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Artículo

11 May 2022

Autor:
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

Colombia: ONG lanza informe sobre la criminalización a personas defensoras de derechos humanos, incluyendo en contextos empresariales

CSPP

“Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia 2019-2 a 2021” – mayo de 2022

El periodo de tiempo estudiado en este informe comprende del segundo semestre de 2019 a noviembre de 2021 y hace parte de un grupo de publicaciones realizadas por la Fundación CSPP con el ánimo de demostrar la utilización del aparato de justicia con fines ilicititos, comúnmente ligados a intereses privados o a autoridades del Estado que recurren a la judicialización con el objetivo de acosar o desprestigiar la labor de defensores de derechos humanos. Dentro de esta colección se encuentran los informes “Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz” publicado en diciembre de 2019 y “Lo absurdo sobre lo obvio: criminalización histórica al reclamo y defensa de los derechos humanos en Antioquia” publicado en el 2020… Como se ha esbozado, la criminalización a la defensa de los derechos humanos se explica en un trasfondo caracterizado por la tendencia al alza del ejercicio de movilización social que se ha presentado desde el año 2019, la falta de implementación idónea del Acuerdo Final de Paz, la incomodidad gubernamental y de sectores privados con la labor que ejercen liderazgos ambientalistas, campesinos y rurales contra megaproyectos extractivos, la persistencia gubernamental para establecerlos… También fue posible reconocer que los liderazgos de carácter comunitario y rural que ejercen la defensa de derechos del ambiente y aquellos que se oponen a las políticas extractivas, en particular frente a la explotación minero-energética son otros sujetos que en este periodo fueron mayormente afectados por la criminalización en su contra. Y, un tercer grupo lo constituyen liderazgos tradicionales como emergentes de las protestas sociales... Pero también, se trata de judicializaciones que dan cuenta de la criminalización a quienes han liderado movilizaciones, recuperación, liberación y retoma de tierras, así como la oposición a la política minero-energética que ha avalado la realización de actividades de prospección, exploración y explotación de bienes naturales, a cargo de empresas transnacionales y nacionales de este sector...