La comunidad binnizá de Unión Hidalgo, está asentada en el Istmo de Tehuantepec, al sur de México. Es una comunidad indígena que, como muchas en México, conserva formas de organización sociopolítica propias, un vínculo identitario con su territorio y tradiciones y cosmovisiones particulares. Por otro lado, por sus características climáticas y geográficas, Unión Hidalgo y otras poblaciones en la región del Istmo en Oaxaca son escenario de una invasión de proyectos empresariales faraónicos para la explotación del viento. La industria eólica se ha asentado en un contexto de serias violaciones a los derechos humanos y de estigmatización y violencia a líderes de las comunidades y personas defensoras.

Si bien, el Estado mexicano prevé un marco jurídico que protege el derecho de los pueblos originarios a la autodeterminación y el respeto de sus medios de vida y territorios y desde 1991 ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo reforzando el compromiso del Estado con los derechos de los pueblos indígenas, se comenten violaciones a los derechos humanos vinculadas con las actividades empresariales en la región. Las empresas transnacionales juegan un rol protagónico a la hora de perpetrar directamente, contribuir o respaldar diferentes abusos a los derechos de los pueblos indígenas y acciones de violencia contra las personas defensoras del medio ambiente y la tierra que se oponen a los proyectos empresariales a gran escala.

No es poco frecuente que se descubra que corporaciones influyen intencionalmente en los procesos de decisiones de las comunidades sobre proyectos económicos, por ejemplo, prometiendo beneficios o interfiriendo en los mecanismos de participación. Estas estrategias de presión generan división e incentivan conflictos sociales violentos. Además, las empresas suelen continuar con sus proyectos a pesar del fracaso estatal de garantizar la protección de los derechos humanos y de los derechos de las comunidades afectadas por dichos proyectos.

Desde 2013 Unión Hidalgo ha luchado por su territorio y bienes naturales frente a corporaciones que pretenden instalar parques cometiendo abusos. La lucha comenzó contra el proyecto Piedra Larga de la empresa española Renovalia Energy que, a pesar de no haber sido consultado, fue inaugurado en 2012, en medio de ataques contra defensoras y defensores y de litigios (todavía en curso) por la firma ilegal de contratos de usufructo en tierras comunales.

Posteriormente, en 2017 inició un proceso jurídico contra la pretensión de instalar un parque en su territorio, sin el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad. Electricité de France (EDF) inició negociaciones sobre el proyecto eólico Gunaa Sicarú con personas específicas de la comunidad, solicitó un permiso de generación de energía, firmó contratos de compraventa de la energía y memorandos de entendimiento con autoridades. Todas estas acciones se produjeron sin consultar previamente a la comunidad de Unión Hidalgo, por el contrario incentivando una división entre los habitantes e instalando un ambiente de violencia.

Las autoridades judiciales en México reconocieron la violación al consentimiento previo de Unión Hidalgo y en octubre de 2018 ordenaron emprender un proceso de consulta que se apegara a los más altos estándares en la materia; pero hasta ahora, la implementación de esta resolución es insuficiente. Como consecuencia de la ausencia de participación efectiva de la comunidad, los miembros de la asamblea de comuneros y personas defensoras han sido estigmatizados como opositores al desarrollo y crecimiento de la comunidad, son tildados de “antieólicos” o de tener una agenda oculta para oponerse a los proyectos, son amenazados durante sus participaciones en las asambleas de comunidad y hostigados o agredidos para disuadirlos de continuar su exigencia por los derechos humanos. Organizaciones civiles, organismos públicos de derechos humanos y expertos internacionales han hecho múltiples llamados a gobiernos y a las empresas involucradas a proteger a las personas defensoras de Unión Hidalgo.

Paralelamente a las agresiones y persecuciones, se alega que representantes de las empresas y sus socios han desplegado estrategias para separar a la comunidad, la empresa negó tales afirmaciones. Es por ello que desde 2011, los defensores de Unión Hidalgo han sido beneficiarios de medidas cautelares del ombudsman local por su situación de riesgo ante los proyectos eólicos, y que estas medidas han sido acompañadas por una solicitud de la comisión Nacional de Derechos Humanos para suspender una consulta que no cumplía con los estándares internacionales.

En 2018, representantes de la comunidad presentaron una queja contra EDF ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) de Francia. Sin embargo, los peticionarios abandonaron el proceso tras denunciar nulos resultados y una pobre actuación del PNC . Ante este escenario es que las defensoras y defensores de Unión Hidalgo, ProDESC y el ECCHR se dirigieron a EDF utilizando la ley francesa de vigilancia, una ley de debida diligencia obligatoria para buscar en la justicia francesa un resultado favorable. El 13 de octubre de 2020 presentaron una acción legal y casi un año después esperan su segunda audiencia para que el juez decida sobre la competencia y refrende el carácter preventivo de esta ley.

Obstáculos como la corrupción, la falta de información sobre los proyectos y los actores involucrados, la evidente asimetría de poder entre corporaciones internacionales y comunidades, sumadas a la ausencia de mecanismos obligatorios de rendición de cuentas empresariales, procedimientos de debida diligencia que no son efectivos sino simulaciones o ejercicios de marcar casillas y una situación historica y estructural de discriminación a los pueblos indígenas, minan el camino para que las comunidades afectadas por proyectos empresariales obtengan reparaciones integrales y justicia por las violaciones a sus derechos humanos.

Estas deficiencias no son casuales sino evidencias de una captura corporativa del Estado. Incluso, como es el caso de Unión Hidalgo, cuando las comunidades logran presentar ante un tribunal sus demandas, existe poca seguridad de que el proceso tome en cuenta estas desigualdades y exige a las comunidades un estándar de expertise que sólo las aleja de obtener reparaciones.

Por esta razón, la comunidad y ProDESC implementan una defensa integral que toma en cuenta el proceso organizativo de la comunidad a fin de reconstruir los lazos comunitarios, fortalecer el vínculo identitario con el territorio, rescatar la memoria histórica como la asamblea de comuneros y reconocerse como personas defensoras de derechos humanos. En ese mismo sentido, las acciones de vinculación con otras comunidades en la región cuyas luchas convergen con las de Unión Hidalgo ha sido importante para contrarrestar las desigualdades mencionadas.

Finalmente, resaltamos que cuando las acciones organizativas de defensa parten de una visión crítica y contrahegemónica de los derechos humanos, constituyen una herramienta idónea de lucha y cambio social, particularmente porque se trata de resistencias construidas desde los saberes de las propias comunidades afectadas. La comunidad de Unión Hidalgo y muchas comunidades del Sur Global, resisten y dibujan las claves para imaginar un futuro con justicia social y ambiental.