Luego que la Corte Constitucional fallara en 2017 una sentencia a favor de las comunidades wayuu contra Cerrejón (parte de Anglo American, BHP y Glencore), por haber desviado el cauce del Arroyo Bruno para expandir su área de explotación de carbón en La Guajira, la Corte ordenó a la protección de los derechos al agua, a la soberanía alimentaria y a la salud de la comunidad. Tres años después, la Contraloría en desarrollo de su auditoría a las órdenes de la Corte, señala que el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y la autoridad local ambiental (Corpoguajira), estarían en desacato de las órdenes y podrían recibir sanciones administrativas, por cuanto los estudios técnicos presentados por estas instituciones no cumplen con los parámetros de la Corte, a saber: espacios suficientes y amplios de participación de las comunidades wayuu e información técnica ambiental y social independiente, que no sea de la empresa, que evalúe el daño irreversible en el ecosistema y la población. El desacato favorecería a la empresa Cerrejón directamente, según la Contraloría.