Tratado Vinculante de la ONU: Red-DESC llama a adoptar un tratado sólido para salvaguardar la capacidad de los gobiernos de actuar en favor del interés público frente a la creciente captura corporativa
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“No hay democracia si no se ponen reglas al poder corporativo”, 2 de junio de 2026
En la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en Barcelona, Pedro Sánchez impulsó un acercamiento entre líderes como Lula da Silva, Claudia Sheinbaum para articular un frente progresista en defensa del multilateralismo y la democracia ante el avance global de la extrema derecha y el regreso de Donald Trump al poder…
Pero existe otra amenaza creciente para la capacidad de los gobiernos de actuar en favor del interés público: la creciente captura corporativa de gobiernos, instituciones internacionales y espacios multilaterales de negociación.
Las corporaciones y las élites económicas ya no se limitan a influir en los mercados. También moldean los gobiernos, las políticas públicas y las negociaciones internacionales…
Las consecuencias de esas alianzas entre gobiernos autoritarios y poder corporativo no son abstractas…
El último informe del Business & Human Rights Resource Centre documentó 790 ataques contra personas defensoras de derechos humanos vinculados a conflictos con actividades empresariales solo en 2025, la cifra más alta registrada desde 2020…
Precisamente por ello, una de las negociaciones internacionales más importantes y menos conocidas de nuestro tiempo importa mucho más allá de los círculos diplomáticos: el tratado vinculante de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos…
La última ronda de reuniones celebrada la semana pasada en Ginebra, antes de la sesión oficial de octubre, mostró que las negociaciones han entrado en una fase decisiva. Pero también evidenciaron que las propias negociaciones se han convertido en un campo de disputa sobre el futuro del multilateralismo. Organizaciones sociales denuncian desde hace años que grupos empresariales intentan sustituir obligaciones vinculantes por enfoques voluntarios que se ha comprobado que no funcionan…
Pero un texto robusto podría fortalecer la justicia transfronteriza y el acceso a la justicia de comunidades afectadas, proteger a defensores ambientales y a comunidades enteras, y limitar la capacidad de las corporaciones para capturar las políticas públicas…
La pregunta ya no es si necesitamos reglas globales para las corporaciones. La pregunta es si los gobiernos todavía tienen el coraje político para imponérselas.