En marzo de 2021, la Unión Europea aprobó una ley de diligencia debida que se aplicará a sus empresas que operan en la Unión Europea, así como a la supervisión de sus empresas que operan fuera de sus fronteras y exigir a las empresas que, de manera continua, identifiquen, evalúen, prevengan, comuniquen y corrijan los impactos potenciales o reales en los derechos humanos . La sociedad civil de numerosos países del sur global ha hecho comentarios y recomendaciones sobre esta legislación histórica.