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Informe

¿Economías de cuidado o de abuso? Conducta empresarial en México durante la pandemia de Covid-19

El informe muestra cómo las y los trabajadores de la maquila, la energía y la agroindustria, han sido afectados en su salud y en sus condiciones laborales; muestra también cómo las empresas en estos ramos de la economía deberían lograr mejores prácticas laborales incorporando el enfoque de derechos humanos, particularmente el de igualad y no discriminación, en sus estrategias durante la pandemia. La visibilización que este informe logra, de las situaciones específicas de vulneración o violación a los derechos humanos durante la pandemia es muy valiosa, como lo son también las recomendaciones que las empresas y empleadores deben asumir en el contexto de esta pandemia. El informe nos acerca a realidades que gobiernos, empresas y sociedad, debemos y podemos transformar con criterios de igualdad y no discriminación
Adelina González Marín, Directora de Promoción de Cultura y No Discriminación, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED)
Las formas en que las empresas responden frente a la variedad de problemas de conducta empresarial responsable (CER) en el marco de la crisis tendrán repercusiones duraderas en relación con sus balances y productividad durante el período de recuperación. Es probable que las empresas que tomen medidas proactivas para abordar los riesgos del COVID-19 de una manera que mitiguen los impactos adversos sobre los trabajadores y las cadenas de suministro, también generen más valor y resistencia en el largo plazo, mejorando su viabilidad a corto plazo y sus perspectivas de recuperación tanto en el mediano como largo plazo. En el corto plazo, mantener presente la CER en medio de la crisis también garantizará que la respuesta no tenga efectos adversos en las personas y el planeta
Centro de la OCDE para la Conducta Empresarial Responsable
Es fundamental que las empresas públicas y privadas rindan cuentas por los abusos a derechos humanos que cometen. Este informe es apenas una síntesis de algo que sucede a gran escala en México y el mundo, y que se ha profundizado durante la pandemia. Por eso es urgente poner un freno cuanto antes a la impunidad corporativa y que desde la sociedad civil y las comunidades nos mantengamos vigilantes y exigiendo que se protejan los derechos
Fernanda Hopenhaym, Codirectora Ejecutiva de PODER
Toda la cadena de suministro está plagada de violaciones a DDHH que también deben ser evidenciadas. El COVID ha dado ventajas a las Empresas para violar más los derechos humanos con la venia de los Estados bajo el argumento de que “generan empleos e impuestos”. Ambas falacias debemos sistemáticamente desmentir, y su informe contribuye a eso
Diakonia Honduras

La pandemia de COVID-19 ha exacerbado las desigualdades y los abusos de los derechos humanos existentes en México. La respuesta de los gobiernos federal y local, así como de las empresas, se ha debatido ampliamente en los medios de comunicación, en las conferencias de prensa del gobierno, en los organismos internacionales y en las asociaciones empresariales, pero nadie entiende más claramente el impacto de estas acciones en los derechos humanos que las personas trabajadores, las comunidades y sus familias. En este informe se presentan las principales conclusiones que ponen de relieve las formas de abuso más frecuentes en el país, sus impulsores y las reacciones de las empresas ante las denuncias.

Entre las principales conclusiones figura un análisis de 229 denuncias contra empresas nacionales y extranjeras en México planteadas por los medios de comunicación, la sociedad civil y otras fuentes de información pública. Se seleccionaron 42 empresas de los sectores de la agroindustria, la minería, la energía y la industria maquiladora (fábricas de producción y ensamblaje de productos electrónicos, prendas de vestir, automóviles, etc.) para que proporcionaran información más detallada e invitaron a esas empresas a responder directamente a las denuncias. Sólo siete respondieron. En el informe se incluyen empresas de los Estados Unidos, el Canadá, Alemania, Suecia, el Japón y Corea del Sur.

Las alegaciones incluyen:

  • "Bonos por muerte" ofrecidos para mantener a las personas empleados con salarios bajos trabajando en negocios no esenciales durante la pandemia
  • Un cierre "temporal" de un mes de duración de una empresa que luego desapareció cerrando todas las cuentas de nómina del personal
  • La empresa con el mayor número de muertes de trabajadores relacionadas con COVID-19 en todo el mundo es la petrolera mexicana PEMEX, según Bloomberg.

Hallazgos clave:

  • Las denuncias más comunes de abusos de los derechos humanos por parte de las empresas fueron: violaciones del derecho a la salud (40%), que incluye la falta de aplicación de medidas sanitarias adecuadas, la exposición o la falta de apoyo a las personas trabajadoras en situaciones de alto riesgo, ya sea en el lugar de trabajo o en el transporte hacia y desde sus hogares; despidos injustificados, arbitrarios o masivos (35%); y el resto incluye la reducción de salarios, "vacaciones forzadas" sin sueldo y la disminución de las prestaciones sociales, entre otros.
  • Se comprobó que los sectores más vinculados a las cadenas productivas internacionales -la industria maquiladora y la agroindustria- no protegían a las personas trabajadoras contra el virus. Casi dos tercios (65%) de todas las denuncias relacionadas con la salud se atribuyeron a las empresas maquiladoras, y se informó de que miles de trabajadores agrícolas corrían un alto riesgo de contagio, como lo demuestran las infecciones colectivas registradas y las muertes en los campos.
  • La industria maquiladora no suspendió sus operaciones y no aplicó medidas de salud y seguridad para proteger adecuadamente a sus personas trabajadoras. Las protestas y huelgas de las personas trabajadoras en varios estados resultados a despidos (que comprenden el 40% de todos los abusos) y detenciones.
  • En el sector de la agroindustria, los trabajadores migrantes se vieron expuestos a un transporte inseguro a los campos y las fábricas, al hacinamiento en el lugar de trabajo y a una protección sanitaria deficiente. Con algunas excepciones como SM Invernaderos y Rancho Los Pinos, las denuncias públicas contra las empresas del sector han sido escasas y es difícil hacer que las empresas rindan cuentas debido a la falta de transparencia, incluidos los contratos de trabajo formales o claros.
  • Tres de cada cinco empresas del sector minero fueron acusadas de poner en riesgo la salud de las personas trabajadoras, sus familias y las comunidades. Algunas empresas hicieron caso omiso de la "declaración de contingencia" al continuar sus operaciones, a pesar de que se las consideraba un negocio "no esencial". Las comunidades indígenas y campesinas consideraban que los proyectos mineros eran una fuente de contagio.
  • En el sector de la energía, las dos empresas estatales más importantes de México, Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fueron criticadas por la exposición de las personas trabajadoras al contagio, así como por no garantizar el acceso a la atención médica y a un nivel de vida adecuado en el contexto de una pandemia. Según Bloomberg, PEMEX es la empresa con el mayor número de muertes de trabajadores debido a COVID-19 en el mundo.
  • Muchas empresas informaron de acciones positivas durante la pandemia consistentes en donaciones de alimentos y suministros médicos, así como la readaptación de sus instalaciones o cadenas de suministro para responder a las demandas de COVID-19. Si bien algunas han sido bienvenidas por las personas trabajadoras y las comunidades en apuros, estas acciones se enmarcan dentro de un enfoque de responsabilidad social corporativa. Las empresas deben adoptar un enfoque sistemático garantizando el respeto de los derechos humanos en sus operaciones y cadenas de suministro.