Demandas de empresas buscan silenciar a quienes promueven la rendición de cuentas

Elodie Aba, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, en openDemocracy

Imagine que usted es un(a) abogado(a), que presenta su trabajo y algunos de los casos en los que está involucrado en una universidad, y que poco tiempo después, recibe una notificación informándole que está siendo demandado por difamación. Esto es exactamente lo que le ha pasado al Centro para los Derechos Ambientales (Centre for Environmental Rights, CER), en Sudáfrica. En una presentación en la Universidad de Ciudad del Cabo llevada a cabo en enero de 2017, dos abogados del CER, Tracey Davies y Christine Reddell, plantearon que la propuesta de Mineral Sand Resources (MSR) de explotar las dunas de Xolobeni era “medioambientalmente destructiva”. En mayo, les informaron  que MSR (parte de la empresa australiana Mineral Commodities) los demandaba por difamación, junto a una activista de la comunidad local, Davine Cloete.  El CER afirmó que esta demanda era un caso de Litigio Estratégico Contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) – “Este es un mensaje a los empresarios que piensan que pueden utilizar demandas y otras tácticas de intimidación para silenciar las voces de los activistas… Les daremos la pelea, continuaremos investigando irregularidades empresariales, y obtendremos apoyo de nuestros socios – pero, sobre todo, no nos silenciarán”

Los SLAPP son a menudo presentados por las empresas para intimidar y silenciar a aquellas personas que tratan de participar en asuntos de interés público (comunidades locales, sindicalistas, periodistas, ONG, abogados/as, veedores/as), envolviéndolos en procedimientos litigiosos costosos, hasta que abandonen sus críticas u oposición. En la mayoría de casos tienen pocas posibilidades de éxito en base a sus fundamentos jurídicos. Sin embargo, incluso requerir a las víctimas de abusos de derechos humanos, ONG, periodistas y otras personas para que se defiendan de estas demandas, puede poner en peligro el espacio civil e impedir que las víctimas tengan acceso a la justicia.  La ONG Sherpa está siendo demandada en Francia por la empresa constructora Vinci, por difamación o calumnia, después de haber presentado una demanda contra Vinci en relación a denuncias de trabajo forzado en sus obras en Catar. Según Sherpa, los SLAPP han aumentado y también lo han hecho las cuantías reclamadas por las empresas por daños y perjuicios, siendo éstas a menudo totalmente desproporcionadas respecto de los medios económicos de aquellos a quienes se dirigen los SLAPP. Así mismo, Sherpa ha dicho que, dados los riesgos financieros de dichos litigios, éstos resultan en autocensura de las organizaciones, amenazando así la libertad de expresión.

Los SLAPP ocurren por igual en países desarrollados y en “vías de desarrollo”; los que siguen son sólo un puñado de ejemplos recientes: En Tailandia, las demandas por difamación presentadas por la empresa Natural Fruit contra Andy Hall, un investigador y activista de derechos laborales británico, tras un informe que denunciaba abusos laborales contra trabajadores migrantes en las fábricas de la empresa, recibió una amplia cobertura mediática. La granja Thammakaset también presentó una demanda por difamación en Tailandia contra trabajadores que la habían demandado, alegando trabajos forzados y otros abusos en el lugar de trabajo en esa granja avícola. La difamación es un delito penal según la ley tailandesa, y puede conllevar penas de prisión. En Honduras, la empresa energética DESA (Desarrollos Energéticos), presentó una querella criminal por difamación contra Suyapa Martínez de la ONG de derechos de la mujer, Centro de Estudios de la Mujer. Ésta había afirmado públicamente que DESA estaba involucrada en la planificación del asesinato de la activista Berta Cáceres por oponerse al proyecto de construcción de una represa adjudicada a DESA; la querella de DESA fue desestimada. El año pasado, en Canadá, un juez explícitamente calificó como SLAPP una demanda de difamación presentada por Minas Taseko, contra el Comité canadiense occidental de vida silvestre (Western Canada Wilderness Committee), indicando que era “un intento de usar el procedimiento litigioso para silenciar críticas en un asunto de importancia pública… En el contexto de una acción por difamación, buscar una indemnización punitiva puede servir para silenciar a los críticos”. El caso fue desestimado, pero la empresa ha apelado, y niega que intentara silenciar a sus críticos.

