El Estado ecuatoriano declaró el Estado de emergencia, primero en algunas provincias y luego, lo extendió a otras, con ocasión del llamado a una protesta nacional promovida por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE y respaldada por organizaciones sociales, sindicales y sectores de la ciudadanía. Piden, entre otras, reformas sociales para afrontar la crisis económica que dejó la pandemia, los altos costos de los productos básicos y los combustibles, así como medidas para detener actividades extractivas de minería y petróleo, por las afectaciones en los territorios, protegidos constitucionalmente por los derechos de la naturaleza. Organizaciones de derechos humanos, personas trabajadoras sindicalizadas piden se levanten las medidas de excepción.