No es un proyecto “sucio” de minería o una represa gigantesca que está por instalarse en el territorio de Union Hidalgo. Es un proyecto de energía renovable, que promete desarrollo verde y una economía sostenible.

Union Hidalgo es una comunidad indígena, en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, México. Debido a este y otros proyectos eólicos, la comunidad ve su espacio – territorial y también para la sociedad civil – cada vez más reducido.

El 48% de la población en Oaxaca es indígena. Y el Istmo es una de las zonas con mayor potencial para energía eólica en el mundo. Por ende, el caso de Unión Hidalgo no es el primero y probablemente no será el último donde proyectos de energía renovable provocan conflictos y una reducción del espacio para la sociedad civil, en México.

Lo problemático del caso es que la multinacional EDF, a través de su subsidiaria local, sigue adelante con el proyecto, sin que la comunidad afectada haya sido consultada: después de ganar en la subasta en Octubre 2016, presuntamente la empresa ya ha solicitado permisos, presentado una evaluación del impacto social ante las autoridades, celebrado reuniones con el gobierno local y firmado contratos individuales de arrendamiento de tierras. 

Sin consulta previa se reduce el espacio para la sociedad civil, haciendo eco a una tendencia que demuestra el nuevo estudio “Tricky Business” sobre reducción de espacio civil en la extracción de recursos naturales, incluyendo [el] uso de tierras. Éste afirma que el espacio civil no sólo se reduce cuando [los/las] activistas están amenazados, estigmatizados o detenidos (como ocurre frecuentemente en México), sino también cuando la población afectada por un proyecto está excluida de consultas y de participación. 

La consulta previa es un derecho fundamental de la población indígena, establecido en la Constitución mexicana, en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y en el Convenio de la OIT No. 169, aplicables en México. Además, son parte de la diligencia debida en materia de derechos humanos de las empresas. 

La consulta previa es esencial para una comunidad, cuya historia, identidad y sobrevivencia cultural depende del territorio y ambiente que han habitado históricamente.

Además, la consulta previa tiene un gran potencial para resolver conflictos. Según el Equipo Interagencial para la Acción Preventiva de Naciones Unidas, se reduce el riesgo [de] que [los] conflictos entre los conceptos de desarrollo y[los] valores de comunidades escalen de manera violenta, si los y las afectadas pueden participar en la toma de decisiones. 

Es decir, la consulta puede ser indicador de espacio civil o también un recurso para la reducción del mismo. 

Volviendo a Unión Hidalgo: Mientras ProDESC – la organización que acompaña a la comunidad – iba investigando los poco transparentes planes de EDF, y la comunidad discutía cómo defender sus derechos, en septiembre de 2017 varios terremotos con una magnitud de hasta 8.2 golpearon México. Unión Hidalgo fue severamente afectada. Muchas casas siguen destruidas y mucha gente no tiene vivienda, agua o suficiente alimentación. La reconstrucción está estancada y ahora el Estado de repente empuja una consulta rápida sobre el parque eólico de EDF. 

La comunidad teme que la empresa pudiera ofrecer proyectos sociales de ayuda en reconstrucción – aunque eso es responsabilidad del Estado –  a cambio de una rápida aprobación del proyecto. La gente podría verse efectivamente obligada a aceptar el proyecto eólico, para así asegurarse de alguna ayuda para la reconstrucción, dado sus urgentes necesidades básicas y ante la falta de medidas del Estado durante más de seis meses. 

Por eso, Unión Hidalgo ha alzado su voz. Presentaron una denuncia ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) de la OCDE en Francia, en el Ministerio de Economía. 

¿Cumplirá el PNC con sus expectativas? ¿Podrá ayudar a resolver el conflicto? 

Recién una coalición de organizaciones francesas publicó un Llamado Urgente ante el PNC. Tras años de interacción, su balance es desalentador: Según la coalición, el PNC rara vez ha ofrecido una remediación para las víctimas y ha ignorado las propuestas para mejoras. Para asegurar que cumpla con su mandato y principios, la coalición sugiere que el PNC realice investigaciones independientes, desarrolle un proceso y cronograma transparentes, garantice la participación de todas las partes, y haga seguimiento a sus recomendaciones. Asegurar la imparcialidad es de particular relevancia en este caso contra EDF, dado que el gobierno de Francia posee más de 80% de las acciones de la empresa.

Los y las querellantes de Unión Hidalgo le ofrecen al PNC un “laboratorio en vivo” para responder al Llamado Urgente de la coalición: El PNC puede ofrecer un recurso efectivo y remediación para la vulneración de derechos humanos o puede hacerse cómplice de la reducción de espacio civil, que Unión Hidalgo está sufriendo.