Ciudad de México, 17 de marzo de 2021 - Un nuevo estudio desarrollado por el Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Monterrey, y coauspiciada por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) y Oxfam México, arroja luz sobre cómo pueden las empresas cumplir con su responsabilidad y obligaciones en el ámbito de los derechos humanos en México.

La investigación analiza cómo se han ajustado los procesos de ‘compliance’ corporativo (cumplimiento de la ley) al marco legal anticorrupción, y cómo podrían adecuarse para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones en derechos humanos. Aunque enfrentan retos concretos, en la medida en que empresas incorporen la debida diligencia en sus procesos de planeación y prevención de riesgo pueden sentar bases para asegurar que la conducta empresarial respeta derechos humanos, y adoptar buenas prácticas que les permitan prevenir y mitigar las afectaciones generadas como resultado de sus actividades.

Financiado por el Fondo del Proyecto “Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC)”, y elaborado por el Dr. Humberto Cantú Rivera y la Mtra. Laura Esparza García, el estudio se publica en un complejo entorno político y económico, en el que las respuestas gubernamentales y de empresas a la pandemia del Covid-19 tendrán impacto considerable y en el que las medidas voluntarias adoptadas por las empresas para mejorar su desempeño en derechos humanos han sido significativamente insuficientes hasta ahora.

Proyectos como el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos, los conflictos en los sectores de energía renovable y minería, y múltiples casos de denuncias por irregularidades en procesos de consulta indígena y ciudadana son ejemplos de la importancia de considerar los efectos de la actividad empresarial sobre los derechos humanos. La posibilidad latente de corrupción, enriquecimiento ilícito y “captura corporativa” hacen relevante el estudio, que da pistas sobre los mecanismos con que operan empresas en zonas con una gobernanza débil, así como las formas de robustecer sus procesos de compliance y debida diligencia con mecanismos de participación y diálogo con sociedad civil, trabajadoras y comunidades impactadas por proyectos empresariales.

Contribuciones del estudio

La publicación aporta herramientas para que el sector privado pueda contribuir al Programa Nacional de Derechos Humanos (2020-2024), en particular la estrategia prioritaria 3.6, que define entre sus acciones puntuales “impulsar la debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y reparar impactos adversos generados por la actividad empresarial pública, privada o mixta, y para propiciar la transparencia y rendición de cuentas en las cadenas de valor”. Entre esas herramientas destacan la adopción de una política empresarial específica, la evaluación de impactos reales y potenciales, el desarrollo de procesos que permitan actuar con diligencia y medidas para aumentar la transparencia, la participación efectiva y la rendición de cuentas.

El estudio explora cómo los procesos de compliance de las empresas se ajustaron al marco legal anticorrupción hace dos décadas, y propone que hoy día se están desarrollando de forma similar, alrededor del concepto de debida diligencia en derechos humanos. Esto en el marco internacional de obligaciones de las empresas sobre los derechos humanos, conformado por los estándares desarrollados por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Diana Figueroa, Representante para México, Centroamérica y el Caribe del CIEDH, afirmó que “estamos ante un cambio de paradigma en el que la responsabilidad social empresarial y el compliance deben dar un salto. Ahora las empresas deben prevenir, mitigar y reparar impactos sobre los derechos humanos a través de procesos de debida diligencia. Aunque las empresas están acostumbradas a evaluar riesgos para sí mismas, respetar los derechos humanos significa que deben centrarse en los riesgos para las personas y grupos afectados por sus actividades”.

Alexandra Haas, Directora Ejecutiva de Oxfam México, hizo énfasis en que “no se trata solamente de ‘cumplir la ley’, sino de generar condiciones para alinear el comportamiento de las empresas con el respeto de los derechos humanos. Las empresas pueden adelantarse al despliegue normativo y desarrollar buenas prácticas, construir procesos robustos de diálogo con sus trabajadores, con las comunidades a las que sirven y los marcos legales en los que se desenvuelven”.

El estudio se presentará en el foro “Debida diligencia en derechos humanos en México: de la discusión a la acción” que contará con la participación de la sociedad civil, el sector privado, la academia, las personas trabajadoras, comunidades afectadas, sindicatos y representantes del Grupo de Trabajo, la OACNUDH, la OIT y la OCDE. Las participantes discutirán cómo implementar procesos de debida diligencia en México y establecer reglas para promover mayor certeza jurídica, acceso a la justicia y mecanismos para prevenir, proteger y reparar a las personas y comunidades afectadas por la actividad empresarial.

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Contactos de prensa:

Diana Figueroa Prado Representante para México, Centroamérica y el Caribe. Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Teléfono: +52 1 55 4354 5946. Email: [email protected]

Jorge Romero León Director de programas, Oxfam México. Teléfono: +52 1 55 8107 1533. Email: [email protected]

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