Mientras que análisis periodísticos sobre dilemas entre conservación y respeto a las libertades ciudadanas en zonas de protección natural, se refieren a las consultas populares que no se tuvieron en cuenta para la delimitación de los páramos, en el caso del páramo de Santurbán, en Santander, las organizaciones sociales que luchan por la defensa del agua, denunciaron que la empresa Minesa, de Mubadala, impide el ingreso de funcionarios de la Contraloría General de la República mientras que, la población minera que ha explotado artesanalmente y con minería de socavón el oro de los municipios de Vetas y California, pugna por su reconocimiento y participación real en la continuidad de su forma de vida.