Los proyectos extractivos en zonas ambientalmente protegidas de territorios indígenas, como los de la minera Río Blanco, de las empresas chinas Ecuagoldmining South America SA y CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Limited (CCDC), filial de China National Petroleum Company (CNPC), Andes Petroleum [parte de Sinopec y CNPC], registran una alta conflictividad tanto interna como externa a los pueblos indígenas que defienden sus derechos ancestrales. En particular, se registran acusaciones legales y ataques contra mujeres y hombres que están liderando los procesos de resistencia y reclamación de derechos ante diversas instancias gubernamentales e internacionales para evitar la contaminación o pedir la remediación por daños ambientales y sociales relacionados con actuaciones de estas empresas, como el caso Sarayaku vs Ecuador, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que involucra a la empresa Compañía General de Combustibles.