...El Estado tuvo oportunidad de rectificar sus acciones, cuando en los primeros días de mayo fueron interpuestos por defensores y defensoras de derechos humanos hasta 11 recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional; sin embargo, y a pesar de la premura que exige este contexto, fue hasta el 8 de junio de 2020 que la Sala de lo Constitucional notificó la inadmisibilidad de los recursos presentados, profundizando así, el estado de indefensión de defensoras y defensores de los derechos humanos en Honduras.

Las personas defensoras ven obstaculizado su quehacer, dado que la labor de defensa de derechos humanos no se encuentra dentro de las excepcionalidades que permitirían transitar en Honduras. Asimismo, la solicitud de salvoconductos no representa una opción viable y segura para las y los defensores pues, de acuerdo con organizaciones nacionales, el Estado solicita los datos personales y de actividades a quienes tramitan los salvoconductos, cuestión que, en un contexto de criminalización sistemática de defensa de derechos humanos, puede resultar en un mecanismo de control y vigilancia constante que vulnera la seguridad de personas defensoras, organizaciones, colectivos y movimientos.

En diversas ocasiones, organismos internacionales protectores de los derechos humanos han recalcado que la declaratoria de Estado de Emergencia o Estado de Excepción no deberían someter a un riesgo mayor a la población y se exhorta a implementar medidas en estricto apego a los estándares internacionales de derechos humanos y al Estado de Derecho. Recordamos lo que ya ha recalcado la Corte Interamericana de Derechos Humano (Corte IDH) sobre la indispensabilidad de garantizar el trabajo, labor y actividad de las y los defensores de derechos humanos, a fin de monitorear todas aquellas medidas que se adopten y que conlleven afectación o restricción de derechos humanos...