Mesa Redonda: "Debida diligencia en derechos humanos en México: de la discusión a la acción"
CIEDH México
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OBJETIVO
Identificar, en un espacio de diálogo diverso, elementos clave para la implementación de la debida diligencia en derechos humanos en México a la luz del estudio de investigación “Debida diligencia en derechos humanos y procesos de compliance”, elaborado por el Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Monterrey (UDEM) en coordinación con el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) y Oxfam México.
JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES
La debida diligencia en materia de derechos humanos es una manera en que las empresas gestionan de forma proactiva los riesgos reales y potenciales de sus actividades en los derechos humanos. A nivel internacional, existe una tendencia cada vez mayor por parte de los Estados, la sociedad civil, las empresas e inversionistas para definir las obligaciones de las empresas en materia de debida diligencia en derechos humanos. Además de los estándares producidos por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos en el año 2011, destacan las iniciativas a nivel de la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Francia, Alemania, Suiza y Finlandia.
En México, el tema de debida diligencia en derechos humanos se ha discutido en varios espacios multiactor desde hace algunos años. Más recientemente, en agosto de 2019, en la ciudad de Monterrey, se llevó a cabo el Foro sobre Empresas y Derechos Humanos, organizado por el Gobierno de México en el marco de la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH). Asimismo, en marzo de 2020, en la Ciudad de México, el Foro “Debida diligencia en derechos humanos y reparación frente a los impactos de las actividades empresariales” abordó perspectivas internacionales y nacionales sobre este concepto por parte de representantes de organismos internacionales, sociedad civil, sector empresarial, comunidades, gobierno, embajadas, academia y expertas/os en la materia.
Estos esfuerzos e intercambios se vieron reflejados en diciembre del mismo año en la estrategia sobre empresas y derechos humanos del Programa Nacional de Derechos Humanos:
Estrategia prioritaria 3.6. Impulsar políticas públicas orientadas a prevenir y disminuir los impactos negativos de la actividad empresarial pública, privada o mixta
3.6.4. Impulsar la creación de un instrumento de política pública que desarrolle acciones de respeto y protección de los derechos humanos que corresponden al sector empresarial, así como de prevención y reparación del daño en caso de violaciones a los mismos
3.6.5. Impulsar la debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y reparar impactos adversos generados por la actividad empresarial pública, privada o mixta, y para propiciar la transparencia y rendición de cuentas en las cadenas de valor
3.6.6. Fortalecer mecanismos que permitan a las personas alertar sobre casos de abusos a derechos humanos, corrupción y malas prácticas en el sector empresarial de forma segura, confidencial y anónima, garantizando su protección
Por su parte, los procesos de compliance involucran instrumentos y esfuerzos realizados por una empresa y sus agentes para asegurar que en sus actividades exista adhesión a las normas jurídicas, a la práctica del sector industrial, y a las políticas y normas internas de la empresa. De tal manera, buscan prevenir que las empresas infrinjan los marcos normativos y de práctica aplicables. Su utilización se ha expandido a distintas regiones como una buena práctica para la gestión empresarial de los riesgos, a través de la cual la empresa puede conocer e identificar los impactos de la actividad empresarial y tomar medidas preventivas o de mitigación.
Ambos procesos, la debida diligencia y el compliance, pueden contribuir a que las empresas implementen herramientas de gestión que incorporen un enfoque de derechos humanos, haciendo compatible su rendimiento con la transparencia, el cumplimiento de derechos, la rendición de cuentas y la lucha anticorrupción, entendida esta en un sentido amplio, desde el tráfico de influencias, hasta el enriquecimiento ilícito, el cohecho o la captura corporativa.
Ante este panorama, se vuelve necesaria la apertura de un diálogo multiactor, con la participación de sociedad civil, empresas, entidades de gobierno, organismos internacionales, comunidades, sindicatos y academia, para pensar en algunas de las hojas de ruta que nos permitan aterrizar las múltiples discusiones existentes en el país sobre debida diligencia, analizar cómo el compliance puede contribuir a este objetivo, y cuáles son sus límites y áreas de oportunidad para materializar la protección, prevención y reparación de los abusos de derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales.
Sobre este evento
Esta mesa redonda se lleva a cabo en el marco del proyecto "Comprensión y preparación para la debida diligencia corporativa en materia de derechos humanos y medio ambiente en América Latina" implementado por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, beneficiarios del Fondo del Proyecto CERALC.
Sobre el proyecto CERALC
El proyecto "Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC)" es financiado por la Unión Europea (UE) e implementado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Pretende promover un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo en la UE y en América Latina y el Caribe, mediante el apoyo a prácticas de conducta empresarial responsable, en línea con los instrumentos de las Naciones Unidas, la OIT y la OCDE.