Según el informe "Última línea de defensa", publicado por la organización Global Witness, en 2020 fueron asesinadas 277 personas defensoras del medio ambiente y del derecho a la tierra. Alrededor del 75% de estos casos (165) ocurrieron en América Latina y 226 en países del Sur Global.

Una vez más, Colombia encabeza la lista de los países más peligrosos para las personas defensoras de los derechos humanos, al haber registrado 65 asesinatos, seguida de México (30), Filipinas (29) y Brasil (20). Nicaragua, que documentó 12 casos, es el país con el mayor número de víctimas per capita. El informe también reveló un aumento de la violencia contra los indígenas y las mujeres, y destacó el impacto de la pandemia de Covid-19 en la subnotificación de casos y en el aumento de las vulnerabilidades de las poblaciones.

Alrededor del 30% de los asesinatos están relacionados con sectores de explotación de recursos a gran escala (agroindustria, minería, industria maderera, energía...). La explotación forestal fue la actividad con el mayor número de casos relacionados (23).

Según Global Witness, también es posible concluir que muchas empresas actúan en un modelo económico extractivo que prioriza el beneficio sobre la protección humana y medioambiental, siendo responsables de la actual crisis climática y perpetuando el asesinato de personas defensoras de los derechos humanos.