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¿Su gobierno ha adoptado alguna iniciativa para reducir los impactos negativos de las empresas en los derechos humanos que usted considere particularmente exitosa? Por favor indique uno o más ejemplos al respecto.

Entre las iniciativas que se han llevado a cabo, podemos destacar el Punto Nacional de Contacto de OCDE (PNC). En Chile, el PNC está radicado en la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y está conformado por tres órganos principales:

Secretaría Ejecutiva: Órgano conformado por el Punto Nacional de Contacto y los funcionarios asociados a éste. Las principales funciones de esta Secretaría son el apoyo y colaboración en el estudio y seguimiento de los casos presentados ante el PNC, reunión con las partes, y los Consejos respectivos, y la coordinación y organización de las actividades de difusión.  

Comité Espejo: Es un órgano conformado por representantes del sector empresarial; representantes de las organizaciones sindicales; representantes de las organizaciones no gubernamentales; y expertos. Tiene como atribución principal asesorar en sus labores al Punto Nacional de Contacto. Asimismo, se busca que este Consejo sea una instancia para informar acerca del trabajo del PNC en su labor de difusión y el tratamiento de los casos que recibe.

Consejo Consultivo: Este Consejo está conformado por representantes de instituciones públicas. Su objetivo principal es asesorar al PNC en el cumplimiento de sus objetivos, especialmente, en el tratamiento de los casos que sean sometidos a su conocimiento, elaborando recomendaciones sobre cómo proceder, siendo consultadas áreas específicas de dicho Consejo que permitan emitir conceptos técnicos relacionados con la materia objeto del caso específico presentado.

Otra iniciativa que emprendió el Estado de Chile fue la creación del Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible del Ministerio de Economía, instancia multi actor que considera los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas como uno de los instrumentos de su trabajo.

Por último, una iniciativa que se encuentra en desarrollo es la Guía País de Derechos Humanos y Empresas, que se está trabajando bajo la orientación del Instituto Danés de Derechos Humanos. La Guía País es una herramienta gratuita, comprensiva y de fácil acceso para las empresas y otras partes interesadas, destinada a identificar los impactos adversos a los derechos humanos que puedan causar sus operaciones (incluidos aquellos impactos relacionados con sus cadenas de valor, proveedores u otros socios comerciales) en países específicos. La Guía es una plataforma virtual, organizada de acuerdo a temas, que las empresas pueden consultar para evitar impactos adversos en los derechos humanos.

¿Qué departamento o departamentos tienen una responsabilidad significativa respecto a las empresas y los derechos humanos dentro de su gobierno?

El Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible del Ministerio de Economía,  instancia multi actor que tiene por objeto asesorar al Ministro de Economía,  reconoce los Principios Rectores como un antecedente fundamental para desarrollar su trabajo.  

Dentro de los miembros del Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible se encuentran: la Directora Ejecutiva de Pacto Global-Chile; el Punto Nacional de Contacto de las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales; tres representantes de asociaciones empresariales (los Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Cámara Comercio de Santiago y Confederación de la Producción y el Comercio), dos representantes de empresas de menor tamaño y emprendedores (el presidente de Conapyme-asociación gremial de Empresas Pequeñas y Medianas- y el Director Ejecutivo ASECH - Asociación de Emprendedores en Chile), dos representantes de organizaciones no gubernamentales (el Presidente de la Asociación Chilena de ONG, “Acción” y el Director Ejecutivo de “Acción RSE” ), un representante de organizaciones sindicales (el secretario de relaciones internacionales de la Central Unitaria de Trabajadores) y dos representantes de la academia (el Director Ejecutivo del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad de Chile y el Director Ejecutivo del Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso).

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores está fortaleciendo su institucionalidad interna con el objetivo de alentar el diálogo tendiente a la implementación de los Principios Rectores en Chile. La Dirección de Derechos Humanos está actualmente coordinando el tema.  

¿Su gobierno ha promovido nuevas iniciativas en el tema de empresas y derechos humanos, o ha fortalecido las ya existentes, desde la aprobación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas en junio de 2011?

