Tras revisar la decisión por pedido del Ejecutivo, que considera que sin esa técnica el país entraría en una emergencia energética, el Consejo de Estado ratificó los argumentos de organizaciones ambientales y sociales sobre los impactos negativos en el ambiente y las comunidades que implica ese método de extracción de gas y petróleo.  La decisión se refirió al caso de Drummond, entre otras empresas.