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Opinion

14 Jun 2021

Autor(a):
Mary Lawlor, UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders

Colombia: Las responsabilidades de las empresas en contextos de conflicto y postconflicto

Vicki Brown, FPP (Accompanied by CIJP)

Evidence of deforestation, destined for business and other projects, leading the indigenous family losing 64 of the 100 hectares that have been in their family since the 1970s - Choco, Colombia, November 2019

Me gustaría empezar destacando lo valiosas que son iniciativas como la Red Empresarial de Libertades Cívicas y Defensores de Derechos Humanos, tanto por reconocer claramente el papel que las empresas tienen que desempeñar en la protección de los derechos humanos, como por intentar aumentar la comprensión del papel de la sociedad civil y de las personas defensoras de los derechos humanos. Las personas defensoras de los derechos humanos son esenciales en cualquier sociedad, pero especialmente en aquellas afectadas por conflictos, donde vigilan y documentan las violaciones de los derechos humanos, buscan la rendición de cuentas y presionan para que se apliquen las normas internacionales. Pero no deberían hacerlo solos.

Como destacan los Principios Rectores de la ONU, las empresas también tienen la obligación de garantizar que sus acciones, o la falta de ellas, no contribuyen a las violaciones de los derechos humanos. Diez años después de su publicación y dada la magnitud de los ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos relacionados con las empresas, es evidente que la mayoría de las empresas no los han puesto en práctica. Tengo claro que demasiados actores empresariales creen que pueden operar aislados de los contextos sociales en los que se encuentran. Además, muchos creen que mientras estén creando empleo - sean cuales sean las condiciones - el impacto en el tejido social no es su responsabilidad.

En el contexto específico de Colombia, este enfoque de "enterrar la cabeza en la arena" es claramente insostenible, dados los riesgos a los que se enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos que ponen de manifiesto las violaciones de los derechos humanos que han sido causadas o exacerbadas por las actividades empresariales. Como subrayó mi predecesor en el mandato en el informe que siguió a su visita a Colombia, durante años Colombia ha sido uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras que trabajan en el contexto empresarial. Tras los Acuerdos de Paz de 2016, se perdió la oportunidad de que las empresas se unieran a la sociedad civil y a las personas defensoras de los derechos humanos para promover la paz, el progreso y la reconciliación, y las personas defensoras de los derechos humanos han sido amenazadas, atacadas y asesinadas en un entorno de casi impunidad.

Es importante destacar aquí el enorme desequilibrio de poder que existe entre los actores empresariales y las personas defensoras de los derechos humanos y los líderes sociales; el capital económico y político de las empresas significa que, desde el principio, la balanza se inclina a favor del capital. Sospecho que si los líderes empresariales fueran asesinados por centenares, como lo son las personas defensoras, ya no nos encontraríamos en esta situación. Y se puede dar por sentado que las personas defensoras de los derechos humanos exigirían medidas para poner fin a estos asesinatos. De hecho, este sentimiento de impotencia es un factor que contribuye al descontento social y a las protestas, a veces violentas, que hemos visto en Colombia durante las últimas seis semanas.

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué se puede hacer? La forma más eficaz de abordar y prever los problemas de derechos humanos es que las empresas lleven a cabo la diligencia debida en materia de derechos humanos. Cualquier diligencia debida debe tener en cuenta las opiniones de las personas defensoras de los derechos humanos, debe establecer canales de comunicación con ellas y dejar la puerta abierta para una cooperación a más largo plazo, a medida que los riesgos para los derechos cambien con el tiempo, ya que la mayoría de las veces serán las personas defensoras de los derechos humanos quienes emitan las señales de advertencia de que se avecinan riesgos empresariales (y de derechos humanos) mucho mayores.

En el informe del verano pasado del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas a la Asamblea General, se destacaron los beneficios para las empresas de un proceso de compromiso participativo, exhaustivo y con recursos, con las comunidades locales. El informe señalaba un ejemplo de Colombia, donde "durante la guerra civil, una empresa de ingeniería y construcción y, por separado, una empresa de energía, lograron completar cada una un proyecto importante en el territorio controlado por los grupos insurgentes. Ambas empresas pasaron dos años participando en proyectos de desarrollo comunitario antes de iniciar las operaciones técnicas, lo que motivó a las comunidades a ayudar a las empresas a resolver los retos, incluidos los problemas derivados de las actividades de los grupos armados locales".

Dado que las empresas en situaciones de conflicto o postconflicto suelen operar en un entorno controvertido en el que partidarios y detractores pueden tener mucho que perder, el establecimiento de una política pública en torno a las personas defensoras de los derechos humanos y, a quienes son denunciantes, es esencial desde el principio, así como una declaración clara en la que se indique que no se tolerarán los ataques contra quienes pongan de manifiesto pacíficamente los problemas de derechos humanos, por muy perjudiciales que sean para la empresa.

Las empresas también tienen una responsabilidad en tiempos de agitación social, como estamos viendo ahora en Colombia. Lo más evidente es que deben garantizar que sus prácticas, políticas o productos no se utilizan para legitimar o cometer abusos contra quienes reclaman pacíficamente sus derechos. Más allá de esto, yo diría que hay razones morales, pragmáticas y empresariales convincentes e interrelacionadas para condenar el uso excesivo de la fuerza y la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos por parte de las autoridades estatales. Al utilizar su voz en defensa de los derechos y las libertades fundamentales, las empresas pueden crear un capital social al lado de las comunidades atacadas, que puede conducir a unas relaciones mejores y de mayor confianza. Es evidente que la inmensa mayoría de las empresas obtienen mejores resultados en contextos que no están desgarrados por el conflicto social. Al expresar su apoyo a las normas internacionales de derechos humanos, incluido el derecho a defender los derechos y, al mismo tiempo, criticar los excesos, las empresas pueden contribuir al establecimiento de un sistema basado en normas que les beneficie a ellas y también a la ciudadanía del país.

Hacer negocios en cualquier zona afectada por un conflicto o postconflicto tiene múltiples retos; considerar a las personas defensoras de los derechos humanos como aliadas y no como enemigas desde el principio es una forma positiva de ir abordándolos.