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Opinión

14 Dic 2021

Autor:
Maysa Zorob & Elodie Aba, Business & Human Rights Resource Centre

La legislación anti SLAPP debe prohibir el acoso judicial contra las personas defensoras de derechos humanos

Shutterstock (purchased)

Como nunca hasta ahora, ha sido tan importante el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos para exponer el daño causado por las empresas en todo el mundo. Ante el reto existencial que supone una pandemia mundial como la COVID-19, la crisis climática, los cambios en el futuro del trabajo y el aumento de la migración, las personas defensoras de derechos humanos alzan su voz pidiendo justicia y sustentabilidad en las actividades de las empresas y en los mercados mundiales. El espacio cívico se encuentra cada vez más amenazado debido al creciente uso indebido que hacen las empresas y gobiernos del sistema legal y judicial para acosar a las voces críticas (acoso judicial).

Las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), son una poderosa herramienta para silenciar a las personas defensoras de derechos humanos y a otras voces críticas, al obligarlas a llevar a cabo una costosa lucha por su libertad, libertad de expresión y la existencia de sus organizaciones. Las SLAPP se producen en un contexto más amplio de acoso judicial. Desde el 2015, El Centro sobre Empresas y Derechos Humanos ha registrado 3671 ataques relacionados con empresas contra DDH en todo el mundo. Casi la mitad (48%) de estos ataques constituyen acoso judicial; y los números están creciendo a un ritmo alarmante.

Defensa legal contra las SLAPP

Los abogados y abogadas han desarrollado diferentes estrategias legales para proteger a las personas defensoras de derechos humanos de las SLAPP y han logrado algunos éxitos importantes, como se señala en nuestro Informe Anual de Responsabilidad Legal Empresarial sobre demandas maliciosas en el Sudeste Asiático. Así, los abogados y abogadas han invocado exitosamente las normas constitucionales para hacer valer el derecho de las personas defensoras a la libertad de expresión ante la amenaza de SLAPP. A pesar de estos éxitos puntuales, las posibilidades de contar con una defensa legal efectiva siguen siendo muy reducidas mientras no existan marcos legales sólidos que prohíban las SLAPP y demás formas de acoso judicial.

Legislación anti SLAPP en el mundo

Para evitar que las empresas utilicen la ley para acosar y silenciar a las personas defensoras de los derechos humanos y socavar la participación pública, varios países han promulgado leyes anti SLAPP. Como se detalla en nuestro Informe Anual 2020, el Sudeste Asiático merece especial mención a este respecto. Se trata de una zona crítica a nivel mundial en materia de SLAPP, ya que allí se produce el 44% de todos los ataques contra personas defensoras de los derechos humanos que implican acoso judicial, aunque también es pionera en legislación anti SLAPP. Tres de los 11 países del Sudeste Asiático cuentan con leyes que permiten protegerse de las demandas interpuestas para limitar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos: Tailandia, Filipinas e Indonesia.

En Indonesia, la Ley nº 32/2009 sobre Protección y Gestión del Medio Ambiente (artículo 66) y la Ley nº 18/2013 sobre la Prevención y Erradicación de la Destrucción de los Bosques (artículo 78.1) prohíben que se interpongan demandas penales o civiles contra las personas que "luchan por el derecho a un ambiente adecuado y saludable", así como contra periodistas e informadores que proporcionan información en virtud de la Ley de Prevención y Erradicación de la Destrucción de los Bosques.

En Filipinas, el Reglamento del Tribunal Supremo para demandas ambientales de 2010 incluye protecciones explícitas contra las SLAPP que permiten a los tribunales desestimar este tipo de demandas en una audiencia sumaria antes de proceder a la fase del juicio. Este reglamento permite, asimismo, que las personas que reivindican los derechos ambientales planteen en su defensa que la demanda presentada en su contra es una SLAPP.

En Tailandia, el artículo 16/1 del Código de Procedimiento Penal hace ahora referencia a la protección de los derechos de las personas defensoras de la libertad de expresión ante las SLAPP. Este nuevo apartado (modificado en 2019) permite a los tribunales de justicia desestimar cualquier demanda penal en la fase de presentación (es decir, antes de proceder al juicio) si determina que el motivo de la demanda obedece a "una mala intención para 1) acosar, 2) aprovecharse de una persona 3) obtener un beneficio ilícito o 4) alcanzar algún objetivo subyacente corrupto".

