... El pasado 10 de diciembre de 2019 diferentes organizaciones de la sociedad civil que promueven la defensa y respeto de derechos humanos en Colombia iniciaron su estrategia para que, en el país, defender derechos humanos y liderar comunidades sean derechos plenamente reconocidos y garantizados. En este orden de ideas, dichas organizaciones recurrieron a la acción de tutela, buscando la declaratoria de un Estado de Cosas Inconstitucional frente a la violencia contra líderes y lideresas sociales, teniendo en cuenta que el gobierno colombiano estableció en el Acuerdo de paz firmado con la antigua guerrilla de las FARC que, mediante los planes de acción oportuna, se debía garantizar la protesta social, la defensa de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones del Estado de Investigar, juzgar y sancionar a quienes atenten contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales. Muchas de estas personas han sido abiertas opositoras a la intervención de empresas en sus territorios, ya sea por los conflictos ambientales que generan o por la connivencia de actores económicos con grupos armados ilegales y, el uso de la fuerza pública para la defensa de sus intereses. Este activismo ha costado la vida a muchas y muchos de los lideres sociales, como fue documentado por el CIEDH. Finalmente, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá devolviera la tutela a la primera instancia, el Juez 55 Civil del Circuito falló a favor de las pretensiones incoadas por los tutelantes…