A nivel global enfrentamos como humanidad enormes desafíos para proteger la vida en todas sus manifestaciones y su dignidad en medio de los conflictos, las desigualdades económicas, las injusticias sociales y la destrucción de la naturaleza. La cultura económica del desarrollismo, producción y consumo desaforado, está destruyendo la vida humana y no humana.

Los Estados, los organismos multilaterales, la banca mundial, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general, debemos hacer un alto en el camino como lo propone el Papa en Laudato Si. Aunar esfuerzos para acabar con la indiferencia frente a la crisis ecológica es nuestra responsabilidad con las presentes y futuras generaciones. Las corporaciones públicas y privadas que extraen materias primas, y producen bienes y servicios genera conflictos socioambientales, violación de derechos y daños a perpetuidad a los ecosistemas. Por ello, un Tratado vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos es una demanda urgente y ética.

En América Latina, el modelo extractivista utiliza la “captura corporativa” - otra forma de corrupción - como un patrón para debilitar a los Estados en su capacidad institucional, favoreciendo el interés privado sobre el interés general, mediante reducción de impuestos, flexibilidad en la aplicación de leyes que controlan y reparan los impactos socio-ambientales en toda la cadena de valor (extracción, producción, distribución y consumo de bienes y servicios). Estos intereses privados usan su poder económico para influir en elecciones a distintos niveles; debilitan y niegan la participación ciudadana y la consulta previa; estigmatizan a las/os líderes sociales, ambientales, sindicales, campesinos, afros e indígenas poniendo en riesgo sus vidas; usan la “responsabilidad empresarial” para comprar consciencias; influyen a través de publirreportajes en la opinión pública debilitando el debate técnico, científico y despreciando los saberes y costumbres de las comunidades campesinas y ancestrales; debilitan el poder judicial, entre otros.

Pax Christi internacional trabaja con comunidades en nueve países de Latinoamérica para denunciar prácticas empresariales que afectan derechos a la vida, la salud; el agua; a un ambiente saludable; a la tierra y a la propiedad; a no ser desplazado; a la libre expresión y asociación; el derecho a la consulta previa, libre e informada; los derechos de acceso a la información, participación y justicia; a la vivienda; a la libre autodeterminación de los pueblos; a la autonomía territorial; entre otros.

Pax Christi Internacional, junto con las redes de fe y otros de sociedad civil sugerimos los siguientes elementos para el debate en el proceso hacia el Tratado:

1. Los Principios voluntarios sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas no han logrado acabar las graves violaciones a los derechos humanos. Crear o fortalecer normas de Debida Diligencia aumentaría los esfuerzos para su protección; y al mismo tiempo, es urgente un Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos, para fortalecer un sistema judicial armónico y vinculante hacia la responsabilidad jurídica de las empresas.
2. Toda acción legislativa debe buscar fortalecer al Estado Social de Derecho, garantizando procesos participativos, y sus decisiones deben tener canales vinculantes para el cumplimiento de los derechos humanos.
3. Incluir enfoques diferenciales e incluyentes respetando la autonomía territorial de las comunidades y pueblos ancestrales, en concordancia con los acuerdos y tratados internacionales. Esto incluye respetar, cuidar y proteger el patrimonio ecológico y cultural de sus territorios, el ordenamiento territorial, sus planes autónomos de vida, garantizando la no imposición de actividades o proyectos empresariales.
4. La Debida Diligencia debe brindar herramientas para la prevención, investigación, juzgamiento y reparación a la violación a los derechos humanos por parte de las empresas.
5. Las empresas mineras, petroleras y de agronegocios causan conflictos socioambientales en la región con los más altos índices de asesinatos a líderes/as ambientales en el mundo. Es urgente la aplicación de leyes vinculantes para detener la violación a los derechos humanos y sus impactos en los ecosistemas.
6. Es urgente realizar transiciones justas que detengan la destrucción de la naturaleza y garanticen vida digna a presentes y futuras generaciones.