El 23 de septiembre de 2021, la OCDE lanzó su Estudio sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable (CER) de México, que busca fomentar el papel del Gobierno de México en la promoción de prácticas empresariales que maximizan la contribución de las empresas al desarrollo sostenible, haciendo un llamado claro desde la política pública para identificar, prevenir y mitigar los impactos adversos que sus actividades, cadenas de suministro o relaciones comerciales pueden causar, o contribuir a causar, sobre las personas, el planeta y la sociedad.

El evento de lanzamiento brindó la ocasión de presentar los principales hallazgos y recomendaciones del informe y reunir además las opiniones de asociaciones empresariales, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, y pueblos indígenas mexicanos sobre éstos, representadas en las voces de:

• Diana Figueroa Prado, Representante e Investigadora para México, Centroamérica y el Caribe, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH)
• Elena Arango, Codirectora Ejecutiva, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
• Julio Treviño, Director Ejecutivo, Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
• Leonor Quiroz, Presidenta de la Comisión Nacional de Ética e Integridad, Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)
• Sara López, Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil

Ver aquí las intervenciones de las partes interesadas.

El evento fue inaugurado por palabras de alto nivel de Gautier Mignot, Embajador y Jefe de la Delegación de la Unión Europea en México, quien resaltó que al ser el país un destino muy atractivo para la inversión extranjera directa y tener una alta dependencia al comercio exterior, es muy importante para el país incrementar y fortalecer la implementación de los estándares de conducta empresarial responsable para atraer inversiones de calidad y asegurar continuidad al mercado para sus productos.

Por su parte Allan Jorgensen, Jefe del Centro de la OCDE para la Conducta Empresarial Responsable, destacó que la CER puede ser usada como una herramienta política para asegurarse que los mercados abiertos sean eficientes justos y sustentables, destacando además que en 1994, México fue el primer país de América Latina en acceder y adherir a la guía de la OCDE.

Por parte del Gobierno mexicano intervinieron igualmente:

• Enrique Irazoque Palazuelos, Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Secretaría de Gobernación
• Ana Paula Lavalle, Coordinadora de Pactos Internacionales de Derechos Humanos, Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, Secretaría de Relaciones Exteriores
• Mónica Duhem Delgado, Titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global, Secretaría de Economía

Posteriormente, se presentaron los principales hallazgos y recomendaciones del Estudio por parte del Centro de la OCDE para la CER con Jorge Gálvez Méndez, Mánager (E) para América Latina y el Caribe, y Marie Bouchard, Analista de Políticas para América Latina y el Caribe.

Finalmente, se desarrolló un panel de conversación moderado por Germán Zarama, Punto Focal para ALC del Centro de la OCDE, compuesto por los siguientes panelistas discutió las oportunidades y desafíos para promover la CER y el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas en México, con énfasis en la eventual elaboración de un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos por el Gobierno.

• Guillermo Fernández Maldonado, Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNDUH)
• Pedro Américo Furtado de Oliveira, Director de la Oficina de País para México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
• José Luis Calderón, Titular de la Dirección de Política Pública de Derechos Humanos, Secretaría de Gobernación
• Karla Minutti Pérez, Coordinadora en la Unidad de Inteligencia Económica Global, Punto Nacional de Contacto de México para la Conducta Empresarial Responsable, Secretaría de Economía
• Humberto Cantú, Profesor Titular de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey y Director Ejecutivo del Instituto de Derechos Humanos y Empresas (IDHE)