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Artículo

12 Jun 2018

Autor:
Inredh,
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Ecuador: Empresa y gobierno piden a juez en audiencia de acción de protección por impactos del proyecto minero Ecuacorriente que ordene peritaje en disputa con indígenas

“Juez suspende audiencia y ordena se realice un peritaje antropológico en comunidad indígena” – 6 de junio de 2018

El…4 de junio de 2018, se llevó a cabo la Audiencia de Acción de Protección en contra del Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, la Agencia de Regulación y Control Minero, y la empresa minera Ecuacorriente S.A.[parte de Corriente Resources, parte de Tongling Nonferrous Metals y China Railway Construction Co.] , por la falta de consulta previa frente a la ejecución del proyecto minero Mirador y por los desalojos forzados ocurridos en el año 2015, en la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador- “CASCOMI”…provincia de Zamora Chinchipe…La Audiencia se instaló a las 08:30 y tuvo una duración aproximada de ocho horas, en que todas las partes tuvieron la oportunidad de exponer ante el juez sus argumentos. Por parte de la comunidad “CASCOMI”, en calidad de accionante, estuvo presente la Red Eclesial Panamazónica (REPAM)… y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), [quienes] iniciaron su intervención estableciendo que la acción de protección presentada el 31 de enero de 2018, constituye un mecanismo de defensa y un requerimiento de reparación individual y comunitaria, en beneficio de todos los miembros de la comunidad de CASCOMI…Por su parte…[las agencias gubernamentales] y el abogado de la empresa minera Ecuacorriente, pidieron al juez que se deseche la Acción de Protección por considerarla improcedente y porque, según alegaron, las tierras en cuestión no se configuran como territorios ancestrales ni los accionantes como indígenas. Indicaron que los desalojos respondieron a procesos de servidumbre minera previamente establecidos y que sí se realizaron socializaciones acerca del proyecto minero Mirador en la zona. Por lo tanto, argumentaron que no hubo ninguna violación a los derechos humanos de los miembros de la Comunidad CASCOMI…Después de escuchar a las partes, el juez Carlos Alfonso Dávila solicitó que se oficie al Registrador de la Propiedad del Cantón el Pangui, parroquia Tundayme, solicitando una copia certificada de la escritura pública de propiedad colectiva de CASCOMI y a la Secretaria Nacional de la Gestión de la Política, requiriendo el otorgamiento de una copia del certificado de personería jurídica de la comunidad “CASCOMI”; además,se ordenó que se realice un peritaje antropológico a la comunidad accionante...