Hasta el momento, la iniciativa más importante que ha promovido el Estado de Chile fue la creación del Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, El Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible comenzó a funcionar en agosto del año 2013 con el propósito de asesorar al Ministro de Economía en la identificación de oportunidades para avanzar hacia una política de Estado en materia de desarrollo sostenible, a través de recomendaciones y propuestas. Los Principios Rectores constituyen uno de los antecedentes fundamentales del recién instituido Consejo de Responsabilidad, tal como da cuenta su decreto de constitución (Decreto N°60 de 2013 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo). En consecuencia, tanto su promoción como los desafíos vinculados a su implementación, constituyen una de las tareas principales del Consejo.

El Consejo se encuentra desarrollando su Plan de Trabajo para los próximos años, entre cuyas medidas se encuentra la creación de un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, el que se llevará a cabo tomando en cuenta un estudio de línea base que de cuenta de la situación actual en el país respecto a la implementación de los Principios Rectores, y un diálogo amplio y transparente.

¿Su gobierno ha adoptado un Plan de Acción Nacional sobre las empresas y los derechos humanos como lo recomienda el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, o lo hará en el futuro?

El Gobierno de Chile no ha adoptado aún un Plan de Acción Nacional sobre empresas y derechos humanos hasta el momento, pero está planeando desarrollar uno para llevar a cabo la implementación de los Principios Rectores en el país.

El Consejo de Responsabilidad Social realizó un Plan de Trabajo, entre cuyas medidas se encuentra el desarrollo de un Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, el que se hará tomando en cuenta un estudio de línea base sobre la situación actual en el país respecto a la implementación de los Principios Rectores.  

Si su gobierno ha adoptado un Plan Nacional de Acción o está planeando adoptar uno, por favor destaque si hace referencia a las normas internacionales de derechos humanos y si se adoptaron bajo consulta con las partes interesadas y afectadas.

The Action Plan on Business & Human Rights to implement will be referred to the UN Guiding Principles on business & human rights and will count on the engagement of all stakeholders.

¿Qué pasos se han dado para desarrollar nuevos mecanismos de reparación judiciales o administrativos o para limitar los obstáculos que presentan actualmente los mecanismos de reparación para las víctimas?

Respecto a mecanismos de reparación ya existentes dentro del Estado, podemos informar lo señalado en el cuestionario enviado al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas en junio del presente año (respuesta a pregunta N° 29 de dicho cuestionario):  

En el marco de la asistencia jurídica, la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana (CAJ), es una entidad de derecho público cuya misión se traduce en dos aspectos esenciales: a) Proporcionar asistencia judicial y/o jurídica gratuita a personas de escasos recursos y b) Proporcionar los medios para efectuar la práctica necesaria para el ejercicio de la profesión a los postulantes a obtener el título de abogado.

Dependiente de la Dirección de Oficinas Especializadas, se encuentra la Oficina de Derechos Humanos, a quien le corresponde asumir el patrocinio en causas de extranjería y migración, donde se entablan acciones en contra del Ministerio del Interior, acciones contra agentes del Estado por crímenes de lesa humanidad, acciones de protección o amparo en contra de funcionarios policiales por violencia innecesaria, acciones en contra del Fisco por actos cometidos por agentes del Estado, persiguiendo su responsabilidad patrimonial.

De manera excepcional se ejercen también acciones en contra de cualquier privado, sea persona natural o persona jurídica de derecho privado que atente en contra de otro individuo y que afecte sus derechos humanos, recurriendo por la vía de acciones de protección. En este contexto, si bien la CAJ presta asistencia jurídica a víctimas de vulneraciones a sus derechos humanos, la mayoría de las acciones son contra el Estado y excepcionalmente en contra de empresas (personas jurídicas) privadas.  

Por otra parte, cabe señalar que en materia penal el Ministerio Público adopta medidas de asistencia y protección respecto de todas las víctimas de algún delito cuya persecución le corresponda. De esta manera, las víctimas de abusos de derechos humanos serán asistidas en la medida que dichos abusos sean constitutivos de algún delito de su competencia.

Para dar cumplimiento a la señalada función constitucional y legal de brindar atención y protección a las víctimas y testigos, el Ministerio Público a través de la División de Atención a Víctimas y Testigos, ha implementado en todo el país el Modelo Orientación, Protección y Apoyo(OPA), para Víctimas y Testigos, que tiene por objeto incentivar la participación de estos sujetos procesales en el proceso penal, mediante la entrega de servicios de Orientación que comprende información sobre el proceso penal y sus etapas, derechos y obligaciones, etc.; Protección considerando la intimidación o amenaza de que es objeto acorde al resultado de su evaluación de intimidación o riesgo, y; Apoyo para facilitar la participación en las diligencias de investigación y en el juicio oral. Estos servicios se otorgan conforme a la etapa del proceso penal en la que se encuentra la víctima o testigo.