A pesar de que el alcance de estas leyes es limitado y de que hasta la fecha se han utilizado poco en el ámbito de la defensa jurídica, constituyen una herramienta fundamental para promover una reforma más amplia de la legislación anti SLAPP.

En el Norte Global, cuentan con leyes anti SLAPP EE.UU., Canadá y Australia. En EE.UU., 31 estados y el Distrito de Columbia han promulgado leyes de este tipo y, en Canadá, las provincias de Columbia Británica, Ontario, y Quebec han legislado contra esta forma de acoso judicial. En Australia, La Ley de Protección de la Participación Pública de 2008 del Territorio de la Capital Australiana también contempla este tipo de protecciones. Estas leyes, que ya han logrado algunos éxitos, contienen en diversa medida disposiciones que permiten que las demandas se desestimen de forma temprana, se pueda suspender el proceso de descubrimiento o que la parte demandada pueda recuperar los costes procesales. Así, en la demanda maliciosa presentada por Resolute Forest contra Greenpeace en EE.UU., el tribunal desestimó el caso y condenó a la demandante a pagar los honorarios de la defensa de la demanda en virtud de la ley anti SLAPP de California.

En los casos en los que aún no existe legislación de este tipo, la sociedad civil sigue instando a que se promulguen a nivel regional y nacional. Recientemente, la Comisión Europea llevó a cabo una consulta pública sobre una directiva anti SLAPP destinada a proteger a las personas defensoras de derechos humanos y los y las periodistas contra las demandas presentadas en su contra cuando informan sobre cuestiones de interés público a un audiencia general. En un reciente dictamen, el Comité Económico y Social Europeo subrayó la necesidad de prohibir legalmente este tipo de demandas y la Coalición contra las SLAPP en Europa (CASE) ha publicado un documento en el que se pide una ley anti SLAPP en la Unión Europea.

En el Reino Unido, la Coalición anti SLAPP de ese país publicó un documento político en el que examina posibles iniciativas legislativas y normativas para contrarrestar este tipo de demandas, incluyendo una posible ley nacional. En Colombia, se está debatiendo una propuesta en el Parlamento con objeto de introducir disposiciones anti SLAPP y modificar el Código General de Procedimiento y la Ley 906 de 2004, para erradicar el acoso judicial o litigioso destinado a restringir los derechos a la libertad de expresión, información y asociación.

Próximos pasos

Los marcos legales anti SLAPP son una herramienta fundamental para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos del acoso judicial. Sin estos marcos, las defensas legales cuentan con escasas herramientas para luchar contra las SLAPP en los tribunales, lo cual menoscaba su capacidad para lograr que se desestimen las SLAPP por derecho propio, que se ponga de manifiesto su carácter poco serio y se saque a la luz el acoso judicial que llevan a cabo las empresas. Sin embargo, la mayoría de los tribunales dispone de pocas vías para desestimar las SLAPP antes de llegar al juicio, que, por lo general, es largo y costoso. Cuando existen estas vías, los tribunales deben utilizarlas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos de las demandas abusivas, como así se ha hecho en varios casos.

Para luchar de forma efectiva contra las SLAPP, se necesitan marcos legales que impidan a las empresas interponer este tipo de demandas y que permitan que los tribunales las identifiquen, cuestionen y desestimen tan pronto como se presenten. Para ello, los gobiernos, las empresas y los inversionistas, junto con la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos (así como los/as abogados/as que las defienden) deben actuar con firmeza ante esta creciente amenaza para las libertades cívicas y las personas defensoras de los derechos humanos.

Países como Australia, Canadá, Indonesia y Tailandia ya han realizado importantes avances hacia la prohibición de las SLAPP y otras formas de acoso judicial. Ha llegado el momento de que otros países sigan su ejemplo y hagan un esfuerzo para proteger su espacio cívico y, con ello, las democracias de todo el mundo.