Justicia contra todo pronóstico: el papel de un tratado vinculante
Photo: Simone Dalmasso
Por Trócaire y el Parlamento Xinka
Tras 15 años de lucha y pérdidas —muchas de ellas irreparables—, nosotros, nosotras, representantes del pueblo xinca, les hacemos la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo más vamos a tener que esperar (para que se haga justicia)?Quelvin Jiménez, representante legal del Parlamento Xinca, 10.ª sesión del OEIGWG, Ginebra, 2024
El 27 de abril de 2013, manifestantes pacíficos se concentraron frente a la mina Escobal, en Guatemala, para defender su territorio, cuando los guardias de seguridad de la mina abrieron fuego. Las grabaciones del incidente muestran que disparaban directamente contra las personas manifestantes, y como afirmaba el jefe de seguridad, Alberto Rotondo: “Los corrí a balazos.”
Las personas manifestantes eran miembros del pueblo indígena Xinka, un pueblo que ha sido históricamente invisibilizado por el Estado guatemalteco. Las comunidades organizadas a través del Parlamento Xinka se declararon en resistencia pacífica permanente al ver que su salud, medios de vida, cultura y ambiente se vieron repentinamente amenazados por una megamina instalada en su territorio de forma arbitraria y con licencia ilegal.
Aunque son poco numerosas, las personas Xinkas se han mantenido firmes en la defensa de sus derechos humanos y del territorio. Aun en estas condiciones logran cierto grado de justicia a través del acuerdo histórico en el caso denominado García contra Tahoe Resources Limited, logrando que la empresa reconociera el ataque y emitiera una disculpa.
Este es un claro ejemplo de los obstáculos para acceder a la justicia que enfrentan las víctimas de abusos contra los derechos humanos por parte de empresas transnacionales y pone de relieve la importancia de un tratado vinculante progresista de la ONU.
El tercer pilar que falta
Los Principios Rectores de las Naciones Unidas (PRNU) se basan en tres “pilares”. Aunque las críticas a los PRNU suelen centrarse en el carácter no vinculante de los dos primeros pilares, cada vez es más evidente que el tercero, relativo al derecho de las víctimas a un recurso efectivo, brilla por su ausencia.
Las investigaciones revelan la existencia de persistentes barreras prácticas y jurídicas para obtener remedio, entre ellas los costes financieros, la falta de información por parte de las empresas y la carga probatoria. Un estudio histórico de 2016 identificó otras barreras, como la jurisdicción y la legislación aplicable, lo limitado de los plazos, las complejas estructuras empresariales que implican redes de filiales y las defensas procesales utilizadas para retrasar o desviar la justicia.
Entre ellas se incluye el forum non conveniens, una doctrina del derecho anglosajón que insta a un tribunal con jurisdicción a declinar un caso si se considera que existe otro foro más conveniente, –pero ¿para quién? La atención debería centrarse en si la víctima puede obtener justicia efectiva en el lugar donde se produjo el abuso, teniendo en cuenta cuestiones como la corrupción endémica, la cooptación de los sistemas judiciales y el sesgo institucional. Sin embargo, en la práctica los tribunales suelen dar la misma importancia a las cuestiones procesales para declinar la jurisdicción.
Justicia contra todo pronóstico
En su búsqueda de justicia, el pueblo Xinka se enfrentaría a muchos obstáculos y los superaría.
Tras el ataque de 2013, y con el apoyo de abogados/as canadienses, se presentó en Columbia Británica una demanda civil por agresión y negligencia contra la empresa matriz de la mina, Tahoe Resources (ahora Pan American Silver). Siete personas demandantes resultaron gravemente heridas durante el ataque. Una de las victimas fue Luis Fernando García, de 18 años, que recibió disparos en la cara, la cabeza y la espalda, lo que requirió años de cirugía reconstructiva y recuperación.
Tahoe solicitó de inmediato la desestimación de la demanda alegando forum non conveniens, al tiempo que afirmaba que la resistencia de la comunidad se debía a “intentos de extorsión”. Al principio lo consiguieron: la Corte Suprema de Columbia Británica se declaró incompetente, dando prioridad al idioma y a la legislación aplicable frente a las preferencias de las partes demandantes y a las deficiencias del sistema judicial guatemalteco.