Por su parte, los Estados Unidos están siendo testigos de su cuota de demandas presentadas por empresas contra defensores/as, por haber alzado la voz en contra de sus negocios. Murray Energy y su CEO Robert Murray demandaron al comediante de televisión John Oliver por emitir un sketch televisivo que criticaba las prácticas de seguridad minera de Murray, y que mencionaba el derrumbe en una de las minas de Murray en Utah. La American Civil Liberties Union, en su escrito de amicus curiae en apoyo a Oliver, ha descrito el litigio como “ridículo” y otros expertos legales lo han tildado de “frívolo” y “vejatorio”. En otro caso, Energy Transfer, el promotor que va tras el Oleoducto Dakota Access, presentó una demanda por fraude contra Greenpeace, Banktrack, Earth First!, y  otros grupos, por haber supuestamente “manufacturado y distribuido información materialmente falsa y engañosa sobre Energy Transfer y el Oleoducto Dakota Access” – alegando que habían infligido “billones de dólares de perjuicios” contra el oleoducto.

A la luz de estos ataques legales, algunos activistas que buscan la rendición de cuentas han decidido proseguir su lucha y contrademandar a las empresas. A finales de mayo 2017, Andy Hall presentó una contra-demanda contra Natural Fruit. “Me animé a iniciar estos procedimientos litigiosos gracias a trabajadores migrantes a quien continúo apoyando en Tailandia. Después de mi condena penal, muchos trabajadores y defensores/as de derechos en Tailandia -e incluso, globalmente- me dijeron que tienen duda para denunciar plenamente los abusos, debido al miedo a repercusiones negativas. Es imperativo que este par de procesos penales recuperen el espacio para las víctimas de abusos de derechos, como los trabajadores explotados y defensoras y defensores de derechos humanos, de modo que puedan alzar sus voces con tranquilidad en casos de conductas ilegales por parte de empresas y actores estatales”, dijo Hall. Éste tuvo el apoyo de la comunidad internacional, pero muchos defensores/as a nivel local no lo tienen, hecho que hace más dura su situación y los vuelve más vulnerables. La ONG CALAS (Centro de Acción Legal Ambiental y Social), que trabaja para promover la participación de las comunidades y el respeto por los derechos colectivos de pueblos indígenas en Guatemala, ha sido también demandada por empresas por difamación. Con el fin de hacer justicia para los defensores y defensoras de derechos humanos, la organización decidió empezar un litigio contra dichas empresas. Esto incluye acciones contra Repsa (en relación a un ecocidio) y Minería de Guatemala, cuya licencia ha sido suspendida por delitos contra el medio ambiente.

El incremento de denuncias de SLAPP en años recientes ha contribuido a aumentar la conciencia sobre esta problemática y a presionar a los gobiernos para que actúen. Algunos de ellos ya han emprendido acciones positivas. El Territorio Capitalino australiano, la provincia de Ontario, en Canadá y el estado de California, en los Estados Unidos, han aprobado leyes “anti-SLAPP” destinadas a asegurar que el público pueda participar libremente en discusiones públicas sin temor a las represalias. Las ONG están promoviendo la aprobación de leyes similares en otros países, incluyendo a Sudáfrica y Francia, pero, por el momento, no hay ningún proyecto de ley pendiente en Europa. Los Gobiernos pueden tomar otras medidas para evitar que los tribunales sean utilizados contra activistas que buscan la responsabilidad legal empresarial, tales como la despenalización de la difamación, algo que han apoyado tanto diversas organizaciones internacionales (como la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la ONU), como ONG destacadas (Artículo 19 y la Comisión Internacional de Juristas). Un informe experto reciente, encargado por el gobierno francés, emitió una serie de recomendaciones al Estado con relación a los SLAPP, incluyendo la implementación de multas civiles de hasta 15.000 euros por iniciar un procedimiento judicial que ponga en peligro la libertad de expresión del/la demandado/a; igualmente, en el caso de procedimientos penales dolosos dirigidos específicamente contra académicos/as, por declaraciones realizadas en el marco de sus actividades de investigación, con penas de hasta siete años en prisión y 375.000 euros.

Las empresas también pueden contribuir a evitar que el espacio cívico se reduzca, apoyando a aquellos defensores y defensoras de derechos humanos que sean acosados legalmente. En la demanda de difamación contra Andy Hall, la empresa S Group, filial de Natural Fruit, testificó en 2016 a favor del activista en su juicio. La empresa explicó su decisión “…Como empresa responsable decidimos testificar, porque S Group es parte de la cadena de valor de este caso… Es también de interés de las empresas el tener una sociedad civil activa”.