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Informe

26 Mar 2021

Principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos y diligencia debida en Colombia: Aspectos destacados de un reciente evento del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos

A. Romero

El 11 de febrero de 2021 el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos celebró un foro público, en el marco de su proyecto "Conducta Empresarial Responsable para América Latina y el Caribe" (CERALC), con la financiación de la Unión Europea y el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Nuestro principal objetivo en este proyecto es "Comprender y preparar la diligencia debida obligatoria de las empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente en América Latina", centrándonos en la forma en que la diligencia debida puede discutirse, analizarse, aplicarse y evaluarse en la región. La debida diligencia está definida por las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.

Desde 2002, Colombia ha implementado los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (PV), una iniciativa de múltiples partes interesadas que "promueve la implementación de un conjunto de principios para guiar a las empresas en el mantenimiento de la seguridad de sus operaciones, dentro de un marco operativo que garantice el respeto de los derechos humanos. Estos principios regulan el uso de la fuerza por parte de las empresas de seguridad privada y de las fuerzas de seguridad pública, dentro de la realización de operaciones empresariales en zonas de riesgo". Según uno de sus fundadores, la aplicación de los PV ha salvado la vida del personal y de las comunidades en zonas afectadas por conflictos armados mediante la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

A pesar del acuerdo de paz firmado en 2016, que habilitó un sistema de justicia transicional, Colombia ha sido testigo de un récord de asesinatos de líderes ambientales, sociales y de derechos humanos y de continuas y graves violaciones de derechos humanos, en medio de su conflicto armado interno. Según la Corte Constitucional colombiana, las empresas no están obligadas a asistir a los tribunales de justicia transicional. Sin embargo, la presunta complicidad con las fuerzas armadas oficiales y las facciones ilegales responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad y ha sido citada como un factor clave para la Comisión de la Verdad (CEV), establecida para reconstruir la narrativa histórica del conflicto en Colombia. Teniendo esto en cuenta, es necesario examinar el papel de las empresas en contextos de conflicto.

Familiares por la paz, 2016
La lucha contra la impunidad requiere garantizar el derecho a la verdad. Es necesario que todos los sectores de la sociedad, incluidos los sectores empresariales, militares y políticos, aporten urgentemente la información relevante a su disposición, que permita a la CEV cumplir su mandato, que finaliza en noviembre de 2021. El ACNUDH también llama particularmente a las entidades del Estado a aportar urgentemente la más amplia y pormenorizada información a la CEV.
Informe de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos sobre Colombia, numeral 44, página 9, traducción no oficial de la ACNUDH.

Por esta razón, cuando el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos solicitó contribuciones de diferentes actores y organismos para la preparación de su informe sobre el papel de las empresas en situaciones de conflicto y post conflicto, el CIEDH acogió la oportunidad de entablar una conversación con las organizaciones de la sociedad civil colombiana y los miembros de la Mesa Nacional de Empresas y Derechos Humanos que produjo una contribución escrita entregada el año pasado.

A la luz de los importantes aportes realizados por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos en su informe 2020 "Empresas, derechos humanos y regiones afectadas por conflictos: Hacia una acción reforzada", este Foro Público se propuso como un espacio para que la sociedad colombiana, con las perspectivas de las empresas, el gobierno y la academia, pueda reflexionar sobre los retos y las oportunidades que abren las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU y analizar cómo la debida diligencia de las empresas en materia de derechos humanos puede convertirse en un elemento central de la construcción de la paz y la reconciliación en un país afectado por una grave crisis humanitaria, en medio de la pandemia del covid-19 y de ataques sostenidos contra las personas defensoras del medio ambiente, el territorio y los derechos humanos.


Principales recomendaciones del informe del GTNU

Recomendaciones destinadas a los Estados

  • Tanto los Estados de origen como los Estados anfitriones deberían activar sus principales instrumentos y resortes en materia de política para garantizar que las empresas aumenten la diligencia debida teniendo en cuenta los conflictos cuando operen en zonas afectadas por estos. Ello puede incluir condicionar el acceso al crédito a la exportación, la aprobación de inversiones y el acceso a la financiación de inversiones a un aumento demostrable de la diligencia debida en materia de derechos humanos.
  • Las embajadas y las funciones relacionadas con las inversiones y el comercio deberían proporcionar servicios e instrumentos de asesoramiento que tuvieran en cuenta los conflictos al sector privado, incluidas las pequeñas y medianas empresas, a fin de ayudarlas a respetar los derechos humanos en los entornos afectados por conflictos.
  • Convendría que los Estados elaborasen directrices adecuadas para la actuación de las empresas en los entornos de consolidación de la paz, con miras a que las empresas operen respetando los derechos humanos y teniendo en cuenta la situación de conflicto.
  • Los Estados deberían alentar a las instituciones multilaterales dedicadas a cuestiones de paz y seguridad a promover el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas mediante la participación proactiva de los agentes empresariales en los procesos de paz y seguridad que les conciernan.