Para justificar su decisión, el tribunal destacó la detención de Alberto Rotondo, que para entonces ya había sido puesto en libertad bajo arresto domiciliario, a pesar de ser un ciudadano extranjero acusado de delitos graves. Poco después, Rotondo se dio a la fuga, negando justicia a sus víctimas y demostrando el modo en que la seguridad privada puede “disparar a matar” sin rendir cuentas, según el equipo de defensa jurídica.
En el proceso civil, las partes demandantes ganaron la apelación, lo que culminó en una histórica disculpa pública y el reconocimiento de los abusos de los derechos humanos por parte de la empresa matriz, abriendo posibilidades para exigir responsabilidades a las transnacionales por los actos de sus filiales.
Ante la falta de acceso a la justicia, los constantes abusos de las empresas transnacionales se han convertido en una práctica constante. A pesar de las grabaciones de los guardias de seguridad disparando contra personas manifestantes pacíficas y del jefe de seguridad alardeando de ello, no se inició ningún proceso penal, y la demanda civil se prolongó durante años, se enfrentó a importantes obstáculos y arrojó resultados limitados.
Tampoco resolvió las cuestiones más graves. Por el contrario, la mina se impuso de forma arbitraria sin un proceso de consulta previa, libre e informada. Además, con medidas de represión y violencia sistémica que estableció un estado de sitio, facilitado por la estigmatización racializada, la criminalización y las represalias que provocaron el enjuiciamiento de más de 200 personas y la muerte de al menos 15, entre ellas, Topacio Reynoso, de 16 años, asesinada a tiros delante de su padre, quien también resultó herido en el ataque.
En 2017, después de un largo proceso judicial se obtuvo la Sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad que ordenó suspender las operaciones mineras y celebrar una consulta al Pueblo Xinka. En mayo de 2025, las comunidades Xinkas realizaron un evento mediático, en donde afirmaron que negaron el consentimiento debido a varios factores y que exigen a la Empresa Minera Pan American Silver y al Estado de Guatemala, respetar la decisión asumida en el proceso de consulta.
El Pueblo Xinka exige a la Empresa Minera Pan American Silver y al Estado de Guatemala, respetar la decisión asumida en el proceso de consulta. Las comunidades informaron que las afectaciones ocasionadas por la minería han generado reducción de biodiversidad y presencia de metales pesados, lo cual según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social está estrechamente vinculado con el incremento de cáncer, enfermedades crónicas y cardiovasculares.
El papel de un tratado vinculante
El caso del pueblo xinca es tanto un ejemplo de cómo se consigue justicia como una advertencia sobre los obstáculos a los que se enfrentan las víctimas. Un tratado vinculante de la ONU eficaz debe abordar estas barreras y facilitar el acceso a la justicia en los casos de abusos cometidos por empresas transnacionales.
El texto que se está negociando actualmente en Ginebra contiene elementos que podrían acercar ese objetivo, aunque algunos se beneficiarían de un mayor refuerzo. Entre las posibles medidas que podrían ayudar a las víctimas en estos casos se incluyen propuestas para:
- invertir la carga de la prueba, garantizar el acceso a la información, reducir las cargas financieras y asegurar la reparación colectiva (artículo 7);
- establecer la responsabilidad solidaria a lo largo de las cadenas de valor globales, así como la responsabilidad penal de las personas físicas y jurídicas (artículo 8);
- adoptar medidas eficaces para proteger a las víctimas, incluidas medidas cautelares y protecciones contra represalias (artículos 4 y 5);
- ampliar los fundamentos jurisdiccionales y aumentar las opciones de las víctimas, entre otras cosas prohibiendo el forum non conveniens (artículo 9);
- garantizar plazos flexibles y sensibles al género (artículo 10);
- incluir disposiciones firmes para garantizar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas (artículo 6).
Ahora que el proceso del Tratado Vinculante entra en una fase crucial, es esencial contar con un amplio apoyo de los Estados a estas medidas para garantizar que el acceso a la justicia vaya más allá de las palabras en un papel.
Trócaire es una organización dedicada a la justicia social que trabaja en colaboración con organizaciones y comunidades locales, así como con personas de Irlanda, para abordar las causas profundas de la pobreza, la injusticia y la violencia. Trócaire es la agencia de desarrollo internacional de la Iglesia Católica de Irlanda y fue fundada en 1973.
El Parlamento Xinka es una autoridad indígena que apoya el desarrollo económico y social sostenible del pueblo Xinka en Guatemala. Durante 15 años, el pueblo Xinka ha resistido pacíficamente a la imposición de la mina Escobal, que amenaza sus territorios, su patrimonio cultural, su salud y sus medios de vida.