El pasado 22 de noviembre, López Obrador, presidente de México, publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación clasificando megaproyectos del gobierno como obras de interés público y seguridad nacional. Muchos de eses proyectos, entretanto, como un nuevo aeropuerto en Ciudad de México, el Tren Maya y una refinería en el estado de Tabascos, son objeto de demandas judiciales, principalmente de comunidades potencialmente afectas por ellos.

Críticos del decreto afirman que se trata de una maniobra gubernamental para blindar las obras de la justicia, garantiendo su continuidad y poniendo fin en interrupciones que las están impidiendo en el momento.

Varias organizaciones manifestaron su descontento con la medida. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lo rechazó, afirmando que “el acuerdo no está debidamente fundamentado ni motivado, además de que excede la ley en la definición de seguridad nacional, es violatorio de diversas leyes e invade las facultades del Poder Legislativo”. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) calificó la acción como “preocupante” . José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch declaró que el presidente de México “cree estar por encima de la ley”. El CEMDA expuso que la medida "pone en riesgo el cumplimiento de derechos humanos y principios jurídicos reconocidos en la Constitución Política y los tratados internacionales, ambientales y de derechos humanos".