…Veintiséis años después de la "guerra verde" que enfrentó a Gilberto Molina, Víctor Carranza y Luis Murcia Chaparro, entre otros, con el fin de hacerse con la mina de Coscuez (Boyacá-Colombia), una confrontación que generó múltiples violaciones de los derechos humanos e incontables muertes, muchas de las cuales quedaron en la impunidad. Adicionalmente, importantes empresarios del sector, como el fallecido Víctor Carranza, se constituyeron en actores empresariales acusados de estar asociados a grupos armados ilegales, financiando y creando grupos paramilitares que ejercieron su violencia en varias regiones del país.  A pesar del tiempo transcurrido, la formalización de la extracción esmeraldera sigue siendo una tarea pendiente, en un sector que reportó la generación de 75.000 empleos para 2017, siendo la mayoría de carácter informal, situación aprovechada por las empresas del sector que, para el año 2018 generaron US$ 150 millones en ganancias, mientras las condiciones de trabajo en las minas no son idóneas y en donde la libertad de asociación se encuentra significativamente limitada en razón de la historia de violencia en el sector. Finalmente, los empresarios esmeralderos aún tienen cuentas pendientes en materia de verdad y reparación, por su supuesta participación activa en el conflicto armado…