Recomendaciones a las Naciones Unidas

  • Las Naciones Unidas, en particular sus pilares de mantenimiento y consolidación de la paz y mediación deberían elaborar una estrategia sobre las empresas, la paz y la seguridad que incorporase los Principios Rectores como componente fundamental.
  • Las Naciones Unidas deberían velar por que se incorporase a su pilar de paz y seguridad un nivel adecuado de conocimiento de la cuestión de las empresas, los derechos humanos y los conflictos, entre otras cosas, mediante la difusión de información sobre noticias, instrumentos e investigaciones tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas, así como a través de la organización de sesiones periódicas de concienciación destinadas al personal y los Estados Miembros.
  • Las Naciones Unidas deberían establecer una sólida cooperación interinstitucional para garantizar que todas aquellas de sus entidades que tengan que lidiar con la presencia de empresas en sus operaciones en contextos afectados por conflictos no trabajen de forma aislada y difundan los conocimientos existentes entre el sistema de las Naciones Unidas.
  • El pilar de paz y seguridad de las Naciones Unidas debería aumentar sus propios conocimientos y su capacidad, así como elaborar, en cooperación con las correspondientes entidades internas y externas al sistema de las Naciones Unidas, una serie de instrumentos básicos, notas orientativas específicas e informes temáticos destinados al personal de mantenimiento de la paz, los mediadores y los agentes de consolidación de la paz.


Foro Público

BHRRC

Los panelistas de este diálogo fueron: Germán Zarama, Punto Focal de la OCDE para América Latina y el Caribe; Anita Ramasastry, vicepresidenta y miembro del Grupo de Trabajo de la ONU; Juan Pablo Bohoslavsky, consultor internacional independiente y ex Relator Especial de la ONU sobre deuda y derechos humanos; Juan Carlos Monge, Director Adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia; y Nicolás Mayorga, Coordinador del Área de Empresas y Derechos Humanos de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos de la República de Colombia.

Existe un amplio acuerdo entre los diferentes actores sobre la importancia de la diligencia debida, más aún en situaciones de conflicto. Sin embargo, la definición de la seguridad en sentido más amplio sigue siendo una cuestión controvertida. Es necesario recordar que los derechos humanos tienen prioridad sobre las actividades empresariales, y que la seguridad de las personas tiene prioridad sobre la seguridad de la infraestructura empresarial. La sociedad civil y las ONG reclaman la aplicación de una diligencia debida reforzada que abarque todas las actividades empresariales, incluidas las cadenas de suministro. Esta diligencia debida reforzada debe ser especialmente fuerte en las zonas de conflicto, de acuerdo con los principios de proporcionalidad y las recomendaciones de los Principios Rectores de la ONU y las directrices de la OCDE, incluida la Guía de Diligencia Debida para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en Zonas de Conflicto y Alto Riesgo.

Por ello, es importante no reducir los PV y la seguridad a enfoque biunívoco, pues más que ser un asunto entre el Estado y las empresas, el tema requiere que la sociedad civil juegue un papel protagónico, entendiendo que son las principales víctimas de las violaciones a los derechos humanos y que es necesario proteger a las comunidades y a las personas defensoras de derechos humanos en el marco de los PV. En contextos como el colombiano, es importante identificar y actuar sobre los principales factores que el Grupo de Trabajo presenta como detonantes e indicadores que ayudan a los gobiernos y a las empresas a abordar los riesgos de los derechos humanos en los procesos de conflicto y posconflicto.

BHRRC

La justicia transicional y la debida diligencia en América Latina

La oficina en Colombia de la ACDH destacó la importancia del sistema de justicia transicional para superar la impunidad empresarial. Aunque reconoció que más de 600 actores económicos han sido objeto de investigaciones de la Fiscalía, la inclusión de las empresas en los tribunales de justicia transicional aportaría más verdad y justicia a las víctimas.

América Latina tiene una importante experiencia en el campo de la justicia transicional y en las atrocidades contra los derechos humanos del pasado, relacionadas con las dictaduras militares y los regímenes autoritarios. Abordar la complicidad de las empresas con estos crímenes constituye un importante punto de referencia para quienes litigan en la región.

