La reputación de Canadá en la escena internacional se basa en sus altos estándares en materia de derechos humanos y en sus medidas progresistas contra el cambio climático. Sin embargo, en Colombia —que el Gobierno canadiense describe como un «mercado atractivo» para industrias como la minera, la de defensa y seguridad, la agrícola y la petrolera y gasística—, las comunidades afectadas por las operaciones de estas industrias denuncian una larga lista de abusos contra los derechos humanos.

En 2023, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas evaluó a Canadá en su Examen Periódico Universal (EPU). La sociedad civil latinoamericana puso el foco en las empresas canadienses, destacando los abusos cometidos por estas en toda la región. Las organizaciones de derechos humanos colombianas presentaron ante la ONU 11 casos que involucraban a 10 empresas e inversores canadienses en los departamentos de Antioquia, Casanare, Chocó, La Guajira, Putumayo, Santander y Tolima.

Esta serie documental explora la incómoda brecha entre la imagen de Canadá y su impacto en el extranjero y se pregunta qué sucede cuando se antepone el lucro a las personas. Aunque Canadá se presenta al mundo como un referente en materia de derechos humanos, sus empresas en países como Colombia violan sistemáticamente estos derechos, como demuestran los más de 60 testimonios de personas y comunidades afectadas por empresas canadienses. Dichos testimonios señalan violaciones sistémicas de los derechos y la falta de rendición de cuentas por parte de las empresas, lo que suscita preocupación sobre la posible complicidad del Gobierno canadiense, ya sea por acción u omisión, mientras estas empresas se benefician económicamente de las violaciones de los derechos en otros países.

Episodio 1: Desconocer territorios indígenas

En Villagarzón, Putumayo, las comunidades indígenas Inga recuerdan cómo en 2012 Gran Tierra Energy inició actividades de exploración con sísmica en el Bloque PUT-1 e ignoró, en connivencia con las autoridades colombianas, la presencia del pueblo Inga. Por eso, la Asociación de Cabildos indígenas de Villagarzón Putumayo – ACIMVIP interpuso una acción de tutela y en 2015 el Tribunal Administrativo de Nariño ordenó que las autoridades competentes verificaran la presencia de comunidades indígenas en el territorio donde se desarrolla el proyecto APE-La Cabaña. En 2021, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior confirmó la presencia del resguardo San Miguel de La Castellana, desconociendo a los demás asentamientos indígenas. Pese a que la empresa retiró la plataforma de APE-La Cabaña, comunidades y ONG acompañantes destacan que continúa el desconocimiento de la debida participación en el proceso de desmantelamiento y abandono del proyecto, así como la reparación de los daños ambientales y espirituales ocasionados a su territorio y comunidades.

En el Cabo de la Vela en Uribia, La Guajira, las autoridades ancestrales del pueblo indígena Wayúu señalan que el proyecto “Guajira I” de Isagen (parte de Brookfield) no incluyó a todas las comunidades indígenas afectadas en el proceso de consulta previa en 2009 y no respetó su autoridad ancestral en su territorio. En particular, el territorio indígena de la autoridad ancestral Denis Velázquez, cuyo cementerio se encuentra a 800 metros de la infraestructura del parque eólico, interpuso una acción de tutela en 2022 para que ella y su familia pudieran acceder a la consulta previa tras ser aceptadas dentro del área de influencia directa del proyecto eólico. Mientras tanto, para el pueblo Wayúu se perpetúan daños inmateriales que afectan significativamente los usos y costumbres indígenas y los aerogeneradores de Isagen (parte de Brookfield) continúan impactando negativamente los cementerios y la dimensión espiritual de las Wayúu.

Episodio 2: Lo que el cobre se llevó

En Mocoa, Putumayo, región andino-amazónica, pueblos indígenas y colectivos ciudadanos expresan su preocupación por el proyecto minero de Libero Copper. El proyecto, advierten gravemente la armonía de los espíritus y el ambiente, especialmente las fuentes hídricas, en uno de los territorios más biodiversos del mundo. Aunque reconocen la importancia del cobre para la transición energética, consideran que territorios tan frágiles como la Amazonia no son para la extracción de minerales, por lo cual han manifestado mediante mecanismos democráticos de participación su desacuerdo frente al proyecto.

