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Artículo

21 Sep 2021

Autor(a):
Ana Zbona & Andrea Pelliconi, BHRRC

Entrevista con el defensor de derechos humanos Miguel Guimaraes, Presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU), Perú

Miguel Guimaraes

Miguel Guimaraes

¡Hola Miguel! Cuéntenos por favor de usted, de su comunidad y de su trabajo. ¿Qué defiende y de qué manera?

Miguel: Yo soy Miguel Guimaraes del pueblo indígena Shípibo-Konibo, de la comunidad Flor de Ucayali de la Amazonia de Perú. Mi nombre en Shipibo es Ranin Xeka. Soy defensor de los derechos colectivos, bosques y territorios, y al mismo tiempo soy Presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (FECONAU). Trabajo con 30 comunidades de tres pueblos indígenas de la Amazonía. Por la labor que realizo a favor de mi pueblo, han querido callarme y también asesinarme, pero sigo luchando por mi pueblo, defendiendo lo que -para nosotros- es nuestra vida. Nosotros tenemos una relación espiritual con la naturaleza. Para nosotros eso es sumamente importante ya que de eso depende nuestras futuras generaciones. Siempre he luchado por mi pueblo desde joven, y lo seguiré haciendo hasta lo último.

Ha planteado su preocupación por el impacto medioambiental y sobre los derechos humanos de una empresa de aceite de palma. ¿Cómo ha afectado la empresa los derechos de su comunidad?

Miguel: He venido denunciando la actitud del estado peruano, que persiste en aplicar políticas públicas que propician la promoción y expansión de agronegocios en la Amazonia peruana, particularmente las plantaciones de monocultivo de palma aceitera. En complicidad con una empresa de aceite de palma, se ha destruido y despojado de nuestros territorios donde hemos habitamos milenariamente.

¿Los compradores de la empresa se han comprometido con ustedes o han intentado comprender la situación? ¿Han tomado alguna medida para mejorarla?

Miguel: La empresa no ha respetado los derechos colectivos de la comunidad Santa Clara de Uchunya, una comunidad que vive en constante amenaza por parte de los trabajadores de la empresa. Ha contaminado nuestras aguas, ha destruido nuestros recursos, nuestros animales han sido quemados vivos, y hasta ahora seguimos sin justicia.

Recientemente, los ataques contra los líderes de su comunidad han empeorado. ¿Puede decirnos algo más sobre lo que ha sucedido? ¿Cree que son una represalia por su trabajo?

Miguel: Los defensores, hemos recibido amenazas no solo de palabra. En algunos casos hemos sido perseguidos y disparados con arma de frente al cuerpo.

A pesar de las denuncias que hacemos las autoridades no toman en cuenta eso, lo que hace más difícil nuestra situación. Las autoridades son indiferentes a la situación difícil que nos toca enfrentar, cambiando de casa cada semana para no ser asesinados.
Miguel Guimaraes

Hay narcotraficantes que operan en la zona y están tratando de apoderarse de sus tierras. ¿Cómo afecta esto a su situación de seguridad?

Miguel: Las actividades ilícitas, como el narcotráfico, están invadiendo nuestros territorios, y por las denuncias que hacemos ante las autoridades estamos siendo perseguidos, amenazados, y en algunos casos asesinados – por el único hecho de defender nuestros bosques que es nuestra única fuente de vida. Flor de Ucayali, Santa Clara de Uchunya y otras comunidades continúan siendo amenazados por el narcotráfico y la tala ilegal de madera. Somos presos en nuestro propio territorio. No podemos caminar libremente, vivimos en una situación muy difícil

Ustedes han emprendido acciones para una protección colectiva de su territorio y su gente: ¿Puede contarnos cómo funciona esta protección colectiva?

Miguel: A pesar de esta situación difícil, hacemos trabajo de monitoreo de nuestros territorios de manera colectiva, patrullajes en la zona, trabajo de linderamiento, agricultura orgánica, hacemos una guardia indígena en las noches, y utilizamos nuestros conocimientos ancestrales para que las personas de mal vivir no pueden acercarse a la zona. Utilizamos el piripiri y la ayawaska, que alejan a los enemigos.

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Recientemente ha iniciado una campaña para construir una "maloka": ¿Puede hablarnos de esta campaña, por qué es importante y por qué nuestro público debería apoyarla?

Miguel: El objetivo de la campaña es recaudar fondos para construir una maloka que sirva de refugio para garantizar la protección y seguridad de los líderes defensores y liderezas defensoras de la primera línea, que día a día enfrentan situaciones de riesgo. Queremos construir un ambiente seguro para continuar sus labores de incidencia, para lograr la protección territorial y acceso a la justicia.

Están trabajando estrechamente con otras comunidades indígenas de Perú y con otras organizaciones de todo el mundo: ¿Cuál es la visión de futuro de FECONAU? ¿Cómo les gustaría que cambiara el mundo?

Miguel: Trabajamos de manera orgánica y representamos una estructura orgánica del movimiento indígena. Trabajamos como base local con la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (FECONAU), afiliada a nuestra organización regional Asociación Interétnica de Desarrollo de Ucayali (AIDESEP-UCAYALI), a su vez afiliada a AIDESEP nacional. A su vez, AIDESEP está afiliada a la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). Queremos una sociedad más justa, sin discriminación, y con respeto a la naturaleza.

Protejamos a los guardianes de la Amazonía: Un refugio para los defensores indígenas

La Federación de Comunidades Nativas del río Ucayali (FECONAU), una de las federaciones más antiguas de la Amazonía peruana, representa a más de 30 comunidades pertenecientes a los pueblos indígenas Shipibo-Konibo, Asháninka, Isconahua y Awajúm, y protege los derechos de estos pueblos y sus territorios ancestrales, que luchan día a día tratando de contener actividades extractivas ilegales como el narcotráfico, la tala ilegal de madera y la invasión de tierras. FECONAU necesita de tu ayuda para recaudar un total de 150,000 soles peruanos (aproximadamente 36,400 USD) y poder así construir una Maloka, un refugio donde líderes indígenas puedan sentirse protegidos y que sirva también como espacio para que sean capacitados en protocolos y mecanismos de seguridad y que puedan continuar con su labor sin temor a represalias.