El número de atrocidades y violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que ocurren en Colombia significan una tragedia para las personas, sus familias y comunidades, sin tener en cuenta las discrepancias en las cifras y los autores, como lo ilustran los 133 asesinatos de personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos y las más de 66 masacres reportadas por la ONU en el 2020 - el doble de las cifras del 2019. La paz es una obligación de todas y todos, también de las empresas y los organismos gubernamentales. Por ello, la ACNUDH destaca la importancia de este diálogo constructivo entre diversos actores para avanzar realmente hacia una paz positiva.

América Latina tiene una importante experiencia en el campo de la justicia transicional y en las atrocidades contra los derechos humanos del pasado, relacionadas con las dictaduras militares y los regímenes autoritarios. Abordar la complicidad de las empresas con estos crímenes constituye un importante punto de referencia para quienes litigan en la región.

Al analizar los casos de Brasil (por ejemplo, el de Volkswagen), Argentina, Uruguay y, más recientemente, Chile, los investigadores han desvelado los vínculos entre el crecimiento económico y la imposición de modelos económicos basados en la represión y el abuso empresarial. En consecuencia, la relación entre los autores económicos y los abusos de los derechos humanos se centra en los mecanismos para deshacer los agravios del pasado y explicar las tensiones actuales, como el caso de los fondos de pensiones privados en Chile.

En particular, los expertos recomiendan que la persecución judicial de las empresas considere las normas internacionales de derechos humanos como un marco válido y necesario, especialmente para garantizar la no repetición de los abusos empresariales, debido a la urgente necesidad de reconocer los desequilibrios de poder y el despojo de las comunidades locales en aras de la acumulación de riqueza.

Desde la perspectiva de las iniciativas multisectoriales relacionadas con las empresas, en cuanto a su diligencia debida en situaciones de conflicto, como la de Colombia, la implementación de los PV destaca una posición de las empresas minero-energéticas a favor de una definición de la seguridad como bien público. En este sentido, instituciones como el Comité Minero-Energético de Seguridad y Derechos Humanos (CME) ha elaborado lineamientos para las relaciones con las empresas de seguridad privada y las fuerzas armadas estatales, gracias a los convenios con el Ministerio de Defensa y el apoyo de un grupo de gobiernos extranjeros. Considera el CME que las críticas de las organizaciones de la sociedad civil sobre los impactos negativos de las empresas que pertenecen a esta iniciativa deben ser abordadas caso por caso y que las generalizaciones son un obstáculo para superar los problemas.

UN Verification Mission in San José de Oriente, 2017

Por otro lado, Guías Colombia en empresas, derechos humanos y derecho internacional humanitario, otra iniciativa multisectorial (en la que la Fundación Ideas para la Paz (FIP) actúa como secretaría técnica, con la participación de varias empresas e instituciones gubernamentales) destaca que muchas empresas han tenido un papel importante en la construcción de la paz, incluso durante los momentos más críticos del conflicto armado, antes de la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. Esta iniciativa coincide con la idea del informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas de que los conflictos violentos más intensos registran los mayores riesgos de violaciones de derechos humanos relacionados con las operaciones de las empresas y requieren, por ende, un enfoque preventivo, así como una acción proactiva por parte de las empresas y el gobierno.

Al cumplirse el 20º aniversario de los PV (que muchos reconocen como una base sólida para los Principios Rectores), se presenta la oportunidad de analizar los impactos de las Partes en el conflicto armado sobre el ambiente y los derechos humanos y, en particular, el papel que deben desempeñar las empresas para que las víctimas logren la reparación y el respeto de sus derechos humanos.

Sin embargo, es necesario seguir evaluando el papel de las empresas en su respeto a derechos como al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y el acaparamiento de tierras, así como la presencia de actores ilegales que se benefician del debilitamiento de los mecanismos estatales en la materia, principalmente relacionados con el narcotráfico y la minería de oro. Sobre esta base, todos los participantes coincidieron en que el sistema de justicia transicional ofrece una oportunidad para promover el acceso a la justicia en los casos de abuso empresarial y que las debilidades mostradas por el Plan Nacional de Acción presentan un escenario desafiante.

Al cumplirse el 20º aniversario de los PV (que muchos reconocen como una base sólida para los Principios Rectores), se presenta la oportunidad de analizar los impactos de las Partes en el conflicto armado sobre el ambiente y los derechos humanos y, en particular, el papel que deben desempeñar las empresas para que las víctimas logren la reparación y el respeto de sus derechos humanos. La relación entre los daños medioambientales que se producen durante los conflictos armados, así como la rendición de cuentas por las empresas, forman parte de los componentes de una reparación efectiva: restitución de derechos, medidas de satisfacción, garantías de no repetición e indemnización.