Dentro de esta estructura se han desarrollado modelos o líneas especializadas de intervención para dar respuesta a requerimientos específicos de determinadas categorías de usuarios, siempre contemplando las prestaciones que se entregan dentro de los servicios de Orientación, Protección y Apoyo, pero considerando las características y requerimientos específicos de estas víctimas y/o testigos. De esta manera, se ha implementado el modelo Especializado de Intervención Inmediata para Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Intervención Especializada para Menores de Edad Víctimas de Delitos Sexuales y Delitos en contexto de Violencia Intrafamiliar y el Modelo de Protección a Víctimas y Testigos en Casos Complejos.

Dentro de los servicios indicados se otorgan una serie de prestaciones económicas y de otra naturaleza. Así, en el servicio de orientación puede ser necesario el pago de traslados para que concurra la víctima a la fiscalía o requerir la contratación de un intérprete de señas si la víctima no puede comunicarse a través del lenguaje hablado, etc. Respecto del servicio de protección, las medidas van desde rondas policiales, acompañamiento policial permanente, instalación de alarmas, reubicación, pago de traslados, asistencia psicológica y/o psiquiátrica, solicitud de medidas de protección en audiencia, etc. y en lo relativo al apoyo, se pueden otorgar medidas tales como pago de traslados para asistir a una diligencia o al juicio oral, alimentación, alojamiento, etc. Cuando las medidas involucran gastos, el Ministerio Público dispone para ello dentro de su presupuesto anual del fondo de aportes económicos para víctimas y testigos, destinado a satisfacer los requerimientos de las víctimas y testigos de toda clase de delito.

Conforme a lo anterior, las víctimas de abusos de derechos humanos son asistidas por el Ministerio Público en sus necesidades aplicando el modelo OPA a través del cual se le entregarán las prestaciones correspondientes dentro del servicio que requiera, esto es, orientación, protección y apoyo, todo ello como ya se señalara, si dichos abusos constituyen algún delito.

Por último, cabe hacer una referencia más específica al modelo de Protección a Víctimas y Testigos en “casos complejos”, dado que los abusos a los derechos humanos de las víctimas pueden provenir de empresas con capacidad de generar condiciones de intimidación difíciles de neutralizar con la aplicación de medidas ordinarias de protección. Este modelo tiene por objeto  otorgar protección especializada, inmediata y eficaz a quienes hayan declarado o deban declararen el contexto de un proceso penal, en calidad de víctima, testigo, o perito y su familia, por encontrarse en una situación de riesgo excepcional, requiriendo la elaboración e implementación de una estrategia de protección. Para ello, se constituye como órgano asesor del Fiscal Regional un Consejo Regional de Protección que integran personal del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile.

¿Qué pasos se han dado para desarrollar mecanismos extrajudiciales, mejorar los mecanismos actuales, y reducir los obstáculos para las víctimas?

Respuesta dada en su oportunidad al cuestionario del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas (Preguntas N° 30 y 32 de dicho cuestionario)

Desde la adhesión de Chile a las Líneas Directrices y el mandato de crear Puntos Nacionales de Contacto, se ha reforzado la eficacia de este instrumento así como dado respuestas a las solicitudes de información y ofrecer un espacio de mediación y conciliación destinado a resolver los problemas relacionados con un supuesto incumplimiento de las Líneas Directrices. El PNC de Chile elaboró un procedimiento para la resolución de casos y un cuestionario inicial en apoyo a las partes que tuvieran la necesidad de presentar un caso ante dicho PNC. La información se encuentra disponible en el sitio web del PNC de Chile: [enlace]

En materia de derechos de consumidores, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) es la institución del Estado responsable de vigilar que se respeten los derechos de las/os consumidores e implementar una política de protección de los derechos de los consumidores financieros, promoviendo para ello mercados justos, eficientes y competitivos. La misión de SERNAC es informar, proteger, educar, promover la participación ciudadana y fomentar la seguridad en el consumo. Entre los años 2010 y 2013, se realizaron más de 360 mediaciones colectivas, las que tuvieron por objeto reducir los tiempos de los litigios y mayor compensación a los consumidores. Así también, durante estos años se interpusieron 56 demandas colectivas en contra de empresas privadas (La Polar, CENCOSUD y Farmacias).

