Detrás del caso 30-2019-0V-00180 asoma una mordaza multimillonaria que se cierne sobre el activismo ecologista. Una demanda por 300 millones de dólares amenaza con hundir a Greenpeace-EEUU y succionar el movimiento de protesta ambiental. La constructora de oleoductos Energy Transfer persigue a la organización en los tribunales desde hace ocho años por unas protestas contra uno de sus proyectos en Dakota del Norte hasta haber conseguido sentarla en el banquillo. Este lunes comienza el juicio. “El resultado definirá los límites del poder corporativo y la posibilidad de la sociedad para resistirlo”, vaticinan juristas y politólogos…

“Este caso es un disparo de advertencia a todos los grupos de protesta, no solo los ecologistas”, analiza para elDiario.es la profesora de la facultad de Derecho en la Universidad Barry, Nadia Ahmad...

“Energy Transfer está intentando dar ejemplo con Greenpeace. Lanzar el mensaje: si te enfrentas a las infracciones de una empresa afrontarás consecuencias graves. Se trata de un caso de libro de SLAPP”...

La empresa por su parte insiste en que su demanda contra Greenpeace “no trata sobre la libertad de expresión, sino sobre saltarse la ley. Cuando el derecho de protesta no se hace de acuerdo con la ley tenemos un sistema legal para solventarlo” defiende. Y considera que la ONG “busca eludir las consecuencias de sus actos ilegales”…

En 2016 Greenpeace apoyó las protestas que una tribu sioux llevó a cabo contra la construcción de un oleoducto denominado Dakota Access Pipe Line o DAPL en lo que consideraban parte de sus tierras. Sostenían que el tubo iba a contaminar el agua, iba a contribuir a quemar más combustibles fósiles y que invadía su reserva. La campaña derivó en un campamento multitudinario durante ocho meses en el que se congregaron miles de personas hasta ser desalojados por las fuerzas policiales en febrero de 2017…