mochilas que llevan los nombres de las empresas de distribución de alimentos. Aunque dejar el hogar significa poner en riesgo su salud, la facilidad y conveniencia de las aplicaciones de entrega suenan como una buena solución para la mayoría de las personas. Por otra parte, estos mensajeros están expuestos a riesgos, temores e incertidumbres, mientras que su arduo trabajo ha beneficiado a los empresarios en miles de millones.

La tecnología ha impulsado el surgimiento de la llamada "gig economy" o "economía compartida", caracterizada por la prestación de servicios a través de plataformas digitales, que crean oportunidades aparentemente flexibles para que las personas obtengan ingresos. Sin embargo, estos nuevos modelos empresariales han producido relaciones que no siempre encajan en las estructuras laborales tradicionales y han suscitado debates sobre la precariedad y la intensidad del trabajo.

Los cambios que estas aplicaciones digitales ya han provocado en los hábitos de las personas se han visto acelerados por la crisis. ¿Por qué los trabajadores del sector de la distribución se someten a esta nueva rutina de trabajo intenso e inseguro y de mayor riesgo de contagio?

La respuesta es simple: debido a la necesidad crucial de tener una fuente de ingresos. Cuanto más aumenta el desempleo, más probable es que estos trabajadores acepten cualquier condición para ganarse la vida. Con más restaurantes y consumidores usando las plataformas de las empresas de reparto, más control del mercado ejercerán estas empresas y más difícil será trabajar por fuera de ellas en esta industria. Al principio, ofrecen condiciones de trabajo ventajosas, pero después de tener un control total sobre el mercado, comienzan a endurecer dichas condiciones.

Para poder trabajar como empleadas, las personas repartidoras tienen que proporcionar medios de transporte (una motocicleta o una bicicleta), y luego tienen que adquirir equipos de las empresas como mochilas, chamarras o buzos e, incluso, máquinas de tarjetas de crédito. Así, estas personas empiezan a trabajar ya endeudadas y no pueden dejar de trabajar tan fácilmente cuando las condiciones empeoran. Es un proceso que se asemeja a la servidumbre por deudas, considerada uno de los elementos que caracterizan las formas contemporáneas de trabajo esclavo.

Además, también es común escuchar que los trabajadores tienen "libertad de elección", trabajando donde y cuando quieran. La realidad es que se ven obligados a trabajar cada vez más, subordinados a algoritmos, normas de cobro, comisiones y objetivos de productividad. Cuando no hay una verdadera elección de trabajo, las decisiones importantes y el control están en manos de la empresa y no del trabajador.

Las empresas establecen, en efecto, con respecto a su capacidad de contratar a sus trabajadores, un oligopsonio, término técnico para explicar la existencia de un pequeño número de empresas que son compradoras de un determinado producto o servicio. Y cuanto más alto es el oligopsonio en el mercado laboral, más bajos son los salarios y el poder de negociación de los trabajadores.

Estas empresas invierten en el aparato legal para que los distribuidores no se consideren empleados de la empresa, sino "colaboradores", con el fin de eliminar cualquier vínculo que pudiera concederles derechos laborales básicos. Las empresas dicen -simplemente- que ofrecen la tecnología y, para que funcione, los distribuidores deben firmar las condiciones de uso, por lo que las empresas evitan prácticamente toda responsabilidad.

En Brasil y en Argentina las empresas ofrecen ahora el suministro de máscaras y gel de alcohol para reducir el riesgo de contagio por Covid-19, pero esto sólo lo hicieron después de severas sanciones en su contra. Sin embargo, las plataformas lograron anular órdenes judiciales que, por ejemplo, requerían apoyo financiero a los trabajadores que estaban de licencia, tras contraer la enfermedad. Algunos tribunales ni siquiera condenaron a las empresas en casos de muerte de los repartidores.

Se puede decir que la situación es peor en Colombia, donde el sistema de justicia ni siquiera llega a examinar todos estos casos, que afectan principalmente a trabajadores migrantes de Venezuela. En México, una encuesta realizada por el Instituto de Estudios de la Desigualdad reveló que el 62% de los repartidores dijeron que habían sufrido accidentes al hacer las entregas, pero sólo el 7% de ellos recibieron ayuda de la plataforma asociada.

Brasil es el segundo mercado más grande del mundo para aplicaciones de alimentos digitales. Desde el comienzo de la pandemia, los repartidores se movilizaron para exigir mejores condiciones de trabajo. El 1 de julio de 2020, los trabajadores de reparto de diversas ciudades grandes se declararon en huelga;  más del 98% de los trabajadores del sector se sumaron a la huelga, lo que significa decenas de miles de trabajadores.

El 30 de junio, alrededor de 300 trabajadores de las aplicaciones Uber y Didi se habían manifestado por sus derechos en México. Aunque las empresas han ofrecido algún apoyo contra el riesgo de contagio, no se ha producido ningún cambio en la política salarial ni en los derechos sociales, suficientes como para hacer frente a la precariedad de su trabajo.

Para estos repartidores, la conquista de sus derechos y garantías laborales será un camino largo y difícil, porque tendrán que enfrentarse a empresas gigantescas y multimillonarias que combinan la última tecnología con los aspectos más regresivos del capitalismo. El núcleo de este modelo de negocio es la negación de los derechos sociales de los trabajadores.

Pero hay soluciones simples que pueden mitigar los problemas mencionados anteriormente. La lucha de estos trabajadores no es por aumentos salariales excesivos sino por mejores condiciones laborales. Es un conflicto contra el poder de mercado de las grandes empresas contratistas. A largo plazo, unas mejores condiciones también pueden proporcionar salarios más altos a los trabajadores de reparto y precios más bajos a los consumidores, ya que, por lo general, unos salarios más altos dan lugar a una mayor productividad, menos estrés y mayores tasas de retención.

La sociedad exige un salario mínimo, porque nadie debería tener que trabajar 200 horas al mes y vivir en la pobreza. Por supuesto, desde el punto de vista social, cuantas más personas puedan trabajar, mejor. Pero nadie debería tener que dar su trabajo por prácticamente nada. Como hemos visto que los repartidores son esenciales durante esta pandemia, es imperativo que las empresas reconozcan y respeten sus derechos laborales y hagan un esfuerzo extra para protegerlos del Covid-19, en América Latina y en otros lugares.

Amanda Romero, Diana Figueroa y Marina Novaes

Investigadoras y representantes regionales del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos para Suramérica, México y Centroamérica y el Brasil