Al año 2013 se presentaron más de 312.000 reclamos contra empresas ante el SERNAC.

Por su parte, en cuento a los derechos laborales la Dirección del Trabajo tiene como misión institucional velar por el cumplimiento de la legislación laboral, fiscalizando, interpretando, orientando la correcta aplicación de la normativa y promoviendo la capacidad de autorregulación de las partes, en la búsqueda del desarrollo de relaciones de equilibrio entre empleadores y trabajadores. En los últimos años, una de las medidas para promover el cumplimiento de la normativa nacional se ha enfocado en la fiscalización, las que se desglosan en: a) el 34,3% micro empresas, b) el 26,1% pequeñas empresas, c) el 25,2% grandes empresas y d) el 14,3% medianas empresas. En los últimos cuatro años se realizaron 448.593 fiscalizaciones y 747.000 visitas inspectivas.

Durante los últimos cuatro años se presentaron 12.493 denuncias por derechos fundamentales. De ellas, 3.564 fueron constatadas como derechos fundamentales, 1.456 terminadas en acuerdo durante la mediación y 413 demandas presentadas en Tribunales.

En el mismo período la Dirección del Trabajo ha realizado 2.501 actuaciones de buenos oficios a favor de 390.785 trabajadores. El 59,2% de las actuaciones terminaron con acuerdo de las partes. Las negociaciones colectivas que fueron terminadas a través de los buenos oficios suman 1.646, con lo cual se benefició a 190.000 trabajadores.

Para las empresas que tengan casa matriz en su país o sus subsidiarias ¿su gobierno ha dado pasos para mejorar la rendición de cuentas sobre el impacto en derechos humanos en el exterior? 

Respuesta dada en su oportunidad al cuestionario del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas (Preguntas N° 18, 19 y 28)

De acuerdo a las obligaciones de reforzar la eficacia de las Líneas Directrices a través de actividades de promoción, el Punto Nacional de Contacto (PNC) elaboró un tríptico para la difusión de las Líneas Directrices y el rol del PNC, el que fue enviado a todas las Embajadas y Misiones comerciales. Asimismo, se han realizado distintas capacitaciones desde la incorporación el año 2011del capítulo IV dedicado a los Derechos Humanos, con el objetivo de acercar a los funcionarios diplomáticos la importancia de este Instrumento. Finalmente, el PNC participó en una actividad organizada por el PNC de Colombia, momento que fue aprovechado para mantener reunión con funcionarios de la Embajada de Chile en ese país, así como inversores y exportadores de ese país.    

Tras la actualización de las Líneas Directrices el año 2011 y el nuevo enfoque global de la debida diligencia y la gestión responsable de la cadena de suministro, el PNC de Chile consciente de la importancia de dar un seguimiento responsable a toda la cadena, ha realizado diferentes actividades de difusión destinadas a concientizar a todos los sectores.

Por el momento las empresas no tienen una obligación formal de informar al PNC si disponen de procedimientos específicos sobre debida diligencia. Sin embargo, en el año 2013 se tomó contacto con las principales empresas estatales del país para conocer si su actuar estaba en concordancia con las Líneas Directrices OCDE. Se espera seguir desarrollando esta temática.

En principio y como regla general no se puede presentar ante los tribunales nacionales casos contra las empresas por presuntos abusos de los derechos humanos que fueron cometidos en el extranjero, pues la jurisdicción de los tribunales chilenos tanto en materia civil como penal se rige por el principio de la territorialidad (art. 76 CPR, 5º y157 del COT). En consecuencia, los tribunales chilenos sólo son competentes para conocer de los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la República. La jurisdicción de los órganos resolutivos chilenos no se extiende más allá de nuestras fronteras, así como tampoco pueden los tribunales extranjeros resolver asuntos que se hayan promovido en Chile. Sin embargo existen normas en nuestro ordenamiento que excepción al el principio de la territorialidad, lo que podría otorgarle competencia a los tribunales chilenos en determinados casos.