En El Carmen de Atrato, Chocó, comunidades campesinas han sido impactadas por la operación de Miner S.A. Minera El Roble (parte de Atico Minning) por décadas. Les preocupa que continúe la pérdida de la vocación agropecuaria de su territorio y que se afecten los acueductos comunitarios ante la posible expansión del proyecto El Roble. Por su parte, el sindicato (Sintramienergética) denuncia abusos a los derechos laborales. Los guardianes del río Atrato advierten que la mina opera sobre la cuenca alta del río, declarado sujeto de derechos por la Corte Constitucional, y genera impactos ambientales negativos. Aunado a lo anterior, advierten que las presas de relaves que almacenan desechos tóxicos se encuentran sobre el río Atrato y peligrosamente cerca del municipio, generando riesgos significativos para la población de El Carmen de Atrato y las demás comunidades aguas abajo.

Episodio 3: Energía para represar vidas

En Santander, desde hace más de 10 años el proyecto Hidrosogamoso de Isagen (parte de Brookfield) impactó a comunidades campesinas y pescadoras que habitan los ríos Sogamoso y Chucurí. Con la llegada de la represa y el embalse Topocoro, las comunidades denuncian afectaciones a sus modos y medios de vida: alteraciones a sus cultivos, destrucción de ecosistemas, restricción a la pesca, inundaciones súbitas a sus terrenos, limitación a su movilidad, entre otros impactos que, según sus testimonios, no han sido debidamente atendidos por parte de Isagen (parte de Brookfield). Esperan que la empresa modifique su Plan de Manejo Ambiental para reparar a las personas afectadas por los daños ocasionados al río Sogamoso y la alteración de sus proyectos de vida en sus territorios.

Episodio 4: La gente no come oro

En Falan, Tolima, a la población campesina le preocupa los impactos ambientales, particularmente en el agua, que podrían tener los proyectos Santa Ana y Atocha de Miranda Gold, Baroyeca Gold & Silver y Outcrop Silver & Gold, actualmente en fase de exploración. Denuncian que han tenido que acudir ante los tribunales para poner en evidencia las irregularidades en la participación ciudadana, arbitrariedades de las empresas y problemas de acceso a la información del proyecto; así como ataques contra las personas defensoras de derechos humanos que han alzado su voz para exigir la transparencia y el respeto de los derechos de la población campesina en el proyecto.

En la región del Bajo Cauca antioqueño, la población campesina y pescadora del río Nechí ha sufrido los impactos negativos de la operación de Mineros en Nechí Aluvial durante décadas. La empresa cotiza en la bolsa de Toronto y ha tenido inversiones del Grupo Scotiabank, por lo que las pescadoras y pescadores esperan que desde Canadá se controle la operación minera en ciénagas y humedales y sus impactos a los derechos fundamentales, pues el riesgo a la seguridad alimentaria ante la contaminación y disminución del recurso íctico, aunado a las afectaciones a la calidad del agua y del aire, han generado graves consecuencias para el ambiente y la salud de la población local.

Episodio 5: Riesgos derivados del petróleo

Las comunidades locales de Orocué, Casanare, denuncian daños ambientales relacionados con la plataforma petrolera de Frontera Energy en el estero Matemarrano, en contra de las normas ambientales. Por su parte, en San Luis de Palenque, Casanare denuncian el inadecuado abandono del Bloque Cubiro de Frontera Energy, que ha puesto en riesgo a los animales y la población local. Personas campesinas defensoras de derechos humanos que han solicitado a la empresa que cumpla con sus obligaciones ambientales han sido judicializadas y amenazadas por parte de la Fiscalía y la Fuerza Pública colombiana, financiadas por las empresas petroleras. Hechos similares denuncian las comunidades de Yopal, Casanare con el proyecto El Portón de Gran Tierra Energy. Señalan que luego de protestar pacíficamente en defensa del derecho al agua, la empresa judicializó a personas defensoras de derechos humanos, afectando el ejercicio a defender derechos humanos, favoreciendo a las empresas en deterioro de las garantías democráticas para la ciudadanía.

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos pidió a cada una de las empresas mencionadas que respondieran a las acusaciones planteadas por los miembros de la comunidad en este documental. Sus respuestas están disponibles a continuación: