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Colombia: Informe de ONG señala que en amenazas y ataques a defensores/as del ambiente y el territorio, existe un rol negativo de empresas minero-energéticas

A través del análisis de la grave situación de amenazas y ataques al grupo de mujeres abogadas del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, de Bucaramanga y Cúcuta, a Héctor Sánchez, en Puerto Gaitán y de Miller Dussán, en Neiva, todos ligados a la denuncia de impactos sociales y ambientales de proyectos de minería de carbón y oro a cielo abierto, así como petróleo e hidroeléctricas, ocurridos en el pasado reciente, el Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos (FIDH-OMCT) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) plantean en un nuevo informe una serie de recomendaciones al Estado colombiano para prevenir, investigar y castigar la persecución a defensoras y defensores de derechos humanos (Se refiere a Emgesa, parte de Enel; Eco Oro Minerals, ConocoPhillips, Isagen (parte de Brookfield), Pacific Exploration & Production (ahora Frontera Energy) y Ecopetrol). El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos había invitado en el pasado a responder a Enel, ConocoPhillips, Pacific Exploration & Production, Ecopetrol e Isagen a denuncias relacionadas con los mismos casos.

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6 October 2017

“Colombia: Informe revela el rol de los actores empresariales y estatales en el incremento de las amenazas a personas defensoras del ambiente y el territorio”

Autor(a): Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos (FIDH-OMCT) y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)

El Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos (FIDH-OMCT) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) publican hoy un informe que llama la atención sobre un fenómeno poco analizado: el rol específico de los actores económicos en la vulnerabilidad de las personas y grupos defensores del territorio y el ambiente y en particular la captura empresarial del Estado, que cuesta la seguridad, tranquilidad e incluso la vida a estas personas defensoras…a través de tres casos emblemáticos, describe la relación entre el Estado, las empresas y los ataques que sufren las personas y grupos defensores del territorio y del ambiente…La acumulación de procesos judiciales, la estigmatización, y las amenazas en contra de las abogadas de la Corporación Colectivo de Abogados “Luis Carlos Pérez” (CCALCP) y su relación cronológica y circunstancial con momentos clave de su trabajo de denuncia del impacto negativo de las actividades de empresas en los derechos del pueblo indígena Barí y diversas comunidades campesinas de la región del Catatumbo, cuestionan el rol de las empresas en esos ataques…De la misma manera la criminalización indebida del líder sindical y ambiental Héctor Sánchez Gómez y el académico activista Miller Dussán, muestra la instrumentalización por parte de empresas como Pacific E&P [Emgesa], del derecho penal, mediante la radicación de denuncias desproporcionadas, la incidencia indebida sobre magistrados, jueces locales y fiscales, entre otros, para frenar o desarticular los procesos colectivos en momentos en que adelantan acciones para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos.

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