El artículo 6º del Código Orgánico de Tribunales señala que quedan dentro de la jurisdicción chilena los crímenes y simples delitos perpetrados fuera del territorio de la República que se indican (ver 167 COT); señalando en su numeral 8) “Los comprendidos en tratados celebrados con otras potencias”.  

La Ley Nº 20.393, no contiene norma especial en materia de investigación y juzgamiento en Chile de hechos acaecidos en el extranjero; además, su campo de aplicación material es muy restringido. En consecuencia, un tribunal chileno con competencia penal no podría conocer y juzgar los delitos contra los derechos humanos ya que los tratados internacionales suscritos por Chile en materia de derechos humanos no tipifican ni sancionan delitos, sino que establecen principios que deberán hacerse valer en otras instancias, incluso considerándolos fuentes de ius cogens.  

No obstante, en virtud del artículo 6 Nº 8 del COT podría permitirse, en la eventualidad que existiera un tratado internacional que tipifique y sancione específicamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el caso planteado, que los tribunales chilenos puedan conocer de esos casos.

En materia de acciones civiles de indemnización de perjuicios derivados de las violaciones a los derechos humanos, no existiendo normas especiales que regulen la materia, podrán plantearse ante el tribunal civil que resulte competente según las reglas generales. Estas últimas, en materia de competencia judicial internacional civil se refieren a las normas contempladas en el Código de Derecho Internacional Privado, ya que existe un vacío en esta materia en la legislación interna de Chile. Según los artículos 318 y siguientes del código señalado, serían competentes los tribunales civiles chilenos solo en el caso que exista un pacto de sumisión entre las partes, o bien, la parte demandada tenga domicilio o residencia en Chile. Debe recordarse que la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, es muy fecunda en cuanto a la procedencia de indemnizaciones civiles producto de violaciones a derechos fundamentales, criterio que también ha sustentado hace mucho tiempo la Corte Interamericana de DD.HH., basado en la obligación de control de convencionalidad que tienen todos los órganos del Estado.

¿Qué tipo de apoyo, si lo hay, su gobierno acogería con agrado como apoyo a sus acciones para mejorar el impacto que tienen las empresas sobre los derechos humanos?

Chile se encuentra actualmente ante el desafío de implementar los Principios Rectores. El país está en una etapa inicial en la que el fortalecimiento de capacidades, tanto dentro del Estado, como fuera de él, es indispensable. El Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra trabajando para generar espacios que permitan desarrollar un debate interno en la materia. En este punto, es fundamental el fortalecimiento de capacidades que permitan a todos los actores entender el alcance de los Principios Rectores, con el fin de alentar un diálogo nacional amplio, abierto e informado. En este sentido, agradecemos todo apoyo que su organización nos pueda dar en esta etapa, relacionada a entrenamiento, difusión y discusión sobre la materia a nivel nacional.  

Chile también ha alentado fuertemente el tratamiento de este tema a nivel regional, a través de la presentación de una resolución en la última Asamblea General ONU que apunta a la implementación de los Principios Rectores. En este sentido, también creemos que sería de utilidad el apoyo y asistencia técnica que se pueda dar para fomentar el diálogo e intercambio de buenas prácticas en la Región, que apunten al objetivo propuesto en la resolución.

Por favor, comparta con nosotros cualquier comentario adicional, incluyendo ideas sobre formas de colaboración futuras y aprendizaje compartido para promover el tema de las empresas y los derechos humanos.

Además de lo ya señalado respecto a la difusión y fomento del diálogo con el objeto de implementar los Principios Rectores, puede ser de utilidad un estudio y análisis de buenas prácticas a nivel internacional sobre las diferentes metodologías utilizadas al desarrollar un Plan Nacional de Acción. En este sentido, un análisis sobre los procesos mediante los cuales se desarrollaron los Planes Nacionales de Acción en los países en que estos se han llevado a cabo puede ser de utilidad. Creemos que puede ser interesante además comparar y analizar los países en que se han llevado a cabo Planes Nacionales de Acción sobre empresas y derechos humanos, y aquellos que han hecho Planes nacionales de Acción sobre Responsabilidad Social Empresarial, que incluyen el tema de derechos humanos. Analizar por qué se ha hecho así y la conveniencia de hacerlo de una u otra forma, así como los puntos en que convergen.