Es imposible que la opinión pública disponga de un adecuado panorama de la OMC porque las negociaciones tienen lugar a puerta cerrada. No se permite que los sindicatos u otros grupos abocados a cuestiones de interés público, ni los parlamentos nacionales, participen en los procesos de la OMC donde se toman decisiones de crucial importancia. Esto hace que sea sumamente difícil llevar un control de las repercusiones sociales y medioambientales de los acuerdos comerciales, como por ejemplo, la manera en que los mismos afectan los derechos de los trabajadores, repercuten en las mujeres o interactúan con las distintas legislaciones nacionales relativas a medio ambiente.