Tras reiteradas amenazas de muerte, hostigamientos y persecución contra líderes de organizaciones de mujeres, sindicatos y grupos sociales que trabajan por los derechos humanos de la población en los departamentos de La Guajira y el Cesar, lugares donde se realiza la explotación de recursos naturales como el carbón y el gas, las empresas más grandes del sector emitieron un pronunciamiento conjunto, mientras que Cerrejón ha producido otros dos pronunciamientos pidiendo al Estado investigar y sancionar estas amenazas.