Durante la última década, el pueblo garífuna de Honduras, organizado principalmente a través de OFRANEH, ha denunciado una creciente presión sobre sus territorios ancestrales vinculada a proyectos turísticos, inmobiliarios, plantaciones de palma y otros intereses económicos. A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido los derechos territoriales de comunidades como Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan y ha ordenado al Estado hondureño adoptar medidas de protección y restitución, las comunidades denuncian que estas decisiones continúan sin cumplirse plenamente. En este contexto, quienes defienden el territorio han enfrentado amenazas, ataques, intimidación y criminalización; entre los episodios más graves se encuentra la desaparición de cuatro jóvenes garífunas de Triunfo de la Cruz en 2020. La presión volvió a intensificarse en 2024 con procesos de recuperación territorial y denuncias de intervención policial y violencia contra comunidades.

En 2025 y 2026, el conflicto incorporó nuevas dimensiones de estigmatización y discurso de odio, incluyendo denuncias de OFRANEH contra Corporación Televicentro y, más recientemente, contra un periodista por expresiones consideradas racistas. En 2026, la disputa se trasladó nuevamente al Poder Judicial a raíz de los procesos contra cinco defensores de San Juan, mientras OFRANEH mantiene el campamento “Viva Berta” frente al Poder Judicial y exige el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH. La organización también ha rechazado iniciativas de diálogo que considera insuficientes mientras continúen los procesos judiciales y el incumplimiento de las decisiones internacionales. En conjunto, los hechos documentados muestran un patrón prolongado de conflicto territorial, presión empresarial, violencia, criminalización, falta de acceso efectivo a la justicia y estigmatización, en el que la defensa del territorio ancestral continúa poniendo en riesgo a las comunidades y a quienes las representan.