Las comunidades que viven cerca de campos petroleros, minas, presas y proyectos de energía renovable de empresas canadienses en Colombia han denunciado daños medioambientales y abusos contra los derechos humanos. Una nueva serie documental, producida por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, saca a la luz graves abusos, incluyendo violencia y asesinatos de activistas, efectos sobre la salud, la destrucción de lugares sagrados y zonas de pesca, y el desprecio por el patrimonio ancestral.

Más de 60 personas entrevistadas en el documental Expolio denunciaron los devastadores efectos sobre sus hogares, sus vidas y sus medios de subsistencia como consecuencia de la búsqueda de beneficios en Colombia por parte de empresas canadienses, entre ellas Gran Tierra Energy, Isagen (parte de Brookfield), Libero Copper, Frontera Energy y otras. En 2023, estos casos se presentaron ante las Naciones Unidas (ONU) como parte del Examen Periódico Universal de Canadá, el proceso mediante el cual los Estados miembros de la ONU someten a evaluación su historial en materia de derechos humanos cada cuatro años y medio. Sin embargo, dos años después, sus voces siguen sin ser escuchadas.

Los abusos relatados en el documental incluyen denuncias relacionadas con empresas mineras y petroleras, así como con empresas de energías renovables que operan en los sectores eólico e hidroeléctrico. Los abusos relacionados con las energías renovables y la extracción de minerales necesarios para la transición energética, como el cobre y el oro, suscitan serias preocupaciones sobre la transición hacia una energía limpia que respete los derechos humanos en Colombia. Como demuestran estos casos, una transición rápida solo será posible si también es justa: si los proyectos de extracción de minerales para la transición y de energías renovables ignoran los derechos humanos, generan abusos, desconfianza, retrasos y costes.  

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos invitó a todas las empresas a responder a las denuncias planteadas; sus respuestas y ausencias de respuesta están disponibles aquí. 

El documental completo se puede ver aquí (bajo embargo hasta el lunes 18 de agosto de 2025). 

Fabián León, Director del Programa de Colombia, Investigador y Representante del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, afirmó: “La reputación de Canadá en la escena mundial se basa en unos altos estándares de derechos humanos y en una acción climática progresista. Sin embargo, en Colombia – que el Gobierno canadiense describe como un «mercado atractivo» para industrias de alto riesgo para los derechos humanos, como la minería, la defensa y la seguridad, la agricultura y el petróleo – las comunidades afectadas por las operaciones de estas industrias denuncian una larga lista de abusos contra los derechos humanos. 

“Aunque Canadá se presenta ante el mundo como un referente en materia de altos estándares de derechos humanos, sus empresas en países como Colombia violan sistemáticamente los derechos, ya que más de 60 testimonios de personas y comunidades afectadas por empresas canadienses apuntan a abusos sistémicos de los derechos y a una falta de responsabilidad corporativa, lo que suscita preocupación sobre la complicidad del Gobierno canadiense, por acción y omisión, mientras sus empresas se benefician económicamente de los abusos de los derechos en otros países. 

“Estas comunidades y personas tienen mensajes claros para las empresas, los inversores y los funcionarios gubernamentales canadienses: piden que se reconozcan los derechos de las personas que viven junto a estos enormes proyectos extractivos; que se respeten las normas medioambientales establecidas; que las personas puedan plantear sus legítimas preocupaciones sobre los grandes proyectos de desarrollo en sus territorios sin temor a que las represalias les cuesten la vida. Se trata de demandas básicas de una de las mayores potencias económicas del mundo, que obtiene enormes beneficios operando en Colombia, uno de los lugares más peligrosos del planeta para alzar la voz contra el abuso corporativo.”

Entre las cuestiones y acusaciones clave que se plantean en el documental figuran las siguientes: 

Desprecio de los derechos de los pueblos indígenas (episodio 1):

“Algunos jóvenes acaban siendo reclutados por los grupos armados porque ya no tienen la opción de sobrevivir con los alimentos que produce la tierra”. — Oscar Buesaquillo, defensor, San Miguel de la Castellana. 

• La comunidad indígena Inga de Putumayo denuncia los daños medioambientales y la destrucción de lugares sagrados causados por las actividades de exploración sísmica de petróleo de Gran Tierra Energy, que comenzó a operar en la zona en 2012. 
• En La Guajira, una región conocida por los abusos relacionados con la minería del carbón desde la década de 1980, la comunidad indígena Wayúu vuelve a luchar por sus derechos ante los supuestos daños a los medios de vida de la comunidad y a los lugares sagrados, así como por la consulta previa inadecuada relacionada con los parques eólicos operados por Isagen, propiedad mayoritaria de la empresa canadiense Brookfield.

Daños medioambientales y abusos de los derechos laborales relacionados con la minería del cobre (episodio 2):

“Con la llegada de la empresa a esta zona, perdimos toda la vocación agrícola que tenía El Carmen de Atrato. Hoy en día nos encontramos en una situación en la que no tenemos alimentos.” – Ramón Cartagena, Mesa Social y Ambiental de El Carmen de Atrato

• Las comunidades locales que viven cerca de la mina de Libero Copper en Mocoa – que actualmente está llevando a cabo perforaciones exploratorias y podría convertirse en la mayor mina de cobre y el proyecto insignia de la empresa – expresan su profunda preocupación por los efectos de las perforaciones y la actividad minera en el frágil ecosistema, especialmente en las fuentes de agua, de uno de los territorios con mayor biodiversidad del mundo. 
• Las personas que viven cerca de la mina de cobre El Roble, en Chocó, explotada por Minera El Roble S.A., propiedad de Atico Mining, denuncian daños a sus medios de vida y al río Atrato, declarado sujeto de derechos en Colombia en 2016, en uno de los primeros ejemplos a nivel mundial de concesión de derechos a un ecosistema natural.  

Inundaciones y destrucción de zonas pesqueras y agrícolas relacionadas con la energía hidroeléctrica (episodio 3):

“Teníamos una vida proyectada. ¿Qué tenemos hoy? Nada.” – Cecilia Mantilla, habitante local 

• Las personas que viven cerca de la presa Hidrosogamoso, propiedad de Isagen (participada mayoritariamente por Brookfield), denuncian alteraciones en sus cultivos, inundaciones repentinas de sus tierras y un «ecocidio» que afecta a los peces de los que dependen las comunidades locales para su alimentación e ingresos.

Ataques contra defensores de los derechos humanos y riesgos para el acceso al agua relacionados con la minería de oro (episodio 4): 

“Las personas que defienden sus vidas, sus tierras y su territorio frente a las empresas son amenazadas, acosadas, demandadas e incluso asesinadas.” – Juan Espinosa, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos 

• Los residentes de la montañosa localidad de Falan, en Tolima, expresan su preocupación por el acceso al agua, ya que las empresas canadienses Miranda Gold, Baroyeca Gold & Silver y Outcrop Silver & Gold pretenden iniciar actividades de minería de oro. Gente que vive en la zona afirma que la empresa no le dio otra opción respecto a la minería de oro en la zona. 
• Personas que se han opuesto a la mina denuncian amenazas y agresiones. Johan Aguilar, un hombre de la localidad, fue asesinado en septiembre de 2023, solo un día después de que su padre, Wilder Aguilar, denunciara en una reunión pública las amenazas que había recibido por oponerse a la minería de oro. 
• En Antioquia, según se informa, se han perdido la pesca ancestral y las costumbres tradicionales, ya que la población ya no puede ganarse la vida debido al deterioro de los entornos pesqueros. Los habitantes denuncian daños medioambientales y contaminación por mercurio en la zona, donde Mineros S.A. – una empresa colombiana que cotiza en la bolsa de Toronto y cuenta con inversiones de Scotiabank – lleva varias décadas extrayendo oro.  

Reducción del espacio cívico y ataques contra las personas que se pronuncian en contra de la extracción de petróleo (episodio 5):

“Aquí no nos desplazaron los grupos paramilitares. Pero las empresas nos están desplazando.” - Fernando Rondón, habitante de Orocué 

• En Casanare, denuncian el abandono negligente del antiguo yacimiento petrolífero de Frontera Energy, que ha dejado pozos abiertos en el campo petrolero donde se han ahogado ganado y otros animales.  
• Las personas defensoras de derechos humanos también se enfrentan a demandas, violencia y ataques cuando se pronuncian en contra de la industria. En Casanare, Frontera Energy ha demandado a activistas locales que se han opuesto a sus actividades.
• Las comunidades de Yopal denuncian incidentes similares con el proyecto El Portón de Gran Tierra Energy: según se informa, la empresa ha procesado a personas defensoras de derechos humanos que protestaban pacíficamente contra el proyecto.
• Las personas defensoras piden al Gobierno canadiense que regule adecuadamente las acciones de las empresas canadienses en el extranjero y garantice que los activistas y las organizaciones colombianas puedan defender sus derechos de forma segura. 

Las entrevistas con los investigadores y las personas y comunidades afectadas que aparecen en el documental están disponibles previa solicitud. 

// ENDS

Notas para los/as editores/as:  

• El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) es una organización internacional que trabaja en la intersección entre las empresas y los derechos humanos. Con socios y aliados en todo el mundo, buscamos situar los derechos humanos en el centro de las empresas para lograr una economía justa, justicia climática y poner fin a los abusos. 
• Acerca de Expolio: Una serie documental que explora la incómoda brecha entre la imagen de Canadá y su impacto en el extranjero, y se pregunta qué sucede cuando se prioriza el lucro por encima de las personas. Aunque Canadá se presenta ante el mundo como un referente en materia de altos estándares de derechos humanos, sus empresas en países como Colombia violan sistemáticamente los derechos, como lo demuestran más de 60 testimonios de personas y comunidades afectadas por empresas canadienses que apuntan a violaciones sistémicas de los derechos y a la falta de rendición de cuentas por parte de las empresas. Vea el tráiler aquí.
• El documental se presenta en un momento en que grupos de derechos humanos de toda Colombia lanzan su campaña a favor de una nueva ley que regule las empresas irresponsables: El proyecto del siglo: justicia frente al poder empresarial. Once organizaciones, junto con el diputado Alirio Uribe, presentaron el 31 de julio un nuevo proyecto de ley que, si se aprueba, establecería disposiciones en materia de derechos humanos para las empresas y garantizaría el acceso a la justicia y mecanismos de reparación integral para los trabajadores y las comunidades afectados por los daños causados por las empresas. 
• Las entrevistas con los investigadores y las personas y comunidades afectadas que aparecen en el documental están disponibles previa solicitud.