El resultado de las negociaciones internacionales de la COP 27 de noviembre de 2022 fue desigual. Se alcanzó un acuerdo decisivo sobre la creación de un fondo de "pérdidas y daños" para los países más pobres y vulnerables, afectados por la crisis climática, aunque numerosas delegaciones manifestaron su insatisfacción por la falta de avances hacia la reducción de las emisiones de CO2 y los combustibles fósiles. Aunque la diplomacia multilateral es fundamental para detener el cambio climático, es probable que ello no sea suficiente para reforzar los cambiantes enfoques de los gobiernos y los esfuerzos voluntarios de las empresas para limitar las emisiones. Los litigios sobre el clima y la transición justa, combinados con los avances legislativos, pueden proporcionar un importante impulso a esta labor.

Los litigios como herramienta para que las comunidades afectadas aboguen por la justicia climática

Desde 2015, los litigios climáticos se han duplicado con creces hasta alcanzar un total de más de 2000 casos en todo el mundo. Los litigios sobre el clima son una herramienta, aunque imperfecta, para que las personas afectadas se aseguren de que los gobiernos y las empresas tomen medidas para luchar contra el cambio climático. Pueden actuar como nexo entre los compromisos internacionales y las medidas nacionales, con el fin de impulsar la acción climática y velar por que las empresas poderosas rinden cuentas por la degradación del ambiente en las jurisdicciones en las que tienen su casa matriz. El aumento de este tipo de demandas en todo el mundo es una señal prometedora de que es posible exigir responsabilidades a las empresas por los efectos del cambio climático en caso de que los objetivos de los tratados y las directrices voluntarias resulten insuficientes. De este modo, en un caso histórico de 2021, un tribunal holandés ordenó a Shell que redujera sus emisiones de carbono en un 45% para el año 2030, basándose en su deber de diligencia hacia la ciudadanía neerlandesa, según el Código Civil de ese país.

Muchas personas, en particular del Sur Global, han presentado demandas contra empresas por su supuesta contribución al cambio climático. En julio de 2022 unos pescadores indonesios presentaron una demanda contra la empresa suiza Holcim por sus emisiones de CO2 y el consiguiente aumento del nivel del mar. En 2015, un agricultor peruano presentó una demanda contra la empresa alemana RWE, alegando que las actividades de la compañía contribuían a un aumento de las temperaturas, lo que constituía una amenaza para sus tierras. Un tribunal regional alemán confirmó que conocería del caso y visitó el lugar en mayo de 2022.

Litigios sobre la "transición justa" – los derechos humanos en el centro de la nueva transición energética

Ante la transición necesaria hacia una economía neta de carbono cero, las inversiones en tecnologías de energías renovables y la demanda de minerales esenciales para este sector han experimentado un crecimiento exponencial. Sin embargo, se corre el riesgo de que los sectores de la energía renovable y de los minerales de transición reproduzcan las pautas de abusos de derechos humanos, endémicas en los sectores extractivos tradicionales, como los de combustibles fósiles. Los litigios relativos a una transición justa, normalmente interpuestos por los pueblos indígenas y las comunidades afectadas, son una tendencia emergente de casos basados en argumentos de derechos humanos, que cuestionan la distribución entre los beneficios y las cargas de la transición que deje los combustibles fósiles y vaya hacia las emisiones netas cero.

Algunos ejemplos son el pueblo sami, que cerró un proyecto de parque eólico en Noruega, alegando que invadiría sus pastos y violaría su derecho a disfrutar de su propia cultura, garantizado por el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por este motivo, en 2021, el Tribunal Supremo noruego anuló las licencias concedidas por el gobierno de ese país. En México, una decisión judicial anuló un contrato de EDF después de que la comunidad de Unión Hidalgo presentara una demanda contra el proyecto de energía eólica de esta empresa, debido a que no se había llevado a cabo un proceso de consulta adecuado. Además, las comunidades locales perjudicadas por el mayor proyecto de energía eólica del África subsahariana en el lago Turkana presentaron una demanda contra el arrendamiento de 150.000 acres de tierra y la falta de participación de la comunidad en el proceso de asignación de tierras. El tribunal dictaminó que no se habían seguido los procedimientos legales y constitucionales al reservar las tierras para el proyecto y ordenó que se reiniciara un proceso completo de consulta.

De este modo, el creciente número de casos sobre la "transición justa" evita hasta la fecha oponerse a la acción climática mientras intenta que los derechos humanos estén en el centro del proceso de transición energética.

Desarrollo del marco legislativo

También se observa un aumento del apoyo en favor de diversas leyes que se pueden utilizar para dar prioridad y proteger los derechos humanos de las comunidades y las personas trabajadoras afectadas a lo largo de la cadena de valor de las energías renovables, desde la minería, hasta las instalaciones de energía renovable. Dentro de los avances legislativos significativos y más importantes que se han producido en el Sur Global cabe señalar la reciente ley de Sierra Leona, que exige contar con el consentimiento de la comunidad, antes de comenzar cualquier operación minera y concede los mismos derechos sobre la tierra a las mujeres. En Kenya, las personas activistas del lago Turkana han utilizado una ley de 2016 que exige el consentimiento de la comunidad antes de la venta de tierras, para evitar la corrupción.

La legislación obligatoria sobre diligencia debida en materia de derechos humanos es otra vía para luchar contra el cambio climático. En Francia, las ONG y las autoridades locales han recurrido a la ley francesa sobre el deber de vigilancia en su demanda contra Total por causa del cambio climático. Mientras se debate la directiva sobre diligencia debida de la UE, las personas activistas han destacado la necesidad de que se incluya en este marco la diligencia debida en materia de cambio climático.

Si se utilizan de forma combinada, los litigios y la legislación nacional o regional pueden proporcionar herramientas a los actores locales y nacionales para afirmar y proteger los derechos humanos, en tanto que el mundo trabaja para combatir el cambio climático y realizar una transición justa hacia las